Lo intentaron, pero no pudieron.
Quienes están detrás de
Adela Hernández, líder del Suspeg, y de Guille, la lideresa de la sección XXXI
de los administrativos de Bachilleres, no podrán decir que no le echaron todo
el fuuuuaaa para poner de rodillas a la gobernadora y obligarla a despedir al
director de esta institución educativa, Jesús Villanueva Vega.
No pudieron y era de
esperarse.
Lo que iniciaron como una
defensa laboral en realidad era un acto político encaminado a doblegar a la
gobernadora para que dejara pasar las posibles irregularidades del director
anterior.
Sus asesores se equivocaron
y dejaron que se exhibieran defendiendo lo indefendible: Posibles actos de
corrupción.
Los compromisos de Adela
Hernández deben ser muy grandes con algunos personajes del sexenio anterior
como para salir a participar en los bloqueos y encabezar las negociaciones con
los actuales funcionarios.
Hoy sabemos que Fermín
Alvarado está metido en el hoyo que creo en la dependencia que manejó como si
fuera de su propiedad.
La auditoría arrojó 17
observaciones y estás representan un monto de mil 300 millones de pesos,
durante el tiempo que el funcionario estuvo al frente de este “negocio”.
Ya el Contralor anunció que
Fermín Alvarado será inhabilitado y que las irregularidades serán presentadas
ante la Fiscalía General del Estado.
Resulta increíble el abuso
de algunas personas, que al estar frente de una dependencia sus manejos se
vuelven arbitrarios como si de su propiedad se tratara.
El secretario de Controlaría
y Transparencia Gubernamental, Eduardo Loria Casanova, informó que dentro del
programa permanente de combate a la corrupción, instruido por la gobernadora
Evelyn Salgado Pineda, se realizó una auditoria a la OPD Colegio de Bachilleres
del Estado de Guerrero, encontrando 17 observaciones que suman un monto
aproximado de mil 300 millones de pesos en los ejercicios 2018, 2019, 2020 y
2021 cuyo titular era Fermín Gerardo
Alvarado Arroyo.
Detalló que encontraron la
falta de pago de impuestos y prestaciones sociales por 813 millones de pesos,
140 plazas no autorizadas por 120 millones de pesos.
Bueno, resulta que no son
87, sino 140 plazas, asignadas arbitrariamente, sin techo presupuestal y sin
justificación alguna, cómo también lo señaló Villanueva Vega.
Si eso no era suficiente,
también se despachó con la cuchara pozolera al asignar bases y
recategorizaciones no autorizadas e improcedentes por 108 millones de pesos, y
también 87 basificaciones.
Loria Casanova señala que a
la fecha se han encontrado con 15 personas con parentesco, de las cuales siete
son familiares directos del ex Director, así como pagos indebidos realizados a
una empresa por 20 millones de pesos, entre otras.
Mucho tendrá que explicar
Fermín Alvarado del manejo de estos
recursos y del por qué no pagó los impuestos descontados a los trabajadores.
La verdad es que este tipo
de escándalos ya no causan asombro tratándose de Fermín Alvarado, pues en los
casos donde ha sido funcionario ha salido con señalamientos en su contra por el
manejo de recursos.
