El funcionario estatal se reunió en la sala de juntas de la Secretaría de Gobierno con los integrantes de la Comisión Implementadora del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, integrado por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Lambertina Galeana Marín; el secretario de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPyPC), Leonardo Octavio Vázquez Pérez; el subprocurador de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Ricardo Martínez Chávez; la directora general de Administración y Desarrollo de Personal, Soraya Benítez Radilla, y el subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Pública (SDUOP), Luis Mario Ladín Saldaña.
La reunión fue con el objetivo de ultimar detalles de la forma en que iniciará este nuevo sistema de justicia, por lo que Martínez Garnelo invitó a los representantes de los tres poderes del estado a mantener una coordinación permanente y estrecha para trabajar en este nuevo sistema.
Dijo que tiene la indicación del gobernador Ángel Aguirre Rivero de trabajar de manera coordinada y conjunta para iniciar en este sistema, al que definió como “histórico y trascendental, y que será sin duda, un legado para las futuras generaciones”.
Además, ofreció a los integrantes de la Comisión Implementadora toda la disposición de la administración estatal para que se pueda iniciar los primeros días de septiembre en la región Norte, en el municipio de Iguala, que ya cuenta con salas de oralidad equipadas en el Palacio de Justicia de esa ciudad.
En el encuentro se acordó que será en los primeros días de septiembre cuando iniciará el Sistema de Justicia Penal, para dar cumplimiento a lo que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que prevé en sus artículos del 16 al 22 y 73, fracciones XXI y XXIII, 115, fracción VII y 123, Apartado B, Fracción XIII.
Los integrantes de la Comisión de Implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio coincidieron en que este sistema constituirá un avance importante en el sistema de administración y procuración de justicia, otorgando transparencia y certeza a las víctimas del delito, aunado al uso de medios alternativos de solución de conflictos, teniendo como base la oralidad y la prontitud para alcanzar una impartición de justicia que garantice a cada ciudadano el respeto a sus derechos humanos.