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| Rodrigo Huerta Pegueros |
Cuando
un funcionario o político es sometido a juicio político y está en proceso su
instrumentación, el sujeto no deberá ocupar ninguna posición dentro de la
administración pública ni ser sujeto de alguna postulación para convertirse en
autoridad o legislador, ya que pesa sobre el individuo una acusación hecha por
una institución u organización social debidamente reconocida por nuestra
legislación.
Esto
viene a colación por la indebida designación que hizo en días pasados el
gobernador del estado de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero a favor de
Alberto López Rosas como Secretario del Trabajo y Previsión Social del estado,
cuando el propio mandatario, meses antes, lo destituyó fulminantemente como
Procurador General de Justicia del Estado, por su participación en los hechos
sangrientos ocurridos el 12 de Diciembre del 2011 donde perecieron dos
estudiantes de la normal estatal Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Fue
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien en uso de sus atribuciones y
después de investigaciones realizadas sobre lo sucedido, determinó hacer una
serie de recomendaciones tanto al gobierno del estado como al Congreso de
Guerrero a fin de que se sancionara a quienes violentaron los procedimientos y
se violaron flagrantemente los derechos humanos de varias decenas de
estudiantes normalistas.
Entre
estas recomendaciones está la petición de juicio político de parte del congreso
local en contra de los funcionarios estatales, Alberto López Rosas, quien
fungía como procurador de justicia y Ramón Almonte Borja quien se desempeñaba
como secretario de seguridad pública estatal.
La
comisión instructora del Congreso de Guerrero está realizando, según lo dicho
por el diputado del Partido Revolucionario Institucional y coordinador de su
bancada, Héctor Apreza Patrón, las investigaciones correspondientes y todavía
no ha concluido y por ende no se ha dictaminado ni subido a pleno para su
discusión y aprobación o rechazo, según sea el caso. Ante esta situación, la
bancada prisita hizo pública su posición respecto a la designación de López
Rosas como titular de la Secretaría del Trabajo y exhortó al gobernador Aguirre
Rivero para que reconsidere y en forma preventiva le retire el nombramiento a
fin de que no se violente el debido proceso que debe seguir la legislatura
local respecto a este caso específico.
La
bancada priista refirió que la designación del titular de la Secretaría del
Trabajo hecha por el gobernador Aguirre ‘’desde el punto de vista ético,
moral y jurídicamente, es improcedente una designación de esta naturaleza porque
en lugar de contribuir a apaciguar y promover la reconciliación de los
guerrerenses, viene a echarle gasolina al fuego y creo que en Guerrero no
estamos para eso’’, aseveró Apreza Patrón en su perorata.
La
opinión pública, desde el mismo viernes 17 cuando se anunciaron los cambios en
el gabinete del gobierno estaal, recriminó tal decisión del gobernador Aguirre
y lo mínimo que se le señaló fue su ‘’ausencia de sensibilidad política y su
respeto al poder legislativo y a la recomendación de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, quien en retiradas ocasiones ha cuestionado el ‘’tortuguismo’’
con el que ha actuado en esta materia el propio Congreso local. La ciudadanía
que recibió la información al respecto se preguntó ‘’que acaso no hay mas
personas que puedan ocupar tal cargo’’ o si esto fue ‘’una imposición de
los grupos perredistas en el estado’’, lo cual manda un mensaje equivocado
a la sociedad sobre la independencia que tiene el mandatario para remover y
designar a sus colaboradores.
El
exhorto que hacen los legisladores del PRI debe ser atendido por el mandatario
estatal si es que no quiere sufrir un revés por parte de los diputados cuando
voten el dictamen sobre el juicio político contra los funcionarios cuestionados
tanto por la CNDH como por amplias capas de la sociedad guerrerense y la
opinión pública que están esperando el resolutivo sobre el caso mencionado.
Periodista/Analista
Político*