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| JOSÉ MANUEL GÓMEZ |
Es innegable que los
funestos acontecimientos del pasado septiembre en Iguala, representan un punto
de inflexión en la realidad social, política y económica de Guerrero, de la
noche a la mañana el gobierno, en sus tres niveles, se ha visto estremecido en
sus pedestales y ha sido reducido a un lamentable espectador de una serie de
protestas, en esencia justas, pero en la práctica cada vez más condenables,
pues no se puede condenar la violencia, mientras se cometen actos de violencia.
Al ataque en contra de las instituciones, la agresión en contra de los
elementos policíacos y el bloqueo a las vías de comunicación, debemos agregar
la irrupción de los manifestantes a un evento de periodistas en Tlapa de
Comonfort, donde los miembros del gremio periodístico fueron retenidos por
varias horas, atentando con esto al
derecho de la libre expresión; convirtiendo a los manifestantes, en cierta
manera en eso que ellos juran, estar combatiendo, un poder opresor que atenta
contra las garantías individuales.
Con estos acontecimientos,
que para los más entusiastas representan el inicio de un nuevo orden, más justo
e igualitario; pero que a la luz de los acontecimientos solo parece dirigirse
hacia una profunda crisis: económica porque el principal afluente del que bebe
la economía estatal, el turismo se ve amedrentado, político porque los
manifestantes han amenazado con boicotear el proceso electoral en puerta y tal
vez lo más lamentable de libre expresión que no hará más que dificultar el
panorama estatal y el regreso del orden a un Estado que se encuentra totalmente
envuelto en el caos.