En el alud de información postelectoral pasó de largo la que ha sido quizá la declaración más clara, contundente y nacionalista de Enrique Peña Nieto con respecto al problema número uno del país, la lucha contra el narcotráfico. El próximo sexenio –le dijo a The Washington Post—el combate al narco será con base en la estrategia que más convenga a la población mexicana, no la que más complazca a la DEA.
Durante su campaña el candidato priista abordó el cúmulo de problemas generados por el fenómeno de las drogas, principalmente el tráfico de éstas. Lo hizo, sin embargo, de una manera tangencial, y más bien taimada, con el sigilo que recomendaba la prioridad de no perder votos de un electorado cotidianamente incitado a la guerra desde la Presidencia de la República.
En mítines, entrevistas, debates y toda suerte de foros, el mexiquense asimismo habló del tema, siempre con el cuidado necesario para evitar enemistarse con el gobierno de Estados Unidos, persistente gran elector y real comandante supremo de la guerra que padecemos.
Peña Nieto, incluso, se adhirió a la políticamente muy correcta y ya insoslayable propuesta de debatir –y sólo debatir— la legalización de los estupefacientes.
En esta reposada atmósfera, su declaración al citado rotativo resultó de una claridad y contundencia que de seguro encendieron las alarmas en la Casa Blanca y el Pentágono.
Para los mexicanos lo dicho por Peña Nieto, a sólo unas horas de su triunfo en las urnas, constituyó no sólo la declaración más importante sobre el tema más importante de la agenda nacional. Fue también una definición para tenerla a la mano, con el fin de exigir que, efectivamente, sea norte de la política de seguridad el próximo sexenio.
El asunto de las drogas, la lucha contra su producción, tráfico y consumo, es el rubro capital en el extenso prontuario de problemas nacionales, no sólo por la violencia, la inseguridad, la corrupción y el grave deterioro institucional y social que genera. Lo es también porque absorbe un volumen inconmensurable de recursos, irracionalmente distraídos de tareas en verdad apremiantes: el combate a la pobreza y la atención de la salud pública, la educación y otros renglones en los cuales el país presente lamentable rezago.
Las consecuencias de la guerra a los traficantes han adquirido un peso tan abrumador para el país que han acabado por despertar el interés de los medios de comunicación más influyentes del mundo. Preguntas al respecto no han faltado en una veintena de entrevistas realizadas por estos días al candidato triunfante de la elección presidencial.
En un artículo en The New York Times, el 3 de julio, el propio Peña Nieto escribió lo siguiente, refiriéndose a las organizaciones delictivas:
“Continuaré el combate, pero la estrategia debe cambiar. Ante las más de 60 mil muertes en los últimos seis años, los señalamientos de los grupos de derechos humanos y un debatible progreso en cortar el flujo de drogas, la política actual debe ser reexaminada”.
No obstante, a renglón seguido expuso planes más cercanos al escalofriante “más de lo mismo”, que a explorar una solución a fondo y con imaginación:
“Crearé una Gendarmería Nacional con 40 mil elementos, similar a las que operan en países como Colombia, Italia y Francia, con el objetivo de que actúe en las áreas más violentas. Incrementaré en 35 mil el número de elementos de la Policía Federal, que contarán con el apoyo de áreas de inteligencia y de análisis. Consolidaré las fuerzas policíacas estatales y municipales, las cuales tendrán una mayor supervisión federal, con el fin de evitar la corrupción en sus filas”, escribió el mexiquense.
Días después, justo a una semana de la elección, en declaraciones a la cadena CNN, el candidato triunfante reiteró su disposición a abrir un nuevo debate acerca de “cómo debemos llevar adelante la guerra contra el tráfico de drogas”. Y aunque se dijo contrario a la propuesta de legalización –“no me convence como argumento”— mostró su anuencia a desmenuzar el asunto de manera minuciosa para proceder luego como mejor convenga al país.
Está claro. Peña Nieto ha mostrado con relación al problema más acuciante una actitud distinta de la entreguista, antinacionalista, obcecada y contraproducente presentada por el presidente Felipe Calderón. Qué bueno. Resta ahora esperar el tránsito de las palabras a los hechos.
Sin adelantar vísperas cuando aún está en proceso la validación de las elecciones, cabe decir que el virtual nuevo mandatario tiene todo a su favor para evitar pasar a la historia como Ernesto Zedillo, Vicente Fox, César Gaviria o Fernando Henrique Cardoso, los ex presidentes que a toro pasado, ya fuera del poder, se percataron de que el único camino de solución efectiva e inmediata al problema del narcotráfico es la legalización de las drogas.
Por lo menos no deberá el mexiquense dejar de transitar el camino de apertura a la discusión, como sí lo evadió el colombiano Ernesto Samper. En los 70, como líder de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Samper disgustó al Tío Sam al pronunciarse sin tapujos por legalizar los estupefacientes.
Dos décadas después, ya en la presidencia de su país, acusado de haber financiado su campaña con dinero del cártel de Cali, satanizado, hostilizado y humillado por Washington, Samper sufrió un ataque de amnesia respecto a su criterio anti-prohibicionista. Y hasta impulsó un acuerdo “contra todas las formas de liberalización en el uso de las drogas”.
Frente a la patriótica advertencia de nuestro virtual gobernante enviada vía el Post sobre el interés de los mexicanos por encima de la complacencia a la DEA, no inspira confianza —más bien anticipa un tropezón con la misma piedra de la inútil guerra total— el anunciado trasplante a México del general Óscar Naranjo, el ex jefe de la Policía Nacional de Colombia condecorado por George W. Bush como Mejor Policía del Mundo.
Por más aplausos que desata en ciertos medios el probable arribo del famoso policía, y a despecho de la notable reducción de la violencia, efectivamente lograda —mediante la conjunción de diversos factores— en la entrañable Colombia, la consejería de Naranjo apunta al sometimiento a Estados Unidos y al recrudecimiento de la guerra.
Si se propone avanzar en su nacionalista advertencia, Peña Nieto deberá en todo caso secundar y aun liderar –como en tiempos del Grupo Contadora y otras iniciativas— los pasos, así sean tímidos, de Otto Pérez Molina, Juan Manuel Santos, Laura Chinchilla, José Mujica y otros gobernantes anuentes con la idea de legalizar.
Idea que, por cierto, Calderón, en funciones de cabildero y con el parapeto de la OEA, se esmera en boicotear mediante el ultrarrápido armado de un Esquema Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Es decir, mediante la generalización de la guerra en América Latina.
Por lo pronto, mientras discurren los plazos del contencioso electoral, Peña Nieto bien puede decir, “¡a trabajar!” Y a cumplir, tendríamos que agregar los ciudadanos comunes.
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