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| MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN |
Antes de madurar, las instituciones creadas con el fin de
consolidar la democracia y el acceso a la información pública ingresaron en ese
escenario pantanoso de la crisis de credibilidad derivada de conflictos entre
partidos políticos e intereses personales.
Para nadie es un secreto que los nueve consejeros del
Instituto Federal Electoral (IFE) y los cinco comisionados del Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) cuya reforma
que se procesa en el Congreso de la Unión pretende aumentar a siete, son
producto de negociaciones entre los altos mandos y operadores de las
principales fuerzas políticas del país representadas en el Congreso de la
Unión.
El caso del doctor Sergio García Ramírez, renunciante consejero
electoral del IFE cuya carrera política ha corrido entre la academia, el PRI y
el sector público, muestra cómo se puede negociar un cargo de supuesta
imparcialidad política para servir, precisamente, a un fin político.
Priista de toda la vida, aspirante a la Presidencia de la
República y, entre otros cargos, procurador General de la República en los
tiempos de la renovación moral de la sociedad con Miguel de la Madrid, García
Ramírez atendió a una invitación del, en esos días de 2011 presidente de la
Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, perredista Armando
Ríos Piter, quien demostró que juventud no riñe con experiencia.
¡Ah!, el doctor García Ramírez, en esa carta dirigida al
consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, y hecha pública la semana
pasada, completó en diciembre de 2011 la terna necesaria para cubrir, después
de 14 meses, el boquete de consejeros junto con María Marván y Lorenzo Córdova.
Este año debe ser renovado parte del Consejo General del
IFE. Y en el IFAI, junto con la reforma constitucional que lo dotará de mayores
atribuciones, se pretende renunciar a los cinco comisionados a causa del
escándalo provocado por la rabieta del comisionado Ángel Trinidad Saldívar.
¿A quién busca sorprender el senador perredista Miguel
Barbosa Huerta? Diputado federal del PRD en 2002 cuando se creó el IFAI
dejándose a partidos políticos y sindicatos sin obligación de transparentar su
información, aboga por no permitir lo que en 2002 no objetó: la imposición de cuotas
políticas en la ratificación de consejeros electorales y comisionados. Sería lo
óptimo.
Pero lograr consensos implica reparto de cuotas partidistas
en el Congreso de la Unión. Unos ejemplos: Gerardo Laveaga, calderonista;
Santiago Creel se alzó en 1994 como consejero ciudadano sin partido, pues; Jaime
Cárdenas Gracia, consejero echado en brazos del PT; Juan Molinar, panista. Y,
bueno ahora el doctor García Ramírez, de ascendencia priista invitado por el
PRD. ¿Demócratas y transparentes? ¡Ajá! Conste.
