 |
| CARLOS REYES ROMERO |
Las ideas de libertad son como olas en
el océano, pero cuando son producidas por una inconformidad social se
convierten en tsunamis.
Del pensamiento masónico
La decisión del gobierno de liberar a los
11 detenidos el 20 de noviembre pasado, pone de relieve la singular situación
en que se adentra el país, donde amplios sectores de todas las clases sociales,
incluidos los empresarios y las fuerzas armadas, están hartos de la
inseguridad, la impunidad y el contubernio de autoridades, policías y
criminales y se niegan a continuar gobernados como hasta ahora y, por otra
parte, el gobierno, en sus tres órdenes, tampoco puede seguir gobernando de la
manera como lo ha venido haciendo.
Las soluciones represivas pierden
eficacia y se agotan cuando sólo sirven para acrecentar la inconformidad
social, cuando convierten las olas en tsunamis.
Urgen soluciones y acuerdos políticos
de fondo que le permitan al país retomar el rumbo de la transición democrática
y poner en plena vigencia la sujeción de los gobernantes y los gobernados a
leyes justas.
El Decálogo propuesto por el presidente
Peña Nieto, el 27 de noviembre, es limitado e insuficiente porque está diseñado
bajo la visión de cambiar para que en realidad nada cambie, maniobra a la cual
se recurre cuando el malestar social amenaza convertirse en avalancha.
Son cinco las medidas aceptables de Enrique Peña Nieto,
la cuarta: establecer un número de teléfono único
para emergencias a nivel nacional; la quinta:
establecer la clave única de identidad; la sexta:
realizar un operativo especial en la región conocida como Tierra Caliente
(Guerrero, Michoacán y Edomex); la octava:
fortalecer y poner al día los instrumentos para proteger los derechos humanos,
para que en casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial,
las investigaciones sean oportunas, exhaustivas e imparciales; y la décima: establecer un portal de
información sobre los proveedores y contratistas de toda la administración pública
federal.
Según Peña Nieto estas medidas tienen
como objeto fundamental fortalecer el Estado de Derecho en México, pero lo insuficiente
de las restantes cinco medidas no permitirá que se logre bien este propósito.
Veamos.
Primera medida. Iniciativa de reforma
constitucional para expedir la Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado
en las Autoridades Municipales. ¿Por qué sólo en el ámbito municipal, cuando es
bien sabido ˗y con Iguala se ha
puesto plenamente de relieve˗ que la infiltración del crimen organizado abarca también
al gobierno federal y a los de los estados y que existen indicios suficientes
de su penetración en los poderes Legislativo y Judicial?
Para que esta medida pueda ser realmente
efectiva y eficaz debe orientarse a blindar a todos los poderes públicos de los
tres órdenes de gobierno contra la infiltración del crimen organizado. Esa sí
sería una decisión audaz y firme.
Segunda medida. Iniciativa de
reforma constitucional que redefina y dé claridad a todo el sistema de
competencias en materia penal.
El presidente afirma que hay “un complejo sistema de
competencias penales, que genera dispersión de responsabilidades, confusión en
la aplicación de la ley y, lo más grave, impunidad”; lo cual es cierto.
Pero no dice nada acerca de la necesidad de otorgar a los
mexicanos el derecho de acudir directamente ante un juez en demanda de justicia
penal, ni de limitar el monopolio del ministerio público para el ejercicio de
la acción penal a los delitos que se persiguen de oficio, ni de imponerle la
obligación de defender y garantizar los derechos de las víctimas y la
reparación del daño, aunque éstas hayan acudido a presentar su denuncia directamente
ante un juez.
Tercera medida. La creación
obligatoria de Policías Estatales Únicas. Hace ya varios lustros que el mando
de todas las policías del país está en manos de oficiales del ejército. Las
fuerzas armadas conocen perfectamente las redes del crimen organizado, sus zonas
de influencia, estructuras y mandos, pero se les impide actuar con efectividad;
sus acciones son selectivas y políticamente condicionadas.
Esto ha generado un profundo
descontento al seno de las fuerzas armadas, porque las limitaciones y
prohibiciones que les imponen los gobernantes, impiden o limitan el real y
efectivo combate al crimen organizado.
Para una mayor y mejor seguridad y justicia hay que dotar
a todas las policías estatales y de proximidad de la facultad para consignar
directamente ante un juez a los presuntos delincuentes, de otra manera carecen
de la herramienta principal para su labor. Por otra parte, el mayor gasto
presupuestal destinado en los últimos lustros a seguridad y justicia, no ha
sido acompañado de mayor eficacia ni de mejores resultados.
Séptima medida. Impulsar
acciones y reformas adicionales para hacer efectivo el derecho humano a la
justicia.
Propósito loable, pero para lograrlo hace falta
descentralizar la impartición de justicia y acabar con la corrupción del
ministerio público; devolver a los Ayuntamientos la facultad de perseguir y
sancionar delitos y a los pueblos y comunidades el ejercicio directo de la
seguridad y la justicia como lo preceptuaba originalmente el artículo 20
constitucional.
Debe establecerse como principio fundamental del sistema
judicial el logro de la justicia y no sólo el debido proceso, porque esta
confusión prohíja mucha impunidad.
Novena medida. Promover la
pronta aprobación de diversas leyes y reformas en materia de combate a la
corrupción. Medida necesaria y urgente, pero a la vez es la más insuficiente de
todas.
No basta tener buenas leyes. Se requiere ante todo de voluntad
política y de instrumentos capaces de garantizar su recta y efectiva
aplicación. Urge un acuerdo de todas las fuerzas políticas y un Consejo de
Estado, que garanticen honestidad pública, cero tolerancia al delito y a la impunidad,
fin a la colusión gubernamental y policíaca con el crimen organizado y blindaje
y limpieza efectiva del sistema electoral.
Hay que concluir la reforma del sistema de inmunidad
constitucional para los servidores públicos, a fin de que éstos puedan ser
sujetos de responsabilidad penal sin necesidad de desafuero. Hay que acabar con
el solapamiento y la impunidad de quienes desde los cargos públicos trasgreden
la Ley.
Nuestros gobernantes deben entender que es la hora de
cambiar y hacerlo con celeridad y eficacia, sino queremos que el país se nos
vaya de las manos. Las medias tintas y las soluciones limitadas sólo
acrecientan el encono social e imposibilitan la paz y la concordia. México tiene
derecho a otro destino.