El senador René Juárez Cisneros propuso una reforma a la Ley Minera para que en regiones mineras se puedan realizar otras actividades productivas en consonancia con programas de protección ambiental de los recursos naturales, conforme a las metas del Ordenamiento Ecológico Nacional. En la sesión de este día, el legislador por Guerrero expuso que su iniciativa pretende que sin afectar el patrimonio natural de la nación, que la industria minera conviva en armonía con otras actividades productivas y sociales en las comunidades donde se lleva a cabo el desarrollo de la concesión minera.
Asimismo, expresó, se fomentará una participación coordinada y una mayor vigilancias entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, ciudadanos y organizaciones ambientalistas, sobre los procesos que tienen como fin la autorización de actividades mineras con el método de lixiviado de minerales, evitando con ello, afrontar consecuencias ambientales y sociales que han afectado a comunidades agrarias enteras.
El senador Juárez Cisneros comentó que actualmente existe una ley en la materia, lo que ha permitido fortalecer el papel promotor y regulador del sector público en el campo de la minería y al mismo tiempo propiciar una participación directa de los sectores privado y social, así como de la inversión extranjera en la actividad minera.
Hoy la actividad minera contribuye positivamente como generadora de divisas mediante la exportación; sin embargo, el desarrollo y modernización de este sector, como el de la mayor parte de la industria, lleva implícitas afectaciones en la ecología que no deben ser soslayadas en el diseño y ejecución de las políticas para su desarrollo, aclaró.
Por lo expuesto y conforme a acuerdos internacionales, es fundamental que el Gobierno mexicano tome medidas, ya que a eso nos hemos obligado a nivel internacional a favor de los pueblos indígenas, insistió el senador René Juárez.
En este sentido, es necesario que nuestro país dé pasos firmes para llevar a cabo la defensa de los intereses y derechos colectivos para establecer leyes convenientes en beneficio de los habitantes, pueblos y comunidades vulnerables, que obliguen a las empresas mineras y a las autoridades responsables, a preservar bosques, aire y aguas en beneficio de la sociedad, así como canalizar todas aquellas inconformidades ciudadanas contra una entidad o empresa privada, concluyó.