MEDIOS IMPRESOS, DIGITALES, RADIO Y TV

domingo, 19 de agosto de 2012

“La mano amarilla” se ve tras resoluciones del TEE: Montúfar


Tras afirmar que seguirán por el camino de la legalidad la impugnación ante las autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral de la Federación, porque se vió la mano amarilla y el conflicto de intereses de los magistrados del Tribunal Electoral del Estado (TEE), el encargado del seguimiento de asuntos electorales del PRI, Erit Montúfar Mendoza, denunció las irregularidades en la calificación de la impugnación por ese órgano electoral en el caso de la presidencia municipal de Coyuca de Catalán.
Acompañado del asesor jurídico del CEN del PRI, Armando Barajas, Montúfar Mendoza que explicó que la calificación de las impugnaciones presentadas por el PRI, han sido calificadas por intereses personales y no de acuerdo a criterios jurídicos, ni a las pruebas concretas presentadas por los candidatos del PRI, por lo que no han ganado ni una de las que hasta ahora se han dado a conocer como revisadas.
El asesor jurídico, Armando Barajas señaló que el conflicto de intereses se da pues tres de cinco magistrados compiten para ser consejeros políticos del próximo Instituto Electoral del Estado de Guerrero  (IEEG) y uno de ellos, el de la cuarta sala, Fernando Xochihua San Martín, tiene conflicto de intereses, ya que su hijo está inscrito para ser diputado local por el PRD, por lo que no quieren dejar en mal a los consejeros del IEEG, con los que enrocarán  las responsabilidades una vez calificadas las elecciones del primero de julio pasado.
Esta circunstancia se vio en que echaron abajo una impugnación basada en videos, fotografías y hasta la detención de un funcionario municipal encargado de la unidad deportiva, José Pablo Nájera García, que fue detenido en flagrancia pagando votos y recogiendo credenciales de elector, como tampoco tomaron en cuenta que otros funcionarios del ayuntamiento actual participaron como funcionarios de casilla, cuando la ley electoral lo prohíbe, pero para las autoridades del TEE, son irregularidades “menores” que no influyen en los resultados, pues para nosotros si influyen pues son mil 200 votos que pueden cambiar el resultado de menos de 500 votos en contra del PRI.
Tampoco hicieron el recuento de  los más de mil votos anulados por confusión de los electores, por los anuncios del IFE, por lo que diferencia en contra del candidato PRI, Abel Montúfar Mendoza, de poco menos de 500 votos se hubiera revertido sin duda alguna.
A eso hay que agregar que hubo robo de urnas y la intervención de un grupo armado al menos en dos comunidades, en donde obligaron a los ciudadanos mediante el amago de sus armas a votar a favor del PRD.
En la casilla ubicada en Hacienda de Dolores que es una comunidad de la sierra de Coyuca de Catalán, es uno de los lugares en donde llegó un grupo armado que primero amagó a los ciudadanos para que votaran por el PRD y en otras dos comunidades hasta se llevaron las urnas y las devolvieron llenas de boletas a favor del candidato perredista, quien antes había denunciado esto y ahora las autoridades del TEE dicen que todo estuvo bien, si eso no es irregularidad ¿qué es? señaló Erit Montúfar.
Hubo uso de recursos de dudosa procedencia, que ya haremos saber, porque son de riesgo y hay que tomarlas con calma, como las pruebas aportadas de la compra de votos bien fundamentadas por nosotros y no como las presentadas por el candidato del PRD a la presidencia de la república en contra del triunfo de Enrique Peña Nieto.
Acusó a algunos funcionarios del ayuntamiento local y del presidente municipal electo, Catalino Duarte Ortuño y Elí Camacho, del PRD, de tener relación con el grupo armado de El Ciruelo, aquí se ve la mano de estos individuos con el grupo armado que atacó en la comunidad de La Laguna, que hizo una balacera tres días antes de la elección para perjudicarnos a nosotros.
El asesor jurídico del CEN del PRI, Armando Barajas, señaló que hace tres semanas el TRIFE sancionó a los cinco magistrados del TEE por violentar los derechos de algunos ciudadanos en sus derechos electorales y en sus determinaciones a favor de los conflictos de intereses, pues no les interesa violentar los derechos de los candidatos para poder sacar adelantes sus propios intereses de los magistrados.