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BRUTALIDAD EN GUERRERO |
Editorial EL UNIVERSAL
De
nuevo una manifestación termina con fallecidos en el estado de
Guerrero, como sucedió en los años 60, en épocas previas a las
guerrillas de los profesores Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, y en los
80, en el vado de Aguas Blancas. Esta vez las víctimas fueron dos
estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que bloqueaban la autopista
México-Acapulco. Son hechos que urge aclarar.
En
las primeras horas posteriores a los asesinatos, el gobierno de
Guerrero evidenció su falta de profesionalismo al asegurar que sus
agentes habían acudido sin armas a desalojar a los manifestantes. El
procurador se apresuró incluso a deslindar a las autoridades estatales
al decir que las víctimas presentaban impactos de armas diferentes a las
usadas por las corporaciones locales. Justificó los hechos al decir que
la protesta era “atípica” por ser día inhábil y que en el lugar hubo
presencia de “grupos” que buscaban desestabilizar Guerrero. Exactamente
los mismos argumentos de quienes agredieron a los manifestantes de
décadas anteriores.
Al
saberse que los elementos sí portaban armas, el gobernador Ángel
Aguirre separó de sus cargos al secretario de Seguridad Pública estatal y
al procurador. Los cambios, si bien lógicos, no deberán ser las únicas
medidas a tomar. Urge determinar quiénes fueron los responsables
materiales e intelectuales de la muerte de los normalistas. Si todo fue
producto de la torpeza de los agentes o un hecho premeditado y con dolo
ordenado por alguna autoridad, estatal o federal, para detener “como
fuera” a los inconformes.
Los
disparos en cabeza y cuello a los normalistas revela que el objetivo no
era siquiera dispersar a los protestantes, como se dijo, sino
atacarlos.
La
brutalidad de eventos como éste mancha la credibilidad del uso legítimo
de la fuerza por parte del Estado, tan necesario en estos tiempos de
violencia y crimen, en el que los enemigos no son quienes protestan por
sus condiciones sociales.
Si
todo se reduce a un pésimo manejo de crisis antimotín —lo que no
excluye de responsabilidad a los que dispararon— estaríamos ante la
prueba de la falta de capacitación de corporaciones, estatales o
federales, incapaces de tener protocolos de actuación apegados a los
derechos humanos.
Tanto
el gobierno federal como el de Guerrero le deben a los guerrerenses y
al país una explicación creíble y contundente de lo que pasó el lunes en
Chilpancingo, para que haya un deslinde justo de responsabilidades, sin
“chivos expiatorios” ni culpables inventados. También tendrán que
explicar lo que harán para que el lamentable episodio del lunes no se
vuelva a repetir en ninguna parte del país, por muy agresivos que sean
los manifestantes.