SI EL DELITO POR EL CUAL
fue detenido el presidente municipal de Cocula, Erick Ulises Ramírez
Crespo, al igual que un ex asesor del
PRD en la Cámara de Diputados federal, es por portación de arma de fuego de uso
exclusivo del Ejército, ¿cómo es que fue recluido en el penal federal de
Hermosillo, Sonora?
Cierto es que ambos fueron
detenidos cuando se encontraban con Adán
Zenén Casarrubias Salgado, a quien la PGR señala como dirigente del grupo
criminal Guerreros Unidos, pero, ¿eso los hace ser miembros de la delincuencia
organizada?
Y es que, si la PGR no
investiga, como bien dice, ¿cómo es que ahora señala al edil de tener vínculos
con el crimen organizado? ¿O sólo porque lo encontró con Adán Zenén Casarrubias
Salgado, quien sí tiene cuentas pendientes con la justicia?
Éstas y otras preguntas
nos asaltan, y más cuando leemos que el “alcalde narco” no sólo es querido en
Cocula, sino que también goza de buena fama, y en consecuencia, no se le
conoce, en ese municipio de malos manejos o de que ande en malos pasos, de ahí
que sea el pueblo el que exige que lo dejen libre.
Dice la PGR que la
detención de estas tres personas, junto con otras siete, en el municipio de
Emiliano Zapata, en la zona conurbada de Cuernavaca, estado de Morelos, fue
resultado de un trabajo de inteligencia, pero no aclara si la investigación era
contra todos los detenidos, o el objetivo era uno, a quien “también se le
ejerció acción por delitos contra la salud”.
El asunto es simple. Si la
investigación de la PGR incluía al alcalde Erick Ulises Ramírez Crespo,
significa entonces que cuando era candidato a la presidencia municipal de
Cocula ya andaba en malos pasos, y aún así no hizo ni dijo nada para que no
llegara a la alcaldía, a pesar de que las autoridades estatales, los partidos
políticos y la propia ciudadanía exigió en su oportunidad que se investigara a
los aspirantes a un cargo de elección popular para que no ocurriera “nunca más
un hecho como el de Iguala”.
Y si “la investigación” no
incluía al edil, significa entonces que su detención fue circunstancial, es
decir, que no era parte del objetivo, sino que ocurrió porque estaba junto al
presunto dirigente de Guerreros Unidos, lo cual, creo yo, no lo hace culpable o
de ser parte integrante de ese grupo delictivo.
Por supuesto, no se ha
dicho todo en este caso, pero si la detención del alcalde fue por el hecho de
encontrarse junto a un criminal, al que por cierto, todos los policías andaban
buscando, bien puede ser, como dicen algunos en el PRD, entre ellos el diputado
local Raymundo García Gutiérrez, que su presencia en ese lugar pudo haber sido
por “un cuatro”, o porque fue obligado a estar ahí.
Y es que hay casos de
alcaldes que son “obligados” a reunirse con miembros de la delincuencia
organizada, ya para “pactar”, o para ser presionados a colaborar con ellos. El
caso más sonado fue el del entonces presidente municipal de Teloloapan, Ignacio
Valladares, y más recientemente el de San Miguel Totolapan, quien en su calidad
de alcalde electo “se reunió” con un presunto miembro de un grupo delictivo.
Ambos “encuentros” fueron grabados por los mismos narcos y posteriormente
difundidos esos videos en las redes sociales.
Así que no sería nada raro
que la detención del edil, y su posterior acusación de vínculos con el crimen
organizado sea por estar “en el lugar no indicado”, y quizá, digo, quizá,
contra su propia voluntad. La pregunta es: ¿la PGR reconocerá su error?