Si bien los últimos
acontecimientos en la Tierra Caliente se derivan de un esfuerzo del Estado por
recuperar el territorio en poder de la delincuencia organizada, también es
cierto que la incursión debe acompañarse de otras medidas para las que se
requiere tanto de los tres poderes, como de los tres niveles de gobierno.
Es imposible retomar el
orden si persisten las fallas estructurales del sistema de seguridad, y si
lejos de ponerse de acuerdo para remediarlo, las fuerzas políticas están en una
confrontación constante.
Los partidos políticos
deben entender que la inseguridad no es rentable mediáticamente para ellos ante
lo infructuosa que resulta su confrontación en el tema para los millones de
mexicanos afectados por la violencia, la disputa territorial de los criminales,
y la incapacidad oficial para recuperar y mantener el territorio.
Esto lo vimos en Tierra
Caliente, donde el gobierno incursionó con antimotines y los grupos
delincuenciales movilizaron sus bases sociales de apoyo en bloqueos carreteros,
quema de vehículos, y se dieron el lujo de asaltar a un grupo de periodistas en
un paraje ubicado ¡entre dos retenes militares!
Al respecto el vocero de
seguridad Roberto Álvarez Heredia justificó ante los reporteros afectados que
los militares no cuentan con el marco jurídico para actuar como policías,
aunque es evidente que sí lo hacen en muchos lugares del país y del estado,
como Acapulco, por ejemplo.
Las reformas a la Ley
Nacional de Seguridad están atoradas en el Poder Legislativo, al igual que el
Mando Mixto que supone una limpia y reestructuración de las policías ante la debilidad
de las municipales que incumplen su responsabilidad preventiva.
Los diputados discuten si
las marcas de fritangas deben o no obsequiar tatuajes temporales a sus
consumidores luego de aprobar una legalización light de la mariguana que en
nada beneficia a los campesinos, ni a los científicos y a la industria
farmacéutica nacional que deberá importar los medicamentos a base de derivados
de la planta; y mantienen congelada la de la amapola que es lo que financia el
apoyo de las comunidades pobres al narco.
Los jueces siguen
liberando delincuentes en el nuevo sistema penal, el sistema penitenciario es
autogobernado por las mafias, y las víctimas del delito no cuentan con
protección más que en el papel y no en los hechos como lo demuestra el
asesinato de la activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez en Tamaulipas.
En Guerrero la incursión
oficial en Tierra Caliente es un primer paso, pero muy corto. El gobierno debe
retomar el control no sólo de uno sino de los nueve municipios que integran esa
región, y cooptar a las bases de apoyo de los grupos delincuenciales con
alternativas productivas y rentables para sus familias. Sobre todo, mantener su
presencia y su fuerza en la región para desplazar y no dejar regresar a los
criminales.
La región aún no está bajo
control del Estado y la prueba es que los colegas periodistas fueron retenidos,
amagados con armas y despojados de sus equipos de trabajo por un grupo de al
menos cien rufianes armados, varios niños entre éstos, según los testimonios
que la noche del sábado compartieron en el Sindicato Nacional de Redactores de
la Prensa en Chilpancingo.
Un territorio donde no hay
condiciones para que los periodistas realicen su trabajo de difundir lo que
sucede a la sociedad informada que toda democracia debe procurar, es una zona
sin control de la autoridad. Es en este caso, un territorio donde gobierna la
dictadura del narco, como ya lo había alertado el colega Cecilio Pineda antes
de ser asesinado.
Mi solidaridad y apoyo a
mis colegas Jorge Alberto Martínez Dionisio, de Quadratín; Misael Galeana
Hernández, de Grupo Imagen; Yahir Cabrera Torres, de La Jornada; Hans Musielik,
de Vice News México; Sergio Ocampo Arista de Radio Universidad; Pablo Pérez
García, de Posty; y Alejandro Lorenzo Ortiz, de W Radio, ante el asalto y la
falta de garantías para su quehacer periodístico.
jalepezochoa@gmail.com