A punto de rendir su primer
informe de gobierno, Enrique Peña Nieto enfrenta la mejor embestida de
desprestigio y provocación orquestada contra su administración, que el 1 de
diciembre del año pasado irrumpió con violenta bienvenida al retorno del PRI al
máximo cargo de elección popular en el país: la Presidencia de la República.
Decíamos que Peña Nieto en
forma alguna estaba en obligación de legitimar su gobierno. Sin embargo, se
operó fina y sigilosamente el golpe contra el cacicazgo magisterial que el PRI
prohijó en 1989 en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con
Elba Esther Gordillo Morales como pieza central en ese ajedrez que mantiene en
crisis permanente al sistema educativo nacional.
Fue la aprehensión y
encarcelamiento de la maestra Gordillo una especie de manotazo de Peña Nieto
para demostrar que hay mando, poder y decisión. Empero, la forma en que se ha
conducido el proceso contra la ex lideresa del magisterio oficial, su reclusión
en un área de la torre médica del penal de Tepepan, por los rumbos de
Xochimilco, llama a sospecha de una obra bien montada.
Y es que, tal vez usted
estará de acuerdo en que todo el mundo pensamos que después de la maestra
habría otros caciques y delincuentes de cuello blanco en un singular carrusel
de aprehensiones y consignaciones ante juzgados penales. Pero no. Los
Deschamps, Flores y etcéteras lo mismo del dizque sindicalismo independiente
que del oficial, andan por ahí en la pasarela de la impunidad.
¿Así se ataca a la impunidad
y atiende a la demanda de justicia y legalidad de millones de mexicanos? Con
peleas arregladas sólo se resuelve la inmediatez mediática y se vuelve a más de
lo mismo con el consecuente descrédito.
No, no se trata de emprender
campañas de linchamiento y meter a prisión a tanto delincuente que transitó por
el sector público en los últimos doce años y que engruesan a ese interesante
sector de los nuevos ricos. Se trata, simple y llanamente de aplicar la ley, atender
denuncias, desempolvar expedientes que jueces y funcionarios públicos corruptos
convinieron en mandar al archivo muerto y declarar, en el ámbito
jurisdiccional, la no acción penal contra quienes se documentó la comisión de
delitos.
Veamos un buen arranque. Cuando
Jesús Murillo Karam asumió el cargo de procurador General de la República, sus
primeras decisiones generaron un buen ambiente en esos escenarios donde, de
siempre, ha campeado la impunidad y el uso de la procuración de justicia para
el cobro de facturas políticas y personalísimas.
Me cuentan, por ejemplo,
cómo en su momento desde Los Pinos ordenaron al entonces fiscal especial Pablo
Chapa Bezanilla emprenderla, a como diera lugar, contra Raúl Salinas de
Gortari. Pero al paso de los años, los delitos cometidos contra la
administración de justicia por Chapa Bezanilla y su entonces jefe y cómplice
Fernando Antonio Lozano Gracia, siguen impunes.
Tal vez llegó el momento de
aplicar la justicia a secas. Es necesario, fundamental no para legitimar al
gobierno de Peña Nieto, que se meta en cintura a quienes solventan, financian,
pagan esas movilizaciones del magisterio disidente que ya no sólo demanda
derogar la reformas a leyes secundarias en materia de educación, sino a la
Reforma Educativa completa, y advierte quedarse en la capital del país para
frenar otras reformas como la energética.
Tal vez, reitero, ha llegado
el momento de aplicar la ley. Al gobierno de Peña Nieto se le quiere calificar
de represivo, de asesino de luchadores sociales. Por eso la virulenta
provocación, por eso los destrozos como desahogo de frustraciones de estos
personajes callejeros que me resisto a llamar maestros.
Tal vez el país, los
mexicanos, estamos en el preámbulo de un camino rumbo a la normalidad, a la
seguridad. Pero, junto con los provocadores debe aplicarse la ley a los
funcionarios públicos heredados de administraciones recientes, que siguen
pegados al erario y con el sello de la impunidad.
Por ejemplo, el fallo del
juez Primero de Distrito en Materia de Amparo, con sede en Hermosillo, que
declara insubsistente la resolución del 20 de junio de 2009, mediante la cual
se desechó el ejercicio de acción penal contra servidores públicos involucrados
en el incendio de la Guardería ABC, en la capital sonorense, es una buena
noticia contra la impunidad.
En julio pasado, la PGR
informó que se habían realizado más de medio centenar de diligencias como parte
de una nueva línea de investigación iniciada a partir de una denuncia
presentada por el Grupo Manos Unidas por Nuestros Niños.
Recordará usted que se
procedió contra 29 personas, pero sólo está en prisión Delia Irene Botello
Amante, ex coordinadora zonal de Guarderías del IMSS. Los entonces, gobernador,
Eduardo Bours Castelo y director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, se consideraron
libres de culpa. Pero esta resolución del juez los pone en el dintel de la
acción penal.
Justicia a secas, ayuna de
componendas, despojada de esos asegunes que tanto irritan a la sociedad, es la
que debe aplicarse una vez que el presidente Peña Nieto rinda el informe del
estado que guarda la república, porque evidentemente se encuentra inmersa en un
estado de insultante impunidad y violenta provocación. Conste.