La corrupción e impunidad parecen no tener
fin en la Secretaría de Salud (SSA) estatal. Gobiernos van y gobiernos vienen, y nada. Hasta el
momento ningún funcionario de esa dependencia ha pisado la cárcel.
Ojalá el gobernador Héctor Astudillo Flores ponga orden y no le tiemble
la mano para que aquellos funcionarios de la SSA que cometieron o cometan irregularidades
sean llamados a cuentas.
Esto lo digo porque algunos funcionarios han realizado compras
apócrifas, que es precisamente lo que ha provocado el quebranto financiero que
ahora padece la SSA.
Fuentes de esa dependencia revelaron que algunos funcionarios del
gobierno de Rogelio Ortega Martínez
compraron medicamento a un precio fuera de la norma nacional, pago de anticipos
de manera irregular en prestaciones de servicio y materiales que nunca
ingresaron a los almacenes de la institución. Y eso ya lo detectó la ASF.
En efecto. El gobierno orteguista se
caracterizó en manejar con opacidad los recursos públicos.
Algunos de los funcionarios que sobresalen por cometer irregularidades
en esa dependencia son Luis Enrique
Herrera Pérez, subsecretario de Finanzas; Cristal Alondra Pérez Sánchez, directora de Recursos Materiales; Teresa Alarcón Flores, enlace del
Seguro Popular, y el entonces responsable del Seguro Popular, Javier Eduardo Figueroa Zúñiga.
Los denunciantes –de los cuales se omiten sus
nombres por temor a represalias– refieren
que Teresa Alarcón Flores tiene demandada a la Secretaría de Salud desde el año
2007 por un supuesto incumplimiento del Contrato Individual del Trabajo. Y
de acuerdo a un reporte de la Contraloría General del Estado, de fecha 8 de
septiembre de 2015, le impide ostentar cualquier cargo, ya que su proceso
laboral sigue en curso. Pero la susodicha sigue laborando en el Seguro Popular.
¿Quién la protegerá?
Pero eso no es todo, los aludidos autorizaron
otorgar a la empresa ARUTEC S.A. de C.V. un anticipo de 18, 290, 245.50 pesos
por concepto de prestación de servicios anestesiológicos externos a los
hospitales de la Secretaría de Salud en todo el estado, sin que este se
requiriera en cada uno de ellos. Pero resulta
que la empresa presentó documentación falsa, en la que supuestamente los
administradores de los hospitales autorizaron
ese servicio y que fuera descontado de sus partidas presupuestales.
¡Zas!
Y que para el pago a la empresa ARUTEC S.A.
de C.V., el subsecretario de Finanzas de la SSA, Luis Enrique Herrera Pérez
contó con la aprobación de la enlace del Seguro Popular y el responsable del
Seguro Popular, Teresa Alarcón Flores y Javier Eduardo Figueroa Zúñiga,
respectivamente. El pago a la empresa se
llevó a cabo el 4 de mayo de 2015, con cargo al Seguro Popular del ejercicio
fiscal 2014.
Los funcionarios se confiaron. No contaban que
los directores de los hospitales se iban
dar cuenta de esa irregularidad, y para eso enviaron oficios a sus
superiores para informar que nunca firmaron la autorización para el pago de la
empresa por el servicio señalado, por lo que las firmas eran apócrifas.
La misma fuente indica que los mismos funcionarios dieron un anticipo
por 35 millones de pesos a la empresa MIMOMO S.A. de C.V., por concepto de la
compra de medicamento, el cual nunca llegó a ningún almacén. “No hay
reporte alguno de su ingreso a ningún almacén de la Secretaría de Salud ni
mucho menos que se hayan distribuido en los hospitales”.
Este tipo de personas no deben de seguir en
la Secretaría de Salud ni en ninguna otra dependencia gubernamental. Ojalá el titular de la SSA, Carlos de la
Peña Pintos, no permita más abusos ni actos de corrupción. Lo más correcto
es solicitar una investigación más rigurosa y pedirle a la ASF que proporcione
los documentos que señalan la participación de funcionarios en actos
deshonestos.
Por cierto, los denunciantes también señalan
que en la Subdirección de Recursos Materiales de la SSA se encuentra laborando
actualmente un primo de Cristal Alondra Pérez, de nombre Alfonso Pérez Sánchez, quien supuestamente
cobra desde el 15 hasta el 20 por ciento de comisiones a los proveedores de
contrato asignado.
Es
urgente y necesario que el gobernador Héctor Astudillo frene ese tipo de anomalías
en la SSA y en otras áreas del gobierno del estado.
ENTRE
OTRAS COSAS… En este
momento tres guerrerenses destacan en las cúpulas de los institutos políticos
en que militan.
Me refiero a Beatriz Mónica Morga, secretaria general del CEN del PRD; Manuel Añorve Baños, secretario de
Operación Política del CEN del PRI, y Jorge
Camacho Peñaloza, secretario de Vinculación del CEN del PAN.
Los tres tienen algo en común: han sido
candidatos de sus respectivos partidos a la Gubernatura de Guerrero, y siguen
moviéndose desde sus trincheras para encontrarse en la elección de 2021. Veremos quién de ellos llega fortalecidos
para suceder en el cargo a Héctor Astudillo. Falta mucho, pero es válido que se
muevan desde ahora.
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