Al presentar el Informe Especial sobre los Grupos de Autodefensa y la Seguridad Pública en el Estado de Guerrero, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, doctor Raúl Plascencia Villanueva señaló que es inaceptable que las comunidades tengan que asumir de manera permanente cargas públicas que no les corresponden, que pueden llegar a traducirse en reductos de poder en los que se ejerzan prácticas injustificables e ilegales.
Reiteró su preocupación por los peligros y retrocesos que representa la existencia de estos colectivos; sostuvo que la situación, lejos de normalizarse, se agrava y estas organizaciones aumentan cada vez más.
Indicó que la CNDH observa con inquietud la postura del gobierno de la entidad, que en un primer momento apoyó a estos grupos, incluso económicamente, los reconoció y realizó diversas acciones para alentar su surgimiento. Ahora se está dando la detención de sus integrantes, sin que al momento se adviertan acciones a fin de atender las causas de fondo que originaron su surgimiento.
Luego de meses de investigación, la CNDH advirtió la presencia de los mencionados grupos de autodefensa en las siete regiones de Guerrero, así como en 46 de los 81 municipios del estado; en ellos habitan 2 millones 307 mil 169 personas, que representa el 65.47% de la población total de la entidad.
El doctor Plascencia Villanueva indicó que la seguridad pública del estado enfrenta un momento muy sensible y delicado, no sólo en el número de delitos que diariamente se cometen sino por la violencia presente en su comisión, así como por las estrategias ineficaces para el combate a la inseguridad, lo cual conlleva a que los derechos humanos se vulneren día con día.
Comentó que como consecuencia de las lamentables condiciones sociales, la falta de respuesta eficaz del estado y el vacío que generaron las autoridades estatales y municipales, varios grupos han decidido tomar el control para defenderse de la violencia e inseguridad que invaden sus comunidades.
Ello provoca, dijo, un nuevo escenario de inseguridad pública, que se ve reflejado en fuertes espirales de violencia, ante las cuales grupos de la sociedad toman la “justicia por propia mano”, en razón de la impunidad y el abandono del ejercicio de la función de seguridad pública fundamental.
Con ello, agregó, las autoridades no solamente han puesto en riesgo los valores de la convivencia social, atentando en contra de la vigencia del Estado de Derecho, sino también generando condiciones de inseguridad, lo cual limita la posibilidad de que los guerrerenses puedan desarrollarse libremente.
Para realizar este informe, este Organismo público autónomo visitó en total 64 municipios y 37 comunidades de Guerrero; tuvo conocimiento de dos mil 193 víctimas por desplazamiento forzado.
En el informe, conformado por 11 tomos con un total de 6 mil 298 fojas, la Comisión Nacional da 10 conclusiones. Destaca que 66.50% de la población de los 46 municipios mencionados se encuentra en situación de pobreza; existen carencias básicas que impiden a los individuos contar con un nivel de vida adecuado.
Tal exclusión se debe a un abandono de las funciones del Estado en materia de derechos sociales, que demuestra que las autoridades no han tomado las medidas encaminadas para resolver el rezago en que habitan estas personas, propiciando que se generen zonas sin ley, donde impera la violencia
En el informe, que fue presentado en las instalaciones del Programa de atención a Víctimas (PROVICTIMA), la CNDH hace 14 propuestas, una de ellas al Senado de la República al que le pide adoptar las medidas necesarias para analizar la situación que impera en el estado, propiciada por el abandono en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad pública y vigencia efectiva de los derechos humanos que afecta la vida de sus habitantes.
Al titular del Poder Ejecutivo del estado de Guerrero, le hace 7 propuestas, especialmente implementar medidas inmediatas para recobrar las funciones de seguridad pública, la paz y el orden público; asimismo establecer las condiciones para asumir el ejercicio de la función de gobierno y se abone a la plena vigencia del Estado de Derecho en las comunidades y municipios; en el mismo sentido hizo tres propuestas al Congreso del Estado y a los Ayuntamientos de la entidad.