La desesperanza y la incredulidad de
los mexicanos en las acciones que realiza el gobierno federal en la lucha
contra el narcotráfico y el crimen organizado se reflejó en la Encuesta
Telefónica Nacional de Seguridad y Confianza Ciudadana.
De entre las 900 encuestas efectivas
realizadas por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop), el
33 por ciento opinó que el problema de la seguridad continuará igual, el 22.6
por ciento que empeorará y sólo un 19.4 por ciento que mejorará.
El 56.8 por ciento no cree que el
gobierno cuente con un plan o estrategia para enfrentar al crimen organizado,
según las cifras presentadas recientemente por el organismo de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión.
La mayor parte dijo sentir que es
inseguro o muy inseguro el lugar donde vive y considera que tiene una alta y
muy alta posibilidad de ser víctima de un delito ya que la seguridad ha
disminuido. 41.1 por ciento habla de ese tema todos los días. El 65.4 ha tomado
medidas al respecto en el último año y el 92.7 por ciento considera que existe
mucha delincuencia en el país.
Se ubica al narcotráfico como el
mayor causante de violencia y el 67 por ciento considera que el gobierno no ha
tomado acciones firmes contra el crimen organizado.
El 44.1 por ciento considera que la
lucha contra el narcotráfico debe encabezarla el Ejército Mexicano que resulta
la autoridad más confiable en esta encuesta, en la que sorprendentemente, no se
considera a la Marina que es la institución que normalmente se ubica con mayor
confiabilidad en las que realiza el INEGI año con año.
La depuración de los cuerpos
policiacos es la acción urgente para disminuir la seguridad, más mencionada por
los encuestados. La segunda es el combate a la corrupción, y es que el 49.4 por
ciento considera que las autoridades son parte de la delincuencia.
Se advierte el conservadurismo hacia
otro tipo de acciones que no sean las policiacas en el tema del narcotráfico,
ya que el 64.2 por ciento está en contra de la propuesta del presidente Enrique
Peña Nieto de liberar el consumo hasta por 28 gramos de marihuana.
Este dato es relevante a nivel
estatal porque la Comisión de Honor y Justicia del Congreso de Guerrero y el
propio gobernador Héctor Astudillo han condicionado la aprobación de la llamada
Ley Amapola en el estado (legalizar la producción para fines medicinales que ha
presentado el diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja) al
resultado que tenga en el ámbito federal una propuesta similar para la
marihuana.
Hay que subrayar que las encuestas
del Cesop no son definitorias, sino que sirven como herramienta para el
análisis de los diputados y que las respuestas que dan los sistemas políticos a
los problemas no están condicionados a la aceptación de la mayoría que puede o
no estar de acuerdo con éstas.
La encuesta revela una clara
percepción de que la situación no va a mejorar porque el gobierno no hace nada
y las autoridades son parte del problema, lo que puede impulsar la necesidad de
medidas de mayor lucimiento de la fuerza del Estado con el saldo sangriento que
ya conocemos, o acciones alternativas como la legalización.
En los Estados Unidos ha iniciado
desde los estados, pero en México persiste el centralismo.