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| MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN |
Instruye el Artículo 136 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente e inalterada desde el 5 de febrero de 1917: “Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados, así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado a ésta”.
Por supuesto, no ha habido en cien años rebelión alguna que haya interrumpido su observancia. Hubo alzamientos en el siglo pasado, rebeliones e intentos de asonadas mas nunca se interrumpió la observancia de lo dispuesto en la Carta Magna.
Trastornos públicos y gobiernos contrarios a la Constitución también los hubo, incluso violatorios de sus disposiciones en materia de las libertades sociales y los derechos humanos; gobiernos corruptos encabezados por presidentes omisos que, para el caso, implican complicidad y otorgamiento de impunidades.
¿Dónde quedaron los miles de millones de dólares derivados de los excedentes petroleros en las administraciones de Vicente Fox y de Felipe Calderón? ¿Fueron o no contrarios al ordenamiento constitucional? De aplicarse la ley a secas, no hubiesen sido necesarias tantas reformas constitucionales ni a las leyes secundarias.
No. Pero cada gobierno y legislatura federal, como las locales de igual manera, irrumpe sexenalmente y cada tres años con la idea de refundar al país o la capacidad de mejorar a las leyes, cuando en realidad las tornan incomprensibles y con mecanismos que las hacen inaplicables.
¿Eran necesarias las reformas estructurales? ¿Por qué calificar de grotesca a la celebración del Centenario de la Constitución Política? ¿A quién incomoda la convocatoria oficial a la unidad?
En la celebración del Centenario de la Constitución Política no podría haber más discurso que el institucional. Pero ello, como la firma de la Primera Constitución Política de la Ciudad de México no podía tener más contenido el llamado a la unidad de los mexicanos, un concepto que va más allá de la retórica.
Por supuesto, son respetables las opiniones de toda índole. Respetables mis colegas reporteros, articulistas y columnistas, los analistas que aun cuando carecen del oficio periodístico se especializan en temas orientadores. Cada cual tiene sus nichos de lectores y cada cual debe ser respetado en el ejercicio de sus libertades, pero igual cada quien debe aplicarse sus mecanismos de respeto al lector, oyente y televidente. No autocensura, que es peor.
Por ello, cuando a estas alturas los mismos actores políticos firmantes e impulsores del Pacto por México que dio génesis a las reformas estructurales acusan esa amnesia selectiva y oportunidad que los identifica en la carrera del poder por el poder y la venta de sus favores, como ocurre con panistas y perredistas que sumaron empeño con el PRI para impulsar en el Congreso de la Unión la aprobación de esas reformas que, quiérase que no, eran inaplazables.
Y aquí no se trata de cargar con los costos políticos, como aluden opositores y oficialistas, incluso el propio Presidente de la República cuyo discurso linda en el lugar común y hasta patriotero cuando de defender a las instituciones se trata.
Lo cierto es que, a la luz de las casi 700 enmiendas que se han aplicado a la Constitución Política en cien años de vigencia, la reflexión es respecto del valor que tienen las leyes en México y la necesidad de reformarlas.
Reformar áreas como la energética y en telecomunicaciones, en educación y materia laboral, era una tarea impostergable, frente a las condiciones que enfrenta el país en el concierto mundial. ¿Nos conviene entorpecer la aplicación de éstas? La sola sospecha de que puede haber beneficios personales o de grupo, debe mover al Poder Legislativo y al Poder Judicial a promover la aplicación de las leyes vigente o mejorar las existentes.
Veamos. En su mensaje de la firma promulgatoria del decreto en materia de Justicia Cotidiana, el presidente Peña Nieto dijo que ésta nació de una demanda ciudadana, ciudadana y hoy, nuestra Ley Fundamental se ha fortalecido para atenderla y darle respuesta”.
El objetivo, dijo, “es que la Constitución y las leyes acerquen más la justicia al ciudadano. Queremos que faciliten la mediación y la conciliación entre las partes; y queremos que ofrezcan soluciones oportunas a los conflictos ordinarios en cualquier comunidad”.
¿Hay algo que celebrar? Más que una efeméride hoy centenaria, celebrar los cien años de la promulgación de la Carta Magna tiene alta importancia como marco legal del México contemporáneo.
Sin duda hay quienes no recuerdan el tamaño de las libertades que teníamos hace 40 años, cuando se aprobó la madre de todas las reformas políticas, la de 1977 que posibilitó a los partidos y organizaciones que operaban en la clandestinidad llegar al Congreso de la Unión e incluso alguno de los distinguidos guerrilleros de aquella década, como es el caso de Jesús Zambrano Grijalva, llegar a la presidencia de la Cámara de Diputados.}
Cuestión de reflexionar en torno de los escenarios políticos de los tiempos del partido hegemónico. Por supuesto hay un largo trecho por recorrer en esto del combate a la corrupción y la impunidad, el respeto a las libertades. Pero negar lo que tenemos, tiene implicaciones mezquinas.
Sin patrioterismos y a riesgo de ser calificado de oficialista, debo recordar que la Constitución Política de nuestro país es considerada a nivel mundial como una de las cartas fundamentales de mayor vanguardia, por ser la primera de carácter social al incluir garantías individuales, derechos humanos, el principio de la No reelección, la división tripartita de poderes y la soberanía de los estados de la República.
Por qué no sentir orgullo de que nuestra Carta Magna es modelo a seguir para la jurisprudencia internacional: la ONU, la OEA y otras instancias de condición universal, han retomado los principios de política exterior que emanan de ella.
En cien años, la Constitución ha sido sometida a 699 reformas, es decir, la han hecho tres veces más extensa que la versión original aprobada por el Constituyente de 1917.
Por cierto, una de las últimas enmiendas fue la Reforma de Telecomunicaciones de 2013, que ya ha generado inversiones en el sector por más de seis mil millones de dólares. Promovida por el Gobierno Federal mediante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Reforma produjo una regulación de las menos restrictivas en la materia, con lo que México representa uno de los mercados con más oportunidades en telecomunicaciones y con mejores condiciones de competencia, pluralidad, interconexión y cobertura universal.
Con ese mérito de haber sacado adelante la Reforma de Telecomunicaciones, no podía haber faltado la presencia de Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, en la ceremonia conmemorativa celebrada en el Teatro de la República de Querétaro, donde se aprobó la Constitución del 17. Un dato interesante, es que en la edición actual de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la palabra “Telecomunicaciones” se menciona 80 veces en el texto. Conste.
LUNES. Y ya que hablamos de este sector, debe referirse que en este año se licitarán 20 obras por un monto de 35 mil millones de pesos que abarcarán el 85% del total de las requeridas para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Con esto, Gerardo Ruiz Esparza encamina este proyecto emblemático de la administración peñista para dotar al país de un aeropuerto que resuelva, de una vez por todas, los problemas de saturación que enfrenta la actual terminal aérea. Al final de este sexenio se habrán terminado 2 pistas y las estructuras externas del edificio terminal y la torre de control, los tres elementos básicos de un aeropuerto. Hasta ahora, la mayoría de las obras se las han llevado empresas mexicanas. Pero lo destacable es la garantía de transparencia en los procesos licitatorios que ofrece la dependencia, al involucrar en los concursos la participación de testigos sociales, notarios públicos, consejeros independientes, especialistas de la OCDE, y el acompañamiento de su Órgano Interno de Control. Un libro abierto en el que ha empeñado su prestigio Ruiz Esparza y que le ha valido premios internacionales, como el Latin American Airport Deal of the Year y el Latin Finance, en reconocimiento a la estructuración y modelo financiero del nuevo aeropuerto. Digo.
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