Sin apoyo de gobiernos y en medio del fuego cruzado de los cárteles
Hace más de tres años huyeron de Ocurague, un pueblo enclavado en el Triángulo Dorado, muy cerca de Badiraguato, Sinaloa. Se cansaron de las ráfagas de metralleta, de levantar y contar a sus vecinos y parientes muertos “como daños colaterales” del enfrentamiento entre dos cárteles de la droga y un 12 de enero del 2012 dejaron atrás las casas, las parcelas, el ganado y los sepulcros para tratar de sobrevivir.
Esperanza Hernández Lugo, una de las mujeres desplazadas narró a The Exodo que “por las noches dormíamos a medias, ya teníamos mucho tiempo que sufrimos de miedo. Por la noche si oíamos balas o algún carro, nos salíamos al monte corriendo porque no sabíamos qué iba a pasar”.
No huyó sola. Se trata de casi un centenar de familias de esa comunidad serrana que se convirtió en un pueblo fantasma y cuyas tierras y casas quedaron a merced del crimen. No es un caso aislado: se estima que en Sinaloa hay 25 mil desplazados en los últimos 12 años y a nivel nacional el INEGI estima que son 1.6 millones de mexicanos que han dejado o están dejando sus hogares para salvaguardar su vida.
De hablar golpeado, curtida por los años de miedo y sobrevivencia, Doña Esperanza recuerda que vieron caer al menos a 30 pobladores de Ocurague. “A finales del 2011 los sicarios mataron a una familia entera. Los cuerpos quedaron ahí tirados y amenazaron con quemar el pueblo”. La exigencia del grupo criminal es que todos los pobladores se unieran a ese cártel. “Decidimos huir”.
A más de tres años del éxodo masivo, ni el gobierno de Sinaloa, ni el gobierno federal, ni la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito (CEAV) dependiente de la Secretaría de Gobernación, han atendido sus demandas de vivienda, empleo y sobre todo seguridad ante las constantes amenazas en contra de Doña Esperanza y otros desplazados. Algunas de esas familias huyeron a Culiacán, otros Guamúchil, Guasave y Choix.
La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa (CDDHS) tiene registrados 25 mil desplazados a partir del 2012. .
Doña Esperanza lamentó que además del abandono gubernamental, en las leyes mexicanas ni siquiera se encuentre definido el concepto de desplazamiento interno, por lo que están al margen de programas sociales y apoyos de cualquier índole, así como tampoco existen políticas para atender a las personas afectadas y detener este fenómeno.
La investigadora y escritora del libro “Desplazamiento interno inducido por la violencia: Una experiencia global, una realidad mexicana”, Laura Rubio Díaz-Leal, expuso que el desplazamiento interno en México existe desde la década del 60, pero se ha incrementado en los últimos años ante la escalada de violencia, pero se desconocen cifras exactas porque son grupos de familias que van dejado pueblos, colonias y comunidades.
“Lo que es más grave aún son los desplazamientos que no podemos registrar, porque se sabe de las personas que huyen juntas, por ejemplo 10 familias que huyen de la comunidad en conjunto, pero pensamos que el mayor número se encuentra en quienes huyen gota a gota: aquellos que huyen de la violencia sin avisar, o sin decirle a nadie y que por lo tanto es imposible de detectar”, apuntó.
Detalló que en 2013 existían a escala internacional, 33.3 millones de personas desplazadas de sus lugares de origen; cifra que seguramente aumentó en los registros que dará a conocer el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno dentro unas semanas.
Señaló que en México hay aproximadamente 281 mil personas que padecen este fenómeno inducido por la violencia, cifra que contiene su libro, con base en monitoreos de prensa y sondeos. Sin embargo, el INEGI, en su última Encuesta de Percepción de Inseguridad, estima que 1.3 por ciento de los hogares encuestados podrían experimentar desplazamiento por la violencia, es decir, 1.6 millones de personas.