• El presidente de la LVIII Legislatura, Octavio Martínez Vargas, manifestó que los diputados recabarán las demandas de los periodistas para integrarlas a la agenda parlamentaria.
• La especialista Perla Gómez Gallardo, impartió la conferencia magistral “Los Límites de la Libertad de Expresión en el Sistema Jurídico Mexicano”.
“La libertad de expresión en el país y particularmente en el Estado de México tiene una gran agenda y un gran reto”, manifestó el diputado Octavio Martínez Vargas, presidente de la LVIII Legislatura del Estado de México, durante la Conferencia Magistral: Los Límites de la Libertad de Expresión en el Sistema Jurídico Mexicano, impartida por Perla Gómez Gallardo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
En el Salón Benito Juárez del Congreso local, ante periodistas mexiquenses y estudiantes, el legislador del Grupo Parlamentario del PRD manifestó la voluntad y disponibilidad del Poder Legislativo para recabar los planteamientos vertidos en este foro y materializarlos en la agenda parlamentaria, a fin de contribuir a un ejercicio de la libertad de expresión más plena.
Martínez Vargas dijo que este espacio es el inicio de una nueva etapa que el Estado requiere, “con una sociedad más involucrada e informada, con un periodismo profesional y objetivo que esté dando cuenta de la actividad de los servidores públicos, de los tres órdenes de gobierno”.
En presencia de los organizadores: Leonardo Alejandro Olivas Ortiz, Fernando Olivas Ortiz, secretario general nacional e integrante respectivamente del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa; así como Penélope Ventura Rojas, integrante del Frente Protección para el Periodista; y Jaime Guerrero García, coordinador ejecutivo de la Casa de los Derechos de los Periodistas, Perla Gómez Gallardo, indicó que despenalizar la libertad de expresión “no implica que sea un cheque en blanco, si hay y debe existir responsabilidad por el abuso de la libertad de expresión, pero debe ser en la vía administrativa o civil”.
La especialista, quien es doctora egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM y miembro fundador de la Casa del Derecho de los Periodistas, enfatizó que el límite en el ejercicio de la libertad de expresión son: los derechos personales del honor, la vida privada y la propia imagen. “Es necesario que el periodista ejerza su profesión, con una responsabilidad ética y una lógica de autorregulación con principios morales,” advirtió.
En este marco, Ricardo Joya Cepeda, director general de Comunicación Social de la Legislatura, expresó un saludo y reconocimiento del presidente de la Junta de Coordinación Política de la LVIII Legislatura estatal, Aarón Urbina Bedolla al ejercicio periodístico, de ahí su apoyo a la realización de este evento.
Subrayó el trabajo del Congreso local a favor de la libertad de expresión, con la modificación al artículo 238 del Código Penal para agravar las penas a delitos contra periodistas en el ejercicio de su labor. En caso de lesiones, se aplican de seis meses a dos años de prisión y de 50 a 150 días multa y cuando se comete homicidio, la pena es de 12 a 20 años de prisión y de 300 a 550 días multa.
Refirió la reforma, también al Código Penal, a fin de derogar los artículos 275 y 286 –formulada por el gobernador mexiquense y los Grupos Parlamentarios- para eliminar los delitos de difamación, calumnia e injuria, de manera que no se pueda demandar la reparación del daño a quien ejerza su derecho de opinión. Asimismo, dijo que, como un reconocimiento al trabajo periodístico de la entidad, este año se denominó como el del “Ilustrador Nacional”.
En la ponencia -clausurada por el contralor del Poder Legislativo, Victorino Barrios Dávalos, quien enfatizó que todo servidor público debe trabajar con transparencia, ante el escrutinio público y con honradez-, la asesora del Frente Nacional de Periodistas por la Libertad de Expresión, destacó que se está en una situación alarmante “de agresiones al periodista”. Agregó que el problema no sólo radica en agresiones sino en la impunidad; al día de hoy —dijo— no hay una persona responsable en la cárcel condenada por haber atacado, desaparecido o asesinado a un periodista.
Otro problema es el ataque institucional a la libertad de expresión, “tenemos el recuento nacional de leyes que lejos de proteger acosan el ejercicio periodístico”; al respecto, celebró que en el Estado de México ya se despenalizaron los delitos de difamación, calumnia e injuria, y está pendiente su promulgación.
Gómez Gallardo indicó que en las 32 entidades federativas es necesario establecer la obligación en los Códigos de Procedimientos Penales para que el Ministerio Público —en casos de ataques a periodistas— agote las líneas de investigación y se desvincule el hecho de que no haya sido un ataque a su libertad de expresión.
Al respecto, Fernando Olivas Ortiz, mencionó que el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa y otras organizaciones filiales han presentado algunas iniciativas a la Cámara para apoyo de los periodistas, por lo que dijo platicarán con los legisladores.
