COMUNICADO
El viernes, en alusión a la solicitud que dirigí a la dirigencia nacional y estatal del Partido Acción Nacional para que le retire la candidatura a la Alcaldía de Acapulco al contador público y ex gobernador del estado Zeferino Torreblanca Galindo, el señor Alejandro Martínez Sidney, secretario general del PAN, defendió a Zeferino Torreblanca porque según él no existe "un señalamiento real" de parte de la Fiscalía General del Estado, y si existe lo desconoce, por tanto, dice, le solicitarán que presente su documentación ante la Comisión Nacional Permanente para que sea esa instancia quien autorice o niegue su registro.
Y ayer sábado, el candidato del PAN al gobierno del estado, el señor Jorge Camacho Peñaloza, defiende también a Zeferino Torreblanca y afirma que “yo seguiré insistiendo que Zeferino es inocente hasta que se le demuestre lo contrario”.
En realidad Martínez Sidney y el candidato del PAN demuestran un profundo desdén a mi solicitud y cierran los ojos ante hechos y evidencias que son de conocimiento público y que muestran el verdadero perfil del contador Torreblanca Galindo. La reacción de ambos se basa en la seguridad que tienen de que Zeferino Torreblanca puede obtener de la Fiscalía General del Estado la carta de no antecedentes penales, sin mayor problema. Esa seguridad se basa en el hecho de que el contador Torreblanca Galindo ha comparecido hasta ahora ante la Fiscalía del estado en calidad de testigo y no de indiciado, como corresponde por el grave señalamiento que pesa en su contra por su presunta autoría intelectual del asesinato de quien fuera mi esposo, el diputado Armando Chavarría Barrera.
El señalamiento contra Zeferino Torreblanca consta en el expediente de la averiguación previa en custodia de la Fiscalía General del Estado. Y en rigor, de acuerdo a la legislación vigente en Guerrero, eso constituiría un antecedente penal.
Si el ex gobernador Zeferino Torreblanca no ha sido investigado, ni indiciado, es porque ha recibido protección desde las esferas del poder público. Primero se protegió él mismo cuando era gobernador, y después lo protegió de una manera evidente el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien cínicamente lo reconoció en sus declaraciones a los medios de información.
La ley indica que el Ministerio Público acreditará el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad del indiciado como base del ejercicio de la acción penal, y que procederá contra los acusados cuando existan indicios de su responsabilidad. Prevé textualmente que ese mecanismo debe ser emprendido, entre otros motivos, cuando “alguien lo señala como responsable”. Y Zeferino Torreblanca está señalado.
Por otra parte, el artículo 69 del Código de Procedimientos Penales señala que “en estos casos, el Ministerio Público iniciará la Averiguación Previa, decretará la retención del indiciado, si están satisfechos los requisitos de procedibilidad y el delito tiene señalada pena privativa de libertad; en caso contrario, ordenará su libertad”.
A mayor abundamiento, el artículo 74 indica que “el Ministerio Público ejercitará la acción penal, solicitando la aprehensión o comparecencia del inculpado, según proceda, cuando a su juicio se hayan comprobado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del mismo”; mientras que el artículo 121 define que “los indicios son hechos conocidos de los que se infiere, lógicamente, la existencia de los hechos que se pretende acreditar”.
Es evidente, por lo tanto, que existe en este caso una clara denegación de la justicia y encubrimiento hacia el presunto responsable del asesinato, que el PAN, sus dirigentes locales y ahora el candidato de ese partido, utilizan como pretexto para declarar la inocencia del ex gobernador Zeferino Torreblanca.
En ese contexto, ¿cuál es la moral y el sentido de justicia que defiende el PAN? ¿Cuál es la moral del candidato del PAN a gobernador, Jorge Camacho Peñaloza, para defender a un presunto homicida como Zeferino Torreblanca y apoyar, pese a todo, hacerlo candidato a la alcaldía de Acapulco? Ese es el punto en cuestión. Así defendían algunos líderes del PRD al ex alcalde de Iguala José Luis Abarca, que estaba acusado formalmente ante el ministerio público y públicamente como asesino, sin que las autoridades hicieran absolutamente nada hasta que llegó la fatídica noche del 26 de septiembre en Iguala. Ese es el punto.
Atentamente
Martha Idalia Obezo Vda. de Chavarría