Esta rebelión magisterial contra la reforma educativa, más allá de sus motivos políticos y defensas a ultranza de cotos de poder, evidencia la ausencia del compromiso social y el cumplimiento de acuerdos que no trascendieron a leyes de observancia obligatoria como la garantía de educar y de comer.
¿Tienen derecho los maestros de abandonar a sus alumnos, negándoles el derecho constitucional que todo mexicano tiene a la educación?
Dirán los demócratas e izquierdistas de lavanda, dogmáticos y fundamentalistas del todo o nada, que la de los profesores, es una lucha legal y procedente, mas olvidarán que el tema de la modernización educativa lleva por lo menos dos décadas en busca del cáliz de la actualización para dotar de una educación de calidad a los mexicanos, y se ha perdido en la demagogia, las movilizaciones y los supuestos acuerdos de fondo. ¡Bah!
Pregunto ahora si políticos, gobernantes y legisladores tienen derecho a abandonar a millones y millones de mexicanos a su suerte alimentaria, en soslayo cuando no olvido total de lo previsto en la Declaración de Derechos Humanos que en 1948 consagró al derecho a la alimentación, que luego –en 1966--se integró al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Refiere dicho pacto que todos los seres humanos, independientemente de su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otro orden, origen nacional o social, posesiones, nacimiento u otra condición, tienen derecho a la alimentación adecuada y el derecho de vivir libres del hambre.
Y en este tenor recuerdo una cita de Miguel Concha, de un artículo suyo publicado en La Jornada, del 2 de julio de 2011, respecto de la visita oficial a México de Olivier de Schutter,relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, en la que éste “señaló aspectos positivos y negativos respecto del cumplimiento de este derecho por parte del Estado mexicano”.
Comentaba Concha que el relator “expresó su preocupación, porque en México 18.2 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza alimentaria”.
Han pasado más de dos años desde aquella declaración y en abril último se lanzó esta Cruzada Nacional contra el Hambre, bajo la responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Social, severamente cuestionada no tanto por sus alcances o condimentos de magia alimenticia condimentada con demagogia, sino porque su titular, Rosario Robles Berlanga, ha cometido el pecado capital de abandonar las filas de la izquierda para echarse a los brazos del oficialismo político, en el gabinete presidencial.
En fin, el caso es que esto del derecho a la alimentación igual se desempolva en épocas de sequía de votos que de respaldo popular. ¿Alguien de los senadores o diputados federales de la LXII Legislatura, es decir, de los que están en ejercicio del cargo de elección popular, recuerda que en abril de 2011 se aprobó en el Congreso la reforma los artículos 4 y 27 constitucionales que reconoce el Derecho a la Alimentación de todos los mexicanos?
El dos de septiembre de ese año, la entonces senadora priista María de los Ángeles Moreno Uriegas, en alusión a dichas enmiendas, calificó: “Esto es un importante logro de la lucha y perseverancia de las organizaciones campesinas, de la sociedad civil, así como de reconocidos intelectuales, académicos e investigadores y profesionales de la nutrición, así como de varios legisladores (…).
“La iniciativa aprobada incorpora en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos el derecho a la alimentación para toda persona, así como la obligación del Estado de garantizarlo”.
Por eso, sospecho que la diputada federal perredista Gloria Bautista Cuevas, presidenta de la Comisión de Asuntos Alimentarios, no ha leído acerca del tema. Y tanto lo desconoce que, mediante comunicado de prensa, este martes 17 de septiembre de 2013 ha informado que “prepara una iniciativa de Ley General del Derecho a la Alimentación”.
Sus fundamentos no tienen nada de especial, salvo la actualización del número de mexicanos que en estos días se encuentran en situación de hambre: 25.4 millones. ¿A quién le echamos la culpa de haber llegado a esa cantidad de mexicanos a los que se ha negado el ordenamiento de darles de comer? Sin duda a políticos y gobernantes que del hambre y la pobreza han hecho modus operandi para mantenerse en el poder.
¿Será mucho pedir que sean congruentes y eviten la amnesia política y cumplan las leyes? O será que, como pretende escolásticamente la diputada Bautista Cuevas, que se alimente a la población por decreto. Reformas van, reformas vienen. Digo.