Con
la designación de candidatos a modo en los 28 distritos electorales locales,
así como la disposición discrecional de las primeras posiciones plurinominales
en el Congreso, además de similares decisiones en los municipios más
importantes de Guerrero, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) arribó a
un punto de quiebre que lo sitúa peligrosamente al borde de la extinción.
Con
la entrega de candidaturas perredistas a socios, amigos, empleados y parientes, el grupo que ostenta formalmente
la dirigencia nacional y estatal del PRD
terminó por hundir un noble proyecto político surgido en 1989 precisamente como
antítesis de la vetusta, corrupta y autoritaria élite política que gobernó al
país durante 75 años, de la cual por desgracia asimiló -en apenas unos años-
truculencias, vicios y engaños que ahora ejerce sin el menor rubor en contra de
su propia militancia y, por extensión, contra la ciudadanía.
Con
este proceder, con los que la cúpula perredista muestra su verdadero talante,
resulta entendible que el PRD se haya convertido en lo que ahora es: una
carcasa llena de podredumbre y corrupción que se vende al mejor postor -en este
caso, al gobernador Ángel Aguirre Rivero- para satisfacer las ansias de poder y
codicia de una nueva élite política estatal que detenta el poder, en colusión
con los liderazgos de las tribus mayoritarias al interior de ese partido que,
hasta hace poco, parecía representar a la izquierda en México.
Pero
esta corrupción inaudita no surgió de la nada: cuenta con acta de nacimiento
suscrita por la dirigencia nacional perredista que ostentan dos corrientes o
tribus que mantienen en su poder la estructura de dirección del PRD: Nueva Izquierda, regenteada por Jesús Ortega y
Jesús Zambrano, los llamados Chuchos,
así como Dolores Padierna, quien junto con su esposo René Bejarano personifican
la imagen de la corrupción que, hace algunos años, estigmatizó al PRD en el
entorno político nacional e internacional.
Esta
farsa de las candidaturas, como fue llamada por analistas locales, se
escenificó en un contexto en el que con premeditación, alevosía y ventaja se
simuló un modelo de legalidad que pretendió engañar a su propia militancia para
distribuir las candidaturas entre un grupo selecto en el que se articulan los intereses de la cúpula estatal, símil
abyecto de lo acontecido en el contexto nacional.
En
reemplazo ilegal e ilegítimo del Consejo Estatal Electivo (CEE), el gobernador
Aguirre Rivero de acuerdo con David Jiménez, Carlos Reyes, Sebastián de la
Rosa, Evodio Velázquez y Víctor Aguirre se constituyeron, la tarde del domingo
primero de este abril, en una suerte de colegio electoral que dictaminó quiénes
debieran ocupar las candidaturas para diputados y alcaldes.
El
propio mandatario confirmó su intervención grosera e ilegal en la vida de un
partido político con el supuesto de que, según los actores involucrados,
asistieron a ´´consultarlo´´. A propósito de ello nos preguntamos: ¿qué es lo
que tenían que consultar los líderes de las tribus dominantes con el
gobernador? ¿Era el gobernador, en ese momento, parte del Consejo Electivo del
PRD?
De
esta manera, un cónclave ilegal de notables -una reunión de amigos, debemos
decir- decidió el reparto de decenas de candidaturas a socios, subordinados y
allegados, sustituyendo a los 200 delegados estatales del CEE que debieron
sesionar para debatir, en un ambiente de libertad, sobre las decisiones de
quienes honrarían las citadas candidaturas.
Carlos
Reyes Torres, el dirigente estatal del PRD, se limitó acatar la decisión a
sabiendas de que esta práctica criminal, inédita en la historia del PRD,
llevará a ese instituto político a la pérdida de los comicios concurrentes de
julio próximo, con las consecuencias funestas que se adivinan: el triunfo de la
derecha más recalcitrante que ha asolado al país desde los tiempos del gobierno
nacionalista del general Lázaro Cárdenas, sea ésta representada por el PRI o
por el PAN. Para el caso es lo mismo.
Sin
exageración alguna podemos afirmar que esta decisión de la nueva elite política
que sojuzga a Guerrero, promovida por Los
Chuchos en todo el país, podría cancelar nuestra viabilidad política como
nación.
En
este concierto, los liderazgos de las tribus mayoritarias impusieron cada una
su cuota en las distintas posiciones, desplazando de esta manera a militantes
históricos que, como Eloy Cisneros Guillén, jamás tuvieron la oportunidad de
ser tomados en cuenta.
Así,
decenas de aspirantes con mejores prendas fueron hechos de lado para beneficiar
a quienes sirven a esta nueva élite neoliberal, la misma que está por convertir
a Guerrero en un territorio feudal para capitales foráneos, que sólo vienen a
depredar regiones con ancestral presencia indígena como La Montaña o la Costa
Chica.
Del
mismo modo, la paridad de género exigida por la ley fue desdeñada por los jefes
de las tribus mayoritarias, haciendo de lado a mujeres con un perfil
extraordinario, de la talla de Martha Obeso, Florentina Rosario o Martha
Sánchez, esta última líder emblemática del feminismo indígena.
No
se diga con el caso de los pueblos indígenas, a los que se apartó de manera
ofensiva como si se tratase de ciudadanos de segunda, con consecuencias que
ahora saltan a la vista: dirigentes naturales de más de 30 municipios con un
inequívoco componente indígena o afromestizo, se aprestan a elegir a sus
autoridades por la vía de los usos y costumbres.
Es
decir, estamos ante un rechazo rotundo a la intromisión de los partidos
políticos en la vida de las comunidades originarias.
En
concreto, ello se traduce en la decisión de dirigentes de decenas de
comunidades de 26 municipios con predominancia indígena, más otros 4 con
población afromestiza, de desconocer el
proceso electoral de julio próximo, dando paso a un proceso de elección de autoridades
propias, según anunciaron liderazgos reconocidos como Bruno Plácido y Erasto
Cano, fundadores de la Policía Comunitaria, movimiento autonómico insignia de
la autogestión indígena.
Pero
si alguien pensara que se trata simplemente de una mueca de inconformidad
pasajera de algunos grupos que se identifican con el PRD, habrá que tomar en
cuenta que esta nueva expresión social cuenta con el respaldo de los comisarios
municipales, comisariados y principales (los
ancianos de cada comunidad) de aproximadamente 600 poblados indígenas en la
región de La Montaña.
Estamos, pues, ante una gran ruptura de los pueblos originarios con el
partido emblemático de la supuesta izquierda en el país, diferendo que viene a
confirmar lo que algunas comunidades indias debatían hace por lo menos una
década: que los partidos políticos no los representan y, por el contrario, sólo
han dañado el tejido social de la comunidad.
Pero,
decíamos, todo este pandemónium tiene una marca de origen: de acuerdo con
información que ha comenzado a trascender, este proceso de apropiación de candidaturas
estaba previamente acordado por las dirigencias nacionales, especialmente en
Nueva Izquierda (NI).
Una
infidencia reciente de una prominente líder que forma parte de la cúpula de NI
permitió saber que en una fecha indeterminada, las dirigencias de Nueva
Izquierda con Los Chuchos a la
cabeza, en acuerdo con Los Bejaranos,
acordaron repartirse las candidaturas como un acto de sobrevivencia.
Esa
prominente líder se llama Beatriz Mojica, cobra como secretaria de Desarrollo
Social en el Gobierno de Guerrero y es, además, parte representativa de la
tribu de Nueva Izquierda.
Esa
dirigente-funcionaria comentó en una reunión privada que al seno de esa
corriente, “desde hace mucho” se habían puesto de acuerdo en repartirse las
candidaturas entre líderes, familiares, allegados y subordinados como un acto
de “sobrevivencia”, dado que en estas elecciones el PRD va con un “candidato
perdedor”, en referencia obvia a Andrés Manuel López Obrador.
Según esa visión por adelantado, las tribus que gobiernan el PRD dan por
seguro la derrota de López Obrador en julio próximo y, por tanto, están
apretujando un cargo de elección popular que les permita la subsistencia
económica para después de las elecciones, en las que se prevé una derrota
estrepitosa de ese partido.
Así
pues, desde siempre se trató de que los dueños de ese partido se garantizaran
un cargo, sea en el reparto de las fórmulas plurinominales -es decir, diputados y senadores seguros-, como en la vía de elección directa,
particularmente en los distritos de votación garantizada para el PRD. Con ese
criterio fueron repartidas las candidaturas.
A
ello se debe, por ejemplo, que Angélica de la Peña -esposa de Jesús Ortega-
haya sido colocada en un cargo plurinominal al Senado, lo que le garantiza un
jugoso ingreso por los próximos seis años, o que Teresa Mojica, hermana de la
secretaria de Desarrollo Social del gobierno de Guerrero, ocupe la única
postulación a diputada federal plurinominal por cuota de género en Guerrero. Todo
estaba previsto.
Tal
como lo previeron sus líderes, esto significa que el PRD tiene su certificado
de defunción asegurado para julio.
En
agosto, como ya lo están discutiendo liderazgos cercanos a López Obrador,
comenzarán los preparativos para integrar un nuevo partido político, cuya
estructura estará lista para enero próximo, según trascendidos. Del PRD sólo
quedará la carcasa. Lástima.