Cuando Andrés Granier
Melo, Humberto Moreira, Ángel Heladio Aguirre Rivero, Vicente Fox Quesada,
Martí Batres Guadarrama, Felipe Calderón Hinojosa, Lázaro Cárdenas Batel,
Andrés Manuel López Obrador, Leonel Godoy Rangel, Fausto Vallejo, José Luis
Abarca, Gabino Cué Monteagudo, Rafael Moreno Valle Rosas, Juan Sabines
Guerrero, Pablo Salazar Mendiguchía y otro importante número de próceres de la
familia política mexicana fueron postulados a los cargos de elección popular
que ocuparon y ocupan unos, ningún ciudadano y tal vez ni el dedo del gran
elector imaginó lo que harían en el poder.
Lo cierto es que más de un
ciudadano ha renegado en público y en privado de haber votado por estos
personajes, una vez que han demostrado capacidad para cometer pillerías e
incapacidad para gobernar o, el recurrente concepto de que todo lo ofrecido en
campaña fue demagogia.
Paráfrasis de don Pepe
López Portillo: “Ya nos engañaron, nos volverán a engañar”. Porque, como se ha
visto y de esto nadie puede llamarse engañado (da), pese a haber sufrido los
despropósitos administrativos y políticos de individuos como Rafael Moreno
Valle Rosas o el cinismo de Leonel Godoy, de volver a buscar un cargo de
elección popular, habrá quienes votarían por ellos, sin empacho. Ninguno es
aprendiz ni aspirante; todos son políticos con experiencia. Pero…
Esto es el cuento de nunca
acabar y, como evidencia del costumbrismo mexicano, suele incurrirse en la
amnesia política y se otorga el beneficio de la duda al gobernante, legislador
o funcionario público que ha robado, engañado, escandalizado y enturbiado el
clima social, con el voto en las urnas.
Por eso, en México no hay
políticos profesionales de carrera; los hay de temporal y agostadero, para el
caso representan lo mismo y, salvo contadas excepciones, maduran de un cargo a
otro, son los que, generalmente como plurinominales, impulsan el trabajo
legislativo. Pero, y qué de los gobernadores que sólo pueden aspirar a volver
al Congreso y, en el extremo, aceptar una diputación local o, hasta una
alcaldía, porque el sueño dorado de llegar a la Presidencia de la República,
está reservado.
El caso es que el destino
de buena parte de este conjunto de prohombres y mujeres políticos, no son
claros al terminar una encomienda. Empero, ¿quién apuesta por ellos, por su
honorabilidad? Son piezas del tablero de intereses.
Porque, mire usted, que
sepa, en las comisiones de elecciones de los partidos políticos sólo hay
aprendices de brujo mas no adivinos; hay analistas que se encargan de definir
los perfiles de los candidatos pero no tienen el don de prever qué harán éstos
en el futuro. ¿Alguien se imaginó en 1994 que el diputado federal tamaulipeco
Manuel Muñoz Rocha iba a ser perseguido por señalársele autor intelectual del
asesinato de José Francisco Ruiz Massieu?
Hay responsables de pautar
porcentajes y cargos que corresponden a cada sector, corriente, tribu o como
usted quiera llamarle, al final son los cotos de poder que se reparten el
pastel de las posiciones en el Congreso de la Unión, gobiernos estatales y
municipales, regidurías y diputaciones locales.
Este no es ningún secreto.
Todo el mundo sabe cómo se las gastan en las cúpulas del partido que sea, en
esto del reparto de candidaturas. Y la inmensa mayoría de éstas responde a los
acuerdos que se logren en esto de las alianzas o los acuerdos inconfesables.
En suma, nadie puede
garantizar que haya una aduana con el más estricto filtro para evitar el paso
de personajes como el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, o el diputado
federal perredista Julio César Godoy Toscano, de quienes un buen número de
miembros del alto mando perredista hoy se quieren deslindar a como dé lugar,
cuando es conocida su relación, incluso de encubrimiento y complicidades,
delitos que no se les pudieron fincar a los más directamente involucrados,
porque tenían fuero.
Así, el escándalo de Iguala con los
normalistas de Ayotzinapa y las relaciones de la llamada familia imperial con
el entonces gobernador del estado de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, se
significa por el severo desgaste, crisis de credibilidad y desgaste doméstico
que sufrió el PRD, al final de cuentas el directamente responsable de haber
nominado a Aguirre y Abarca a los gobiernos estatal y municipal.
Otros, como el PAN y
Movimiento Ciudadano, han hecho mutis y evitaron cualquier declaración, se han
mantenido en bajo perfil respecto del tema de Ayotzinapa, porque fueron parte
de la alianza que llevó a Aguirre Rivero al gobierno del estado de Guerrero.
¿Alguien supuso en 2011 que Ángel Heladio estaría bajo sospecha de vínculos con
el crimen organizado? ¿Alguien previó que lo defenestraría la complicidad con
Abarca y la esposa de éste? Por supuesto no.
Pero ha sido una enorme
lección política que hoy tiene similitud con aquel refrán que reza: “el que con
leche se quema, hasta al jocoque le sopla”.
Así, pareciera que en el
PRD, apresurados por aquel penoso y escandaloso asunto, han encontrado la
fórmula para vacunarse de malos elementos y contar con un filtro que evite el arribo
de personajes de dudosa honorabilidad o sospechosos de ser candidatos con
gastos pagados por la mafia mexicana.
En el PRD, este domingo,
comenzó el proceso de registro de precandidatos a diputados federales por el
principio de mayoría relativa y, el ex secretario general del CEN del PRD y
actual diputado federal, amén de integrante de la Comisión Nacional de
Seguimiento de Candidaturas perredistas, Alejandro Sánchez Camacho, miembro de
la corriente Izquierda Democrática Nacional, de la que es cabeza el profesor
René Bejarano, asegura que “se cerrará la puerta a personas vinculadas con el
crimen organizado”. Además, garantiza que “se revisará con lupa el perfil de
los postulantes, para evitar más casos como el del ex alcalde de Iguala, José
Luis Abarca”, y hasta habrá encuestas “espejo” entre la ciudadanía para tener
la certeza de que el aspirante a ocupar un cargo de elección popular sea el más
adecuado. Estamos listos para frenar cualquier infiltración a nuestras filas de
aspirantes ligados con la delincuencia organizada”, acotó Sánchez Camacho. ¿Le
creemos? Digo.
LUNES. La agresión de
integrantes de la CETEG contra colegas del estado de Guerrero, en Tlapa; asumirse recurrentemente como víctimas,
cuando encapuchados vandalizan, roban y golpean a ciudadanos y a policías
federales y estatales, la postura de ahorcar económicamente a la entidad, son
puntos que van más allá de una causa justa. Ayotzinapa y sus 43 normalistas
desaparecidos no merecen ser vinculados con ese tipo de individuos. Conste.
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