REACCION
OPORTUNA
Por Rodrigo Huerta
Pegueros*
El
gobernador Ángel Aguirre Rivero actuó con firmeza y oportunidad al ordenar el
cese del procurador general de justicia del estado, Alberto López Rosas y del
secretario de seguridad pública estatal, Ramón Almonte Borja, por ser los
directamente responsables de los hechos sucedidos el pasado lunes al mediodía
en Chilpancingo donde dos estudiantes de la normal ‘Isidro Burgos’ de
Ayotzinapa fueron asesinados y otros más resultaron heridos al ser objeto de un
desalojo por parte de las policías preventiva estatal, ministeriales y de la
federal preventiva.
Desde
hace muchos lustros, los normalistas de Ayotzinapa han realizado un sinnúmero
de actos de protesta para exigir que las autoridades estatales atiendas sus
peticiones básicas y las demandas de espacios donde ejercer su magisterio. Esto
ha sido la constante y nunca antes se había suscitado un hecho de sangre de
esta magnitud, particularmente cuando los manifestantes no parecían actuar de
manera violenta o realizar ataques a terceros o a las vías de comunicación.
Los
procedimientos policiales para estos casos están debidamente especificados y
por lo tanto no hay argumento alguno válido para atentar contra la vida de
quienes exigen que se les cumplan con compromisos contraídos con anterioridad.
La tolerancia en estos hechos debe provenir de las autoridades y por ello se
debe actuar con prudencia, sigilo y cautela. Los tiempos de reprimir a los
protestantes parecía que era cosa del pasado cuando gobernaban los autoritarios
y los bárbaros.
Lamentable
ha sido lo sucedido. Dos jóvenes normalistas que han caído por la brutalidad de
quienes activaron las armas en su contra. Lo que ahora se debe determinar, es
que si los policías, cualquiera que haya sido, actuó motu proprio o atendió
alguna consigna de sus superiores inmediatos. De ser así, se deberá proceder no
solo en contra del asesino de estudiantes sino de quien prohijó que estos
hechos volvieran a suceder en una entidad que no termina de restañar sus
heridas abiertas durante la ya lejana guerra sucia de los años setentas.
La
respuesta del gobernador Aguirre a lo sucedido es más que oportuna. No ha
dejado que esto llegue mas allá de donde debe ubicarse la investigación que es
el ámbito policiaco y ministerial. Los dos titulares de las dependencias que
tienen responsabilidad directa han sido ya hechos a un lado para que respondan
a cualquier involucramiento en donde aparezcan sus nombres.
Lo
que debemos desentrañar en este caso específico es porqué se asesinaron a los
estudiantes de Ayotzinapa. Qué se pretendía con promover mayor inestabilidad
política en el estado. Quiénes decidieron activar las armas asesinas y si esto
fue un complot en contra del propio gobernador o simplemente fue una
irresponsabilidad que tiene consecuencias incalculables, particularmente cuando
estamos en pleno proceso electoral.
Y
en este sentido, pues simple y llanamente podemos decir que las aspiraciones
políticas de los dos titulares cesados de sus funciones como procurador general
de justicia del estado y secretario de seguridad pública estatal han quedado
por el momento canceladas hasta que se concluya con la investigación y se
deslinden responsabilidades y castigue a los culpables.
Pero
sin apartarnos del tema principal, tenernos que hurgar también en otros ámbitos
de la administración estatal, para saber hasta que punto el secretario general
de gobierno estatal, Humberto Salgado Gómez tiene responsabilidad en los
hechos, ya sea por omisión, pues según las crónicas periodísticas, los
normalistas de Ayotzinapa estaban protestando porque se les había cancelado
una, otra y otra vez la audiencia que se les había ofrecido con el gobernador
del estado, Ángel Aguirre Rivero. Esta situación solo se puede develar si el
propio funcionario declara al respecto, pues al parecer por cuestiones de
índole político-electoral, el funcionario desatendió sus responsabilidades y
esto propició todo este desaguisado.
Hoy
el ciudadano está atento a lo que ocurre a su alrededor y participa cuando ve
que la lumbre le llega a los aparejos. En este caso, si bien es cierto que lo
vemos como un asunto de irresponsabilidad criminal por parte de algunos
funcionarios del gobierno estatal, no podemos despegar la vista de lo que haga
o deje de hacer el jefe del poder ejecutivo en el estado, ya que de ello
dependerá lo que pueda suceder en el futuro contra los que se expresen o
manifiesten para demandar no solo cuestiones materiales sino de justicia y
legalidad. ‘’No solo de pan vive el hombre’’ se destaca en una frase ya célebre
y que algunos gobernantes han olvidado. Lo material no es todo. El humanismo y
particularmente la fraternidad es la que debería prevalecer en el ejercicio del
poder.
Periodista y Analista
Político*