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| Jesús Enrique Quñones Salinas//Foto Internet |
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En tramposa compra-venta, Quiñones Salinas,
afecta el patrimonio atoyaquense.
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Pasado cabildo, responsable de ejercer una “autorización”
ilegítima.
Atoyac de Álvarez, Guerrero,
03 de noviembre.- Para que en una administración municipal se de la baja o
venta de chatarra, se requiere no tan solo la aprobación del cabildo, sino la conformidad
y consentimiento del Congreso Local; para ello se realiza mediante un proceso
administrativo que lleva tiempo y forma. Además los favorecedores de esta
venta, no deben ser trabajadores directo de la comuna; menos tener un grado de
consanguinidad, con el titular de la comuna.
Tanto el ex presidente
municipal Carlos Armando Bello Gómez, como su cabildo, como el abogado
apoderado de esa administración, se encuentran en un brete jurídico, al aprobar
de manera engañosa y “fast track”, la
baja y venta (sin que haya mediado la aprobación y certificación de la pasada XLIX legislatura), destaca el documento que
arroja en uno de sus puntos, el estado que guarda hasta el momento la
administración municipal de Atoyac de Álvarez, Guerrero.
De acuerdo a los hechos que
se vienen ocurriendo antes y durante la entrega recepción de cada una de las
oficinas de esta comuna; Jesús Enrique Quiñones Salinas, “compró” unidades
automotrices aún en condiciones de operar mecánicamente; otras, sin refacciones
pero en buen estado, con tiempo de vida. Además unidades automotrices las
convirtieron en chatarra, en complicidad con el cabildo en pleno -a excepción
de la regidora Norma Mesino-, se completó la estafa.
Del parque vehicular
registrado en 81 unidades automotrices, solo dejaron 36; de las cuales, el 90
por ciento está en buenas condiciones, no así un tractor, una ambulancia y un
carromato de bomberos, a los cuales ya les dieron corte con soplete. El benefactor
de esa comercialización ilícita, un tal
Enrique Quiñones Salinas, con el alias del “Pikin”, tendrá que responder a los
requerimientos que se le imputan en la compra-venta ilegal, que en breve le
solicitará la LX Legislatura, para que se proceda a su devolución inmediata o
se sancionará de acuerdo a la Ley.
El contralor del
ayuntamiento atoyaquense, víctima de amenazas veladas, telefónicas y de
interpósita persona, tienen su origen en las irregularidades encontradas en
cada punto de pérdida, de la administración pasada.