Corrían aquellos días del
movimiento estudiantil de 1968, con el corolario sangriento del 2 de octubre y
luego las breves y trágicas horas del 10 de junio de 1971, en los que la
fragilidad del sistema político se escudó en el uso de la fuerza para contener,
reprimir e imponer una idea de país y orden que la inmensa mayoría de los
mexicanos detestó.
Fragilidad del sistema que
los militares dejaron en manos de civiles y éstos, en menos de dos décadas se
encargaron de corromper, aunque utilizaron la estructura heredada por los
generales para controlar a la imberbe democracia e impulsar a las
instituciones, como obligada condición para permanecer en el poder en la
atención a necesidades prioritarias de educación, salud, cultura e
infraestructura.
La represión del movimiento
estudiantil fue diáspora social que posibilitó una reforma política cuyas
consecuencias vivimos en estos días de crispación, precisamente a consecuencia
de esas libertades que comenzamos a disfrutar con largueza en las
manifestaciones callejeras, plantones, campañas electorales y de expresión,
aunque persisten inercias caciquiles que pretenden controlar a los medios de
comunicación mediante la asfixia publicitaria.
Empero, no se puede negar,
por más que la pretensión tolerante así lo exija como condición fundamental de
convivencia social, que hay una parte de la sociedad que se niega a asumir la
responsabilidad del papel histórico que le toca ejercer, ya sea como oposición
de izquierda o porque simple y llanamente no simpatiza con los programas de
gobierno y su forma de ejercer el poder.
Vaya, es posible que usted y
yo no estemos de acuerdo con el gobierno de Enrique Peña Nieto, o en su caso
con la administración del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel
Mancera, ya por no compartir convicciones ideológicas y de partido, ya por
considerar que sus encomiendas obedecen a acuerdos supranacionales y de
conveniencia de grupos de poder, fácticos o no pero al final poderes paralelos
a los establecidos constitucionalmente, porque sus intereses van más allá y por
encima de los de la sociedad mexicana.
¿Será frágil el aún joven
gobierno de Enrique Peña Nieto? ¿Lo es el de Mancera? ¿Han cedido a los grupos
de poder, incluso los gobiernos estatales?
Hay casos donde las
condiciones de inseguridad demuestran que los gobernadores, no los gobiernos,
son débiles y de tanto evidenciarlo llevan a sus entidades al estado de
absoluta indefensión y estancamiento económico, educativo y social, que la
intervención de las Fuerzas Armadas se significa como la forma más efectiva de
declarar la desaparición de poderes, de sui generis manera que no se siente,
pero se observa.
Por ello la importancia del
mensaje que, mediante el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
envió el presidente Peña Nieto al país, desde el Palacio Legislativo de San
Lázaro, donde se encontraba reunido este domingo 1 de septiembre el pleno del
Poder Legislativo, el Congreso de la Unión, los diputados federales y los
senadores, pues, que determinaron concluir la tarea relativa a la reforma
educativa y aprobar, con adenda de por medio, la Ley General de Servicio
Profesional Docente.
Decíamos que desde el 1 de
diciembre del año pasado se pretendió orillar al naciente gobierno a estancos
de represión y llamarlo represor como mal augurio de un sexenio. No han caído,
ni Peña Nieto ni Mancera en ese garlito, aunque las consecuencias de ese dejar
hacer, dejar pasar, las han sufrido buena parte de la sociedad capitalina y de
aquellos estados donde los niños han sido abandonados por sus maestros que se
fueron a la ciudad de México a protestar porque se asumen ninguneados en la
legislación de reforma educativa.
“Por ello, el Gobierno de la
República considera que la política debe servir para hacer coincidir visiones
entre aquellos que piensan distinto. La política sirve para hacer énfasis en lo
que nos es común, en lo que nos acerca. Ésa es la política que hoy hacemos
todos, todos a favor de los mexicanos.
“En nuestro país nadie puede
imponer su verdad a los demás. Las ideologías no deben estar por encima de las
soluciones; ni los intereses de unos cuantos, anteponerse al bienestar de la
mayoría.
“Los mexicanos hoy, exigen
soluciones a sus problemas, y no problemas a cada solución que se plantea”,
dijo el presidente Peña Nieto en voz del secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong. De eso no hay duda alguna.
Osorio Chong aprovechó el
tiempo que tuvo al entregar el paquete del primer informe presidencial, en el
Palacio Legislativo de San Lázaro, justo unas horas antes de que los diputados
federales decidieran poner fin, en inédita sesión ordinaria, a la discusión en
torno de una reforma legal en materia educativa que fue elemento para provocar
represión.
Los maestros disidentes
tienen sus razones, quizá no del todo válidas, pero respetables como igual son
las del gobierno federal y de los legisladores. ¿Quién tiene la razón en aras
del bien común de millones de niños y adolescentes en proceso de formación
educativa? Todo radica en el respeto de quien piensa distinto y los acuerdos de
pluralidad y civilidad. Nadie es débil, nadie, por el hecho de ser tolerante y
evitar la represión. Débil aquel que en la violencia sustenta sus argumentos.
Digo.
sanchezlimon@gmail.com