Salvo algunas excepciones y señaladamente cuando hay de por medio el asesinato de un colega, autoridades de los tres niveles y legisladores federales invocan al respeto a la libertad de expresión y se suman a la condena generalizada a quienes atentan contra reporteros y medios de comunicación.
Se reconoce la postura asumida en marzo del año pasado por representantes de 715 medios de comunicación de varias entidades del país, académicos, opinadores y empresarios que firmaron el denominado Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia del Crimen Organizados, una especie del método para determinar qué se cubre, cómo se cubre y se deja de cubrir en materia de crimen organizado que linda en una sui generis autocensura que no se discute por sus alcances.
Lo cierto es que de la defensa de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en el país, se ha hecho un objeto de promoción y hasta negocio de membretes, sin soslayar incluso a diputados federales que han sido omisos en pronunciamientos y tareas encaminadas a proteger los derechos de los periodistas.
Por ejemplo, la federalización de delitos cometidos contra periodistas, aprobada en el rango constitucional hace poco más de un mes, fue asumida por la organización denominada Artículo 19 como una reforma que impulsó en el ámbito legislativo hasta llevarla a buen puerto.
Se reconocería el esfuerzo de no ser una falacia, porque la iniciativa fue impulsada, sí, pero por un grupo de consejeros que participamos en la Comisión Especial para dar Seguimiento a Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados. La elaboración de la iniciativa estuvo a cargo de Luis Raúl González Pérez, abogado general de la UNAM, con el apoyo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la máxima casa de estudios del país, no de Artículo 19.
Asumirse dueño de un esfuerzo colectivo se califica de fea manera. Suele ocurrir cuando se convoca a foros, mesas redondas y todos esos etcéteras en los que brillan los mismos opinadores y dizque expertos y comunicadores de siempre, mas nunca los reporteros. Y ello habría ocurrido cuando se impulsó la federalización de los delitos cometidos contra periodistas, de no haber mediado el interés del entonces diputado federal panista Gerardo Priego de involucrar a reporteros, a periodistas de verdad en el tema que era de su incumbencia absoluta.
El tema viene a colación ante el informe rendido por la fiscal Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, Laura Angélica Borbolla Moreno, ante integrantes de la Primera Comisión de la Permanente, que preside el senador priista Rogelio Rueda Sánchez.
De acuerdo con dicho informe de la fiscal, en realidad funcionaria de la Procuraduría General de la República, en los últimos seis años han sido asesinados 67 periodistas en tanto 14 siguen en calidad de desaparecidos. Además, en ese lapso, la Fiscalía abrió 228 investigaciones, independiente de las iniciadas en las delegaciones estatales de la PGR.
Borbolla Moreno dio cifras que, de suyo, evidencian el alto grado de riesgo en el que nos desempeñamos los reporteros, la infantería que nutre de información los medios de comunicación impresos y electrónicos. Aludió que entre 2010 y lo que va de este año consignó 31 averiguaciones previas y ejercicio acción penal contra 74 probables responsables, aunque no los identificó—por abuso de autoridad, robo calificado, lesiones calificadas, amenazas, daños en propiedad ajena agravados, homicidio y tentativa de homicidio.
Incluso cita haber ordenado 114 medidas cautelares a favor de periodistas, familiares y medios de comunicación, incluyendo instalaciones, “para evitar que se consumen los hechos denunciados o daños de imposible reparación”, y que se han tramitado y distribuido 384 fichas de búsqueda de periodistas desaparecidos.
Hasta aquí todo indica un buen desempeño de esa Fiscalía. Pero, solo hay números, números fríos. ¿Quiénes han sido consignados y encarcelados y sentenciados? ¿Qué crímenes cometidos contra periodistas se han resuelto? Más que a los legisladores, la fiscal Borbolla Moreno le debe un informe a los reporteros, re-por-te-ros, a los directamente involucrados.
También diputados federales como el priista Carlos Flores Rico, quien a la funcionaria le manifestó que existe “una gran desilusión con la Fiscalía” porque pese a las reformas realizadas en la materia en los últimos meses “no hay una sola sentencia conseguida”, y la panista María Yolanda Valencia Vales, presidenta de la Comisión Especial para dar Seguimiento a Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, que en tres años no hicieron más por los periodistas.
Hay por ahí un gran pendiente de incumbencia directa para la fiscal Borbolla Moreno y los legisladores Flores Rico y Valencia Vales. El 29 de abril de 2011 agentes de Seguridad Pública del estado de Puebla, encabezados por el procurador, Víctor Antonio Carrancá Bourget, el secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fosado, y el juez Ismael de Gante López, desalojaron por la fuerza a trabajadores, reporteros, fotógrafos y editores de El Heraldo de Puebla.
Al margen de las diferencias personales entre el dueño del diario y el gobernador poblano, Rafael Moreno Valle, porque no se trata de sudar calenturas ajenas, esa fue una acción que, amén de violar un amparo, atentó contra la libertad de expresión y la fuente laboral de trabajadores de la prensa.
En la Fiscalía el tema duerme el sueño de los justos. Valencia Vales prácticamente fue obligada a pronunciarse al respecto. ¿Flores Rico?, en sus palabras, “fue una gran desilusión”, como lo han sido los membretes y políticos que viven de defender a los periodistas. ¿Perro come carne de perro? Para nada, pero tampoco hay que desgarrarse las vestiduras por vivales que se han hecho millonarios a costa de vivir de la genuflexión sexenal. Digo.