Cuando
el pasado 24 de junio el Partido de la Revolución Democrática presumió un
“ejercicio inédito” que lo colocaba “a la vanguardia en transparencia del gasto
electoral”, porque puso a disposición pública el sistema de información digital
de los gastos de campaña de la Coalición Movimiento Progresista Campaña
Electoral Federal 2012, no hubo duda que se curaba en salud.
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| Moisés Sánchez Limón |
La
millonaria multa determinada a principio de esta semana por mayoría del Consejo
General del Instituto Federal Electoral, que en el caso de la coalición
Movimiento Progresista –integrada por el PRD, el PT y Movimiento
Ciudadano--asciende a 135 millones 433 mil 715.13 pesos, confirma esa maniobra.
Por
supuesto, la dirigencia nacional perredista y sus legisladores, entre ellos el
coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles
Conejo, reaccionó indignada contra el resolutivo que tuvo siete votos a favor y
uno en contra en el Consejo General del IFE.
“Otra vez,
es un asunto vergonzoso lo que hacen los consejeros electorales, lo que hace el
Consejo Electoral del IFE. Y, evidentemente, que habremos de recurrir a las
instancias que siguen, ante esta decisión de multar a los que menos gastaron”,
argumentó Silvano.
En tanto
el coordinador de los diputados federales del PRI, Manlio Fabio Beltrones
Rivera, más mesurado dijo que si hay inconformidades por
la multa que le aplicó el IFE --compartida con el PVEM suma 169 millones ocho
mil 285.35 pesos, la más alta—conforme al derecho del partido recurrirá al
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnarla.
Son dos
posturas contrastantes en forma, aunque en el fondo entrañan un reproche y
hasta descalificación hacia el resolutivo de un cuerpo colegiado, como es el
IFE, cuya obligación no está fincada en ser convidado de piedra a un proceso
electoral, porque la legislatura que lo creó y otorgó personalidad propia y una
discutible autonomía, pero finalmente autonomía ante la ley, es fundamental en
el proceso de maduración democrática de México.
No
sorprende esta recurrente postura de quienes pierden o ganan. Los primeros
suelen rasgarse las vestimentas y descalificar al árbitro electoral –al diablo
con las instituciones, calificó Andrés Manuel López Obrador cuando el IFE y el
TEPJF lo declararon derrotado en la aventura presidencial--; los segundos
ponderan las decisiones y hasta se vuelven efímeros defensores de la prístina
votación de consejeros y magistrados electorales.
Frente a
esta situación y los arrebatos panistas y perredistas en la Cámara de
Diputados, montados en esa necedad de no ir con el PRI en la elección del
noveno consejero electoral faltante, la reforma electoral ingresa en el
escenario recurrente del reparto de estancos en un órgano colegiado y otro
jurisdiccional que debieran ser de absoluta integración independiente, justo
para despejar de sospechas sus fallos.
¿Una
reforma electoral a modo? Sin duda es la que los principales partidos políticos
del país han impulsado, desde la misma ciudadanización del IFE en un mentís al
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Silvano
Aureoles Conejo, ex senador, es candidato al gobierno de Michoacán, del que fue
funcionario, y actual diputado federal, resulta hoy un crítico severo del IFE y
en especial de la Unidad de Fiscalización del Consejo General, tanto que
incluso ha planteado separar este vínculo en tanto, aduce, llega la propuesta
de crear el Instituto Nacional de Elecciones, dizque porque “no pueden ser juez
y parte”, es decir, que fiscalicen y aprueben.
¿Quiere
entonces Silvano un manto de impunidad y aspira al INE con una reforma a modo?
Postura pueril, indudable, como aquella de curarse en salud y supuestamente
abrir sus cuentas, de las que el consejero presidente Leonardo Valdés Zurita
dijo en su momento ojalá y coincidieran con las del IFE. Y no coincidieron.
¿Qué
hacer? Por el lado del PRI, Manlio Fabio Beltrones plantea que “debe
haber tantas reformas económicas y financieras, como sean necesarias, para
rescatar el crecimiento del país, y tantas reformas político-electorales que
sean necesarias, para darle credibilidad a los procesos, pero no debemos
condicionar una a la otra.
“Vayamos
recorriendo juntos ese camino y estoy seguro que la población nos entenderá
que, por un lado, hacemos las reformas económicas y financieras que generen
empleo a los mexicanos, a través del crecimiento económico y, por el otro, las
reformas político-electorales que les den satisfacción a los partidos
políticos, para contiendas más regulares”.
Sí,
¿y cuánto y qué se negociará en ese ánimo de otra reforma electoral y una
reforma política que dé nuevos derroteros a la democracia mexicana?
Los
partidos se han dado las reglas que han querido. ¿Gastaron de más? Que se
ajusten al reglamento y paguen la sanción; violaron la legislación electoral,
que asuman las consecuencias. ¿Alguien cree que no rebasaron los gastos de
campaña? Qué culpen a sus operadores, a los que cargaban la maleta para los
contratos de publicidad, transportes, propaganda, alimentos, compensaciones,
engañabobos. Lo demás, es pura demagogia; el derecho del pataleo porque, reza
la máxima: “el que calla, otorga”. Conste.