Según el INEGI en Guerrero
no hay tanta corrupción como en otros estados del país. Pero no se alegre. Si
bien el 10.32 por ciento de los guerrerenses han sido víctimas directas de
algún acto de corrupción de parte de funcionarios menores, es un cáncer que afecta
a todos. Más cuando son los gobernantes quienes incurren en estas situaciones.
La Encuesta Nacional de
Calidad e Impacto Gubernamental solamente hace referencia a experiencias de
corrupción en materia de servicios públicos, es decir, la de los funcionarios
menores, y no a los grandes saqueos al erario por parte de los más poderosos.
Aunque el desvío de 286
millones de pesos en la administración de Ángel Aguirre por el que fueron
encarcelados algunos de sus colaboradores cercanos supera por ejemplo, a los
104 millones por los que en 2011 fue encarcelado el ex gobernador de Chiapas
Pablo Salazar Mendiguchia; o a los 7.7 millones por los que fue acusado de
defraudación fiscal el ex mandatario de Aguascalientes Luis Armando Reynoso
Femat.
Pero tampoco es el más
cuantioso si se le compara con los 989 millones que se le imputaron a Andrés Granier en Tabasco cuando lo
detuvieron en junio de 2013.
¿Sí tenemos corrupción
pero nomás tantita? Para nada. Es solamente que no hay manera de medirla en su
real dimensión ante factores permanentes como sin las complicidades y la
impunidad.
Por ejemplo, en el periodo
de René Juárez Cisneros una auditoría al Plan de Previsión Social arrojó un
desvío de más de mil 600 millones de pesos en la Secretaría de Educación, que
supera con creces a todos los casos anteriores; y en el periodo de Zeferino
Torreblanca la Contraloría observó irregularidades por mil 38 millones en la
eterna construcción de un edificio inteligente en Acapulco.
¿Qué sucede? Que hay
políticos a los que podemos señalar de corruptos, pero no de tontos, y entre
padrinazgos, negociaciones políticas y vericuetos legales, hallan la forma de
cruzar el pantano ¿sin mancharse? Lo dudo. ¡Pero lo cruzan sin problemas!
De ahí que exista
inconformidad porque el Congreso decidió a nivel federal desvirtuar la dichosa
ley anticorrupción que impulsaba la Coparmex y permitir que los políticos hagan
una versión light de sus bienes para compartir al público. Es decir, para que
informen lo que quieran y no la cuantiosa realidad de sus fortunas hechas al
calor del acogedor presupuesto.
La corrupción de altos
niveles no se compara con la que midió el INEGI. Cuando un gobernador es
corrupto afecta al total de la población. De ahí que no me resulta muy
relevante que Guerrero esté por debajo de la media nacional en corrupción con
14 mil 810 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes, por debajo de
Morelos que tiene 29 mil, o Sonora con 33 mil.
Pero, si tomamos en cuenta
que en 2015 el propio INEGI contabilizó una población de 3 millones 388 mil 768
habitantes, la cifra cobra relevancia, pues nos indica que se cometieron más de
medio millón de actos de corrupción en el tema de servicios públicos el año
pasado.
Las víctimas de corrupción
que el INEGI tasa en 10 mil 352 por cada 100 mil, son en realidad 350 mil
personas, lo que habla de recurrencia.
A nivel nacional la mayor
prevalencia en actos de corrupción que afectan a los ciudadanos, son en el
contacto con autoridades de seguridad pública, en trámites ante el ministerio
público, juzgados o tribunales. Coincidentemente, es la seguridad pública el
tema que más preocupa en el país, y en el estado, y donde más se debe combatir.
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