Al cierre de la semana anterior sumaban diez los ex alcaldes
chiapanecos detenidos y consignados penalmente bajo cargos que van desde
manejos irregulares en el erario público y hasta asociación delictuosa.
A primera vista la impresión es que finalmente se aplica la
ley que, en los últimos doce años, en Chiapas estuvo secuestrada por los
gobernadores “demócratas” Pablo Salazar Mendiguchía y Juan Sabines Guerrero.
Digamos que, incluso, como golpe mediático le cae como anillo al dedo al
debutante mandatario chiapaneco Manuel Velasco.
Meter a prisión a alcaldes chiapanecos se puede considerar,
desde una visión optimista, como el ejemplo de lo que se avecina con la nueva
administración federal, sobre todo a partir de los mecanismos legales que se
cocinan en el Congreso de la Unión para limar las uñas a gobernadores y
alcaldes proclives a gastarse lo que no es suyo e hipotecar a sus entidades y
localidades con endeudamientos bestiales y, lo peor, sin fundamento.
Además, no debe perderse de vista que la corrupción, el
enriquecimiento ilegal y el tráfico de influencias han sido símbolo de las grandes ligas en el
gobierno federal. El endeudamiento en este nivel tiene otras características,
pero igual obedece a resortes de corrupción que agotan presupuestos o los
desvían en conceptos amañados y encubiertos en figuras como los fideicomisos o
los fondos especiales.
Lo que queda de la aún Secretaría de la Función Pública ha
hecho cuentas alegres de cientos de procesos seguidos contra delincuentes de
cuello blanco, mas no hay evidencia con nombres y apellidos, montos y
características de estos pillos que se enriquecieron con cargo al erario
público.
En suma, se ha privilegiado la impunidad que de vez en vez
se atiende con discursos harto conocidos, salpicados de demagogia justiciera.
Un ejemplo inmediato es el caso del ex director de Operaciones de la Comisión
Federal de Electricidad, Néstor Félix Moreno Díaz, quien casi al finalizar 2012
salió del Reclusorio Oriente de la ciudad de México, una vez cubierta una
fianza de 15 millones de pesos.
El PAN en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ha
propuesto una reforma al Código Penal Federal para castigar hasta con 12 años
de prisión e inhabilitación a gobernadores y alcaldes que irresponsablemente
endeuden a sus estados y municipios.
En casos como éstos, es una lástima que la ley no sea
retroactiva, porque Leonel Godoy y Marcelo Ebrard, Fidel Herrera Beltrán y
Humberto Moreira y Juan Sabines Guerrero serían buenos candidatos a vestir el
conjunto beige del reclusorio en turno. Y, bueno, el secretario de Hacienda y
Crédito Público, Luis Videgaray Caso, seguramente podrá explicar las causas por
las que el Estado de México registra una deuda superior a los 38 mil millones
de pesos.
Mediáticamente vende la nota de las deudas, como el caso de
Coahuila e incluso el del Distrito Federal y más el de Michoacán que sufre de
todo, pero legalmente no se ha procedido contra quienes las contrataron e
hipotecaron participaciones federales, es decir, el futuro de estas entidades.
Un ejercicio aleccionador, más allá de esos actos de quienes
desde las tribunas legislativas o las plazas públicas se desgarran las vestimentas,
sería llamar a cuentas a esos ex gobernantes y a quienes están en ejercicio,
tal cual es el caso del gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez.
Sin duda a estos delincuentes de cuello blanco les importa
un pito lo que se diga de ellos, mientras la mano de la justicia no los
alcance. ¿Será muy difícil que se aplique la ley con estos personajes? Digo.