Todo iba bien. Nadie podía
impugnar al candidato del Movimiento Progresista a la presidencia de la
República, Andrés Manuel López Obrador de que estuviera haciendo otra vez
acciones violentas o fuera de la legalidad. Los partidos involucrados en la
elección presidencial están haciendo cada uno sus propias jugadas para
enfrentar las impugnaciones o defenderse de ellas.
El Instituto Federal
Electoral (IFE) ya hizo su parte y cedió los instrumentos de impugnación al
tribunal federal y lo mismo han hecho los institutos electorales de los estados
en donde también se realizaron elecciones para diputados locales, ayuntamiento
y gobernador del estado.
Sin embargo, el principal
problema que se tiene a consecuencia de los comicios del pasado primero de
julio de este año es el del ámbito presidencial y ahí es donde se está librando
la madre de todas las batallas.
El pasado jueves, como se
tenía previsto, y lo habían anunciado los partidos que integran el Movimiento Progresista,
entregaron al IFE toda la documentación que tenían en su poder para impugnar el
proceso y solicitar no su anulación sino su invalidez por haberse violentado
los principios constitucionales que norman la elección. Esto que se hizo es el
procedimiento institucional para que los mismos documentos que se entregaron lleguen
a manos del tribunal electoral del poder judicial de la federación (TEPJF) que
tendrán que desahogarlos a partir de ya y concluir antes del 6 de Septiembre
próximo, fecha límite para declarar la validez o no del proceso.
Com o lo decíamos, todo esto
iba bien y caminando dentro de los cauces institucionales, mas sin embargo, las
palabras de López Obrador no fueron suficientemente fuertes y atendibles de
parte de sus correligionarios y simpatizantes y dar por hecho que la vida pública
no sería alterada.
En contraste con la
aspiración, anhelo o propósito de López obrador de seguir siendo ecuánime,
aunque ya no tan amoroso, diversos grupos afines llevaron a cabo actos de protesta
donde resultaron afectados terceras personas.
Pero eso no es lo que más
nos debería preocupar, sino la forma como están planteando sus impugnaciones y
haciendo presión a través de movilizaciones callejeras. Lo peor del caso es que
tanto los dirigentes de los partidos coaligados en el Movimiento progresista
como los operadores jurídicos que han presentado las pruebas documentales sobre
la inequitativa elección presidencial han expresado abiertamente su fracaso en
el propósito perseguido.
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Solo para ilustrar esto que
decimos, dejemos que el propio coordinador jurídico del Movimiento Progresista,
el diputado y doctor en derecho, Jaime Cárdenas Gracia nos lo diga de propia
voz a través de la entrevista que dio a la revista Proceso de este domingo 15 de julio del 2012.
Tras explicar todo lo que
hicieron y como los documentos de impugnaciones serán analizados por los
magistrados del TEPJF, Cárdenas emite juicios de valor sobre los integrantes de
dicha sala superior y los tilda de conservadores (en su mayoría) y los califica
de ser ‘’letristas de la ley’’.
Ante estas expresiones, el
reportero de Proceso, José Gil Olmos le preguntó:
Ante este panorama ¿qué va
hacer?
La respuesta fue: ‘’hay que
dejar el testimonio histórico., preparar
los procesos electorales venideros, darle aliento a la gente que ha perdido
la esperanza en las instituciones. Esta es la vía para hacerlo, aunque hay
pocas posibilidades, jurídica e históricamente estamos obligados a
hacerlo’’.
En pocas palabras, el
abogado Cárdenas nos dice que no tienen esperanzas ni posibilidades de que se
logre la anulación del proceso electoral y por lo tanto el próximo presidente
de la República será el candidato del Partido Revolucionario Institucional,
Enrique Peña Nieto.
El mensaje de Cárdenas caló
hondo entre los simpatizantes y seguidores de Andrés Manuel López Obrador, pues
han aceptado tácitamente que no ganarán en tribunales y por ello expresarán
toda su frustración en las calles, como si nos faltaran argumentos para
trastocar la vida nacional y desatendernos de los serios problemas que enfrentamos
como país en las áreas social, económico, político o cultural.
Los movimientos sociales que
acompañaron la candidatura de López Obrador rumbo a la presidencia de la
República han prefigurado ya un plan de acción que se ha iniciado desde el
pasado fin de semana y que poco a poco irán entrelazando con muchas mas
entidades del país para hacer valer o cuando menos sentir, su inconformidad por
lo que llaman ‘’imposición’’ de las
minorías.
Los reunidos en San Salvador
Atenco el día de ayer, concluyeron en aprobar jornadas de lucha nacional con
movilizaciones masivas, las cuales incluirán boicot a empresas como Soriana,
bloqueo de carreteras y autopistas de cobro.
Para el próximo primero de septiembre anunciaron una
marcha que partirá del Tribunal Electoral al Congreso de la Unión para impedir
la toma de posesión de diputados y senadores, --incluidos los del PRD-PT y MC--así
como el bloqueo a la rendición del sexto informe de gobierno del presidente
Felipe Calderón Hinojosa.
Pero estas acciones no quedan ahí sino que también han revelado que los días 15 y 16 de septiembre se tomarán las plazas públicas a nivel nacional bajo la consigna "Viva México sin PRI". Lo cual supone que no se permitirá la realización del tradicional desfile para conmemorar la Independencia de México.
Pero estas acciones no quedan ahí sino que también han revelado que los días 15 y 16 de septiembre se tomarán las plazas públicas a nivel nacional bajo la consigna "Viva México sin PRI". Lo cual supone que no se permitirá la realización del tradicional desfile para conmemorar la Independencia de México.
Y el programa sigue. Las movilizaciones continuarán y la palabra
de López Obrador seguirá cada día deteriorándose más frente a la ciudadanía, ya
que sus seguidores preparan para el día 2 de
octubre (fecha en que se conmemora la masacre en Tlaltelolco) un paro nacional
es universidades. Veremos cuántas se suman a esta convocatoria.
Pero sin duda alguna, los manifestantes contra la
imposición y el fraude electoral echarán toda la carne al asador el próximo
primero de diciembre (fecha de la toma de posesión del presidente electo) cuando se cerque el área donde se encuentra físicamente las instalaciones del Congreso de la Unión para impedir que Peña Nieto jure como presidente de la República.
primero de diciembre (fecha de la toma de posesión del presidente electo) cuando se cerque el área donde se encuentra físicamente las instalaciones del Congreso de la Unión para impedir que Peña Nieto jure como presidente de la República.
Este guión ya lo conocimos y vivimos el pasado
primero de Diciembre del 2006 cuando se trató de impedir la toma de posesión
del actual presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa.
Como se puede comprobar con estos anuncios hechos
ayer en el estado de México, los miembros, seguidores y simpatizantes del
movimiento progresista y de Andrés Manuel López Obrador, dan como un hecho de
que el TEPJF desechará las impugnaciones y declarará presidente electo a quien
salió triunfante en la elección presidencial del pasado primero de julio.
Una vez más estamos ante una sociedad que actúa democráticamente
frente a las urnas pero que no acepta el resultado de las mismas. Y hay un
viejo refrán que dice, ‘’no tiene la culpa el indio…’’
La solicitud a los inconformes es que recuerden que si a
consecuencia de lo que provoquen tenemos como país que frenar nuestro bienestar
y desarrollo no culpen al de enfrente de no haber realizado el trabajo para lo
que la mayoría de los mexicanos demandamos hacer a través de las urnas y no
solo hablamos del poder ejecutivo sino también de todos y cada uno de los que
conformen a partir del próximo primero de Septiembre el Congreso de la Unión.
Periodista/Analista
Político*