Históricamente las
fuerzas armadas sólo han aparecido en momentos violentos y vertiginosos del
país. Las invasiones, la instauración de la republica, la revolución y su golpe
de estado, la guerra contra los Yaquis, el movimiento de 1968, la guerra fría
en el estado de Guerrero y esporádicamente en otras acciones contra la
población civil. Y en casos de desastre, el ejército y la marina han sido las
instituciones que se han destacado en el auxilio a la población civil.
A partir de la guerra
de Calderón a los carteles de la droga el ejecito salió a las calles
contraviniendo su misión histórica y el marco jurídico de México.
Actualmente, las
fuerzas castrenses, tal parece que han recibido un golpe de los gobiernos
civiles. Capturan a los reos de alta peligrosidad y la justicia civil los deja
libres o les abre las puertas, como es el caso del famosísimo Chapo Guzmán en
Puente Grande y ahora en el ex penal de máxima seguridad del Altiplano,
conocido coloquialmente como Almoloya.
En esas dunas
legaloides y la orden dada al ejercito por el ex presidente Felipe Calderón que
tiene un aire marcial y una proclividad al uniforme verde olivo, para abandonar
sus cuarteles y dedicarse a combatir a la delincuencia, se han cometido excesos
que hoy tienen enfrentado al ejercito con los gobiernos civiles.
El malestar castrense
es por la sencilla razón de que cuando cometen actos inusuales y aniquilan
delincuentes o supuestos malandrines como en Tlatlaya, les echan la culpa y los
medios se desgranan en comentarios contrarios a la participación de los
soldados en el combate a la delincuencia organizada.
Sin embargo, cuando el
ejército no actúa o se hace de la vista gorda por indicaciones superiores, como
se supone que aconteció en Iguala, el gobierno civil le atiza a la hoguera y el
ejército se convierte en el blanco de los medios.
Dos casos han enfangado
la relación institucional entre el gobierno de la republica y la fuerzas castrenses;
Iguala y Tlatlaya.
Esta situación da la
sensación de que por el momento y hasta que no se lleven acabo reformas
internas en la cuales el ejercito regrese a sus cuarteles y la policía civil se
haga cargo del combate a las drogas, la tensión irá en aumento con el peligro
de desembocar en una mini guerra civil, que de hecho ya existe en Michoacán,
Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero y Chiapas.
Y los recientes
acontecimientos en Michoacán: “El Grupo de Coordinación
Michoacán confirmó esta noche el ataque a civiles en la comunidad de Ixtapilla,
del municipio de Aquila, Michoacán, con saldo de un menor de edad muerto y
cuatro heridos, entre ellos una niña de seis años. En redes sociales se
denunció que elementos del Ejército agredieron a la población, sin embargo,
las autoridades michoacanas no hicieron referencia de la participación de los
militares en el enfrentamiento.
En un comunicado, el Grupo de Coordinación
Michoacán aseguró que se investigarán a fondo los hechos y se deslindarán
responsabilidades. Señaló que en el ataque registrado este domingo resultaron
heridas cuatro personas: de 63, 17, 32 y seis años de edad. También da cuenta
del fallecimiento de un menor que tenía 12 años de edad…”(SIN
EMBARGO/20/julio/15).
Este hecho ha tenido un impresionante desplegado en redes
sociales. ¿Realmente el ejército disparó contra los civiles, o es una patraña
mediática que tiene como objetivo distraer a la población de la fuga del Chapo,
y es un ejemplo del distanciamiento peligroso entre el gobierno civil y las fuerzas
castrenses?
Los militares se quejan de que los civiles dejan salir a
los reos que ellos detienen, aunque sea ilegalmente según la constitución, pues
actúan como ministerios públicos. La corrupción en las policías civiles es
estrambótica y probada. Los mismos policías de los tres niveles de gobierno, en
algunos estados están al servicio de la delincuencia o actúan desde dentro
utilizando la infraestructura policial para cometer delitos, incluyendo al que
se supone súper blindado C4. Porque en la fuga del Chapo, los protocolos de
seguridad del mismo penal y del CISEN y Policía Federal, se echaron a caminar
cuando el fugado ya iba en las nubes volando muy alto, o cuando se planeo la
extracción del más famoso de los delincuentes antes de que existiera el túnel
que sólo pudo haber sido un elemento distractor y en realidad Joaquín Guzmán
Loera, salió por la puerta o disfrazado de culichi.
Dramáticamente, esta lucha de espejos entre las fuerzas
castrenses y el gobierno civil no auguran nada bueno para el país. La dicotomía
es grave. La lucha por la presidencia por el 2018, ya tiene a un damnificado
nacional, Miguel Ángel Osorio Chong. El huracán Chapo categoría cinco inundó su
barca y lo fondeo en el lodazal de un túnel misterioso que lo ha condenado, tal
vez a renunciar al cargo, pero lo más probable es a la expiración política para
el 2018. Y como es bien claro quiénes le ha puesto las piedras en el camino y
atizado la hoguera mediática, se comenzará a librar otra batalla campal donde
el ejercito y las policías no tienen injerencia, mientras el gobierno se hace
bolas con la fuga del Chapo Guzmán, la guerra en los entresijos palaciegos y la
alcoba imperial, apenas comienzan. La recaptura del Chapo, es un leiv motiv de gran trascendencia para la
supervivencia de EPN y para que Osorio Chong se mantenga en la línea sucesoria.
De reojo
Otra vez la violencia estalla en las calles de
Chilpancingo. ¿Hasta cuando va seguir esta espiral que convulsiona a la
población y pone sobre un delgado hilo de araña la gobernabilidad en Guerrero?