Iguala, 25 de noviembre.- Desde hace
meses hay rumores que apuntan a que en Casa Guerrero se cocina un decreto para
modificar, acotar, reducir, eliminar... las facultades e injerencia de los
alcaldes dentro del Programa del Fertilizante.
El programa es la estrategia más
importante de apoyo al campo en Guerrero, es con frecuencia usado con fines
políticos por presidentes municipales de diferentes extracciones políticas,
además se ha caracterizado por la opacidad con la que se maneja -a la fecha los
datos sobre sus reglas de operación, beneficiarios, y proveedores son uno de
los grandes misterios de las administraciones públicas municipales, así como de
la Secretaría de Desarrollo Social-
El decreto, aún en proceso de
cabildeo, tendría la finalidad de cortar las corridas financieras a los
alcaldes para la compra de los insumos para el campo. Sería el ejecutivo local
el responsable de la entrega “en especie” de los insumos para el campo.
La justificación -razonable- es que
los alcaldes, junto a sus cabildos han hecho histórica e indiscriminadamente
mal uso de los recursos procedentes del programa, reveló una fuente del Consejo
Foro Permanente de Organizaciones Sociales del Estado de Guerrero, que impulso
la actual Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
En ese posible escenario, el gobierno
de Ángel Aguirre sería el encargado de hacer una compra consolidada del
fertilizante y otros insumos que componen los paquetes tecnológicos, también el
gobierno del estado sería el responsable de la entrega “en especie” a todas las
alcaldías.
La medida como esta desarmaría
políticamente a la mayoría de los alcaldes, regidores, síndicos y dirigentes
sociales al dejar prácticamente en desuso uno de sus principales instrumentos
de coacción, presión y chantaje.
Pero también concentraría el poder de
la adquisición de los productos para el agro en manos del ejecutivo, que podría
hacer compras unilaterales y/o licitaciones a modo de algunas empresas.
Al Sur
Los resultados del Operativo Guerrero
Seguro (OGS) dados a conocer de forma escueta por la oficina de Comunicación
Social del gobierno del estado son parciales, y se centran en las acciones
realizadas en Acapulco.
Los saldos de las estrategias de
seguridad en las regiones Norte y Tierra Caliente no han sido especificados por
ninguna de las autoridades de los tres niveles de gobierno, que participan en
el operativo.
La realidad es que en ambas regiones del estado hay
municipios y comunidades que en los últimos años se han convertido en tierra de
nadie, de eso han dado cuenta distintos medios informativos y usuarios y
usuarias de las redes sociales.
El teatro de la violencia y riesgo en
el que vivimos desde hace varios años se complica con las revelaciones de la
Agencia Proceso (APRO) en el sentido de que a partir de 2007 llegaron
cargamentos ilegales de rifles de asalto G36 procedentes de Alemania.
El destino final de estos cargamentos
fueron administraciones estatales vetadas por sus altos índices de violaciones
a los derechos humanos, entre ellas la del estado de Guerrero, revela el
trabajo.
¿Las últimas dotaciones de armas que
hizo el ex gobernador, Zeferino Torreblanca fueron hechas por su administración
violando los tratados internacionales?
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