Los desastres naturales son la misma piedra con la que se tropieza la misma clase política que cambia de siglas y banderías como mejor le conviene. Y son los mismos oportunistas que se trepan en la desgracia ajena para asumirse adalides humanitarios.
Pasan los años y la naturaleza sigue terca en no variar sus cauces; pasan los años y los políticos de ayer envejecen pero sus sucedáneos son fieles a la referencia y aprovechan condiciones de tragedia para aparecerse en público y reciclar promesas y condolencias que, de conocidas, suenan a demagogia.
Hace 28 años salimos a reportear las consecuencias mortales del terremoto del jueves 19 de septiembre de 1985 y nos encontramos con la clase política que, extemporáneamente pero escoltada y protegida, recorría avenida Juárez y Paseo de la Reforma y San Juan de Letrán y esas calles de las colonias Roma, Juárez, Tabacalera, Peralvillo, Morelos, Condesa y la unidad Tlaltelolco y los multifamiliares López Mateos.
Hace 28 años escuchamos y redactamos en las crónicas y las notas informativas declaraciones de los políticos de esos días, maquilladas de sentimentalismos y con advertencias justicieras cuando se supo que muchos, muchos de los edificios colapsados, eufemismo utilizado por Ramón Aguirre Velázquez, entonces jefe del Departamento del Distrito Federal, para no decir derrumbe, habían sido construidos sin ceñirse a los reglamentos.
La corrupción afloraba entonces como ahora en el municipio de Acapulco, en esa zona donde se alzó Ciudad Renacimiento y colonias como la Colosio de frente a esos edificios departamentales de lujo y hoteles de gran turismo.
Y es que los edificios se derrumban, no se paralizan que eso implica colapso. En fin. Se buscó a culpables, decíamos de haber autorizado construcciones con materiales deficientes o no del nivel y la calidad requerida.
Entonces cayó el que por esos días se desempeñaba como secretario de Ecología y Desarrollo Urbano, el arquitecto Guillermo Carrillo Arena, que había asumido la cartera en el gabinete de Miguel de la Madrid, luego de haber sorteado acusaciones de corrupción precisamente en el Fideicomiso Acapulco. Cosas de la vida política y periodística.
Carrillo Arena no volvió a las ligas mayores y su estrella se opacó en la actividad privada; pocas veces lo encontré en alguna reunión de carácter oficial y siempre vinculado al Colegio de Arquitectos. El terremoto del 19 de septiembre de 1985 lo marcó para el resto de sus días que se agotaron hace tres años, en octubre de 2010.
En esa lógica política, vale preguntar quién pagará por el desastre registrado en el municipio de Acapulco provocado por las lluvias torrenciales. ¿Manuel Añorve, ex alcalde del puerto y sus antecesores en el cargo? Porque a Luis Walton no se le puede cargar la responsabilidad de las licencias para construir unidades habitacionales y viviendas de carácter popular y de lujo insultante como hoteles de gran turismo y centros comerciales en zona de natural inundación porque forma parte de la zona lacustre que ya estaba ahí cuando alguien autorizó que constructores y autoridades corruptas levantaran diques en los desagües naturales.
Luego el oportunismo y las ganas de aparecer en la foto, en soslayo de la vieja conseja popular: “mucha ayuda el que poco estorba”.
Porque el diputado federal de Movimiento Ciudadano, Francisco Alfonso Durazo Montaño, presidente de la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados, informa que ésta instancia legislativa acordó integrar un grupo de trabajo de su junta directiva “para realizar recorridos por las entidades afectadas por los fenómenos meteorológico Ingrid y Manuel”.
¿A qué van los señores diputados? Dizque para “sumar esfuerzos con las autoridades federales y locales, apoyar la gestión de los recursos, verificar la asignación y atención transparente a los damnificados y “despartidizar” las ayudas”. ¿Se requiere de ese despliegue?
Eso es oportunismo, como lo es la donación –que seguro agradecen los damnificados--de 15 días de salario de diputados federales del PAN, pero que a la mera hora le regatearon algo así como 774 mil 781 pesos con 52 centavos, porque en total de los 114 integrantes de la bancada albiazul, aportaron tres millones 521 mil 822.52 pesos.
¡Ah!, pero no tocaron la otra parte de sus dietas que es de 45 mil 786 pesos por concepto de asistencia legislativa y 28 mil 772 pesos para atención ciudadana.
Oportunismo y demagogia, como la del diputado federal petista de ascendencia y nacencia perredista, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, que desde la tribuna discrepó del acuerdo de donar 5 días de dieta de cada uno de los 500 diputados federales, aunque los panistas decidieron que 15, pero diez los entregaron a la Cruz Roja, con foto de por medio, ¡faltaba más!
Y los 101 de la bancada del PRD también le entraron con 15 días. Manuel Añorve Baños, el ex alcalde que repite en la diputación federal plurinominal priista, quizá con cargo de conciencia le entró con un mes de su salario, pero se desconoce si del total de su remuneración que incluye la asistencia legislativa y para asistencia ciudadana.
¡Quién da más! Un mes, dos meses de dieta… Y que la historia consigne. Una comisión para investigar que no haya corrupción en la ayuda llevada a los miles de damnificados en Guerrero, en Veracruz… Es admitir, simple y llanamente que en esos menesteres campea la corrupción. ¿Y quién vigilará a los vigilantes, si son coyotes de la misa loma? Digo.