A Yaz y Moy por su perseverancia y ejemplo
Michoacán, Tabasco, Coahuila, Guerrero y Oaxaca, Tamaulipas y Chihuahua, cada cual en su momento y circunstancias, se alzan ejemplos de territorios permeados por la corrupción y la impunidad, el control del crimen organizado y la connivencia de políticos y delincuentes.
A Michoacán se cita consecuencia del dejar hacer dejar pasar, cerrar los ojos y asumir complicidades que permitieron el imperio del más fuerte, del dueño de las armas y de la capacidad de infundir terror entre políticos y ciudadanos hasta doblarlos y hacerlos socios y ayudantes en el bárbaro ejercicio del poder. O matarlos; así de cruel y así de sencillo.
Una muestra puede ser la evidente ejecución del diputado federal priista jalisciense Gabriel Gómez Michel, a manos del crimen organizado. La firma de la casa está en la incineración del vehículo y de sus dos ocupantes, es decir, del legislador y un acompañante levantados el lunes último cuando viajaban del poblado El Grullo al aeropuerto internacional de Guadalajara.
Empero, en tanto se investiga el crimen y sus causas, el michoacano Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Cámara de Diputados, francamente alarmado refiere que el del diputado Gómez Michel “no es un caso aislado, no es el primero. Y no me alegra, por cierto, indigna y ofende, pero lo que expresa esto es que las fuerzas oscuras, las fuerzas delincuenciales han logrado tal capacidad económica, de fuego, de infiltración y de manipular distintas esferas del gobierno que los focos deben mantenerse prendidos, no en amarillo, sino en rojo”.
Por ello, demandó respuesta ejemplar de la autoridad de la República, por la condición de tratarse de un miembro del Poder Legislativo, pero igual si se tratara de cualquier ciudadano que pierda la vida en estas circunstancias condenables y lamentables.
Pues bien, en manos de los diputados federales está incidir en el nuevo esquema de procuración de justicia del país, del combate a la corrupción, ésta que implica perseguir a la delincuencia de cuello blanco, por la comisión de delitos federales. Incluso a los delitos electorales, donde la mano del crimen organizado ha estado metida en no pocos procesos estatales y federales.
Y es que, este martes, Silvano Aureoles Conejo recibió la iniciativa del Presidente de la República que expide la Ley de la Fiscalía General de la República e implica el cambio de la Procuraduría General de la República en Fiscalía General de la República (FGE). Por ahí debe venir la iniciativa correspondiente a la Fiscalía Anticorrupción (FA), ésta que debe suplir a la Secretaría de la Función Público para vigilar que los servidores públicos se porten bien y que no hagan como que son impolutos e incorruptibles.
Cada cual, la FGR y la FA, tendrá sus ámbitos de competencia, aunque al final su objetivo es el mismo: recuperar la credibilidad ciudadana, investigar y procurar justicia, perseguir a delincuentes de cuello blanco y criminales organizados para traficar drogas y personas, unos que asaltan en el mostrador y la ventanilla de trámites, que trafican influencias y cobran diezmos y se enriquecen desde los altos cargos de la burocracia de pedigrí, y de esos que asaltan a comerciantes, que cobran derecho de piso, que trasiegan drogas y compran voluntades y complicidades de policías y políticos.
Del espíritu de la Ley de la Fiscalía General de la República, la exposición de motivos de la iniciativa firmada por el presidente Enrique Peña, se refiere que busca fortalecer la función del Ministerio Público Federal y plantea la creación de dos órganos especializados para combatir corrupción y delitos electorales.
La FGR será autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propios e “intenta consolidar la función del Ministerio Público de la Federación al dejar de ser percibido solo como un operador estrictamente jurídico y visualizarlo como un agente que cumple con una función social relevante, que es la de ejercer la acción penal en representación de la sociedad, brindar apoyo y asistencia a las víctimas de delitos a fin de garantizar su acceso a la justicia, el respeto a sus derechos humanos y, en general, hacer cumplir la ley, lo que contribuye al fortalecimiento del Estado democrático de Derecho”.
El Fiscal General durará nueve años en el cargo; su designación, como ocurrió con Jesús Murillo Karam --en los hechos será el último Procurador General de la República-- correrá de manera conjunta entre el Ejecutivo y el Senado de la República.
Usted se preguntará qué diablos tiene que ver con el tema de la FGR y el combate a la corrupción y la delincuencia organizada, la construcción del el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que, igual que la encomienda del Fiscal General, será transexenal y seguro el presidente Peña Nieto y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, no serán testigos de la conclusión e inicio de operaciones de dicha terminal aérea.
Mire usted, otorgar el beneficio de la duda a la oferta política de campaña, ha tenido consecuencias funestas para el país. Ya ve cómo nos fue con Vicente Fox, el que acabaría con las víboras y tepocatas y metería a prisión a verdaderos peces gordos, porque Pancho Barrio tenía esa encomienda como secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.
Por ello, es importante la garantía que este martes hizo el secretario Ruiz Esparza en la Cámara de Diputados, de total transparencia en el ejercicio de los recursos que se erogarán en la construcción del nuevo AICM. Y es que gastarse 169 mil millones de pesos en una obra de esa magnitud, llama a desconfianza. En arca abierta hasta el más justo peca, reza la máxima. Y en esto de transar con la obra pública, priistas, panistas y perredistas no han tenido parangón.
El secretario Ruiz Esparza dijo a los diputados federales, en su comparecencia con motivo de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de Peña Nieto, que se adoptarán varias medidas para transparentar el ejercicio de esos dineros.
Por un lado, dijo, en una página de internet se informará diariamente del avance del proyecto y, por otro, se contratará a un despacho especializado, con experiencia y prestigio internacionales, “que llevará una auditoría permanente del flujo de recursos y del avance de la obra y se contará con testigo social”.
Hay evidencia de que, ahora sí, hay voluntad política para combatir a la corrupción, éste caldo de cultivo del crimen organizado. Ojalá. Digo.
MIÉRCOLES. Por cierto, en su comparecencia ante comisiones de la Cámara de Diputados, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, respondió puntual a los cuestionamientos de los legisladores; conoce su chamba y no cayó en la provocación del emeceísta Ricardo Mejía Berdeja, a quien todo le parece oscuro, oscuro. Conste.
@msanchezlimon