Al afirmar que no fue un
enfrentamiento la matanza de San José Cacahuatepec donde murieron seis personas
entre ellas un bebé de cuatro meses y su madre, la Fiscalía General del Estado
está obligada a proceder contra la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado
de Guerrero (UPOEG) cuyo dirigente Bruno Plácido Valerio no negó la autoría del
crimen por parte de sus integrantes.
No bastan los llamados
como el que el gobernador del estado hizo a Plácido Valerio para que entregue a
los responsables, es claro que su líder los encubre, al grado que señaló a las
víctimas de ser gente del líder criminal apodado El Gato y que se trató de un
enfrentamiento, sin importarle revictimizar a los muertos.
Las pruebas recabadas por
la Fiscalía ya arrojaron que no hubo ningún enfrentamiento, y quienes perdieron
la vida no dispararon ninguna arma de fuego, lo cual quiere decir que se trató
de una masacre, un cobarde asesinato colectivo con todas sus letras.
La Fiscalía debe proceder
y detener a todos los que participaron en ese deleznable crimen y contra el
dirigente de la UPOEG por encubrirlos.
Pero las acciones no deben
quedar ahí, y el gobernador es consciente de ello al advertir que ya es momento
de poner un hasta aquí a la UPOEG, y no sólo a esa organización, también al
Fusdeg y a todos los grupos de civiles armados que con el pretexto de brindar
seguridad siembran el temor entre la población y la hacen víctima de sus
crímenes.
Han sido varios los casos
en que han llegado a disparar también contra turistas, sin importarles el daño
que causan a la sociedad y a la principal actividad económica de las que viven
la mayor parte de las familias del estado.
Ese hasta aquí se debe
materializar en acciones, que no solamente tienen que ver con el gobierno del
estado y el federal, sino además con los municipios. En el más importante del
estado estos grupos armados se han adueñado de Barra Vieja, Cacahuatepec y
Xaltianguis como territorios propios, de autogobierno.
Mientras eso sucede,
Acapulco cuenta con una Policía Rural integrada por apenas seis elementos, de
los cuales sólo cuatro son operativos, cuando tiene más de 2 mil paseando en las calles de la zona urbana
donde la seguridad está a cargo del Ejército, la Marina, la Policía Federal y
la Estatal.
Sin embargo el alcalde
Evodio Velázuez Aguirre prefiere sobrellevar el tema, argumentando que no es su
responsabilidad, culpando a anteriores administraciones e incluso lastimando a
la dignidad ciudadana con la desafortunada declaración de que está haciendo
“maravillas” que nadie ve por ningún lado.
Los diputados federales y
locales deben avanzar en temas como el Mando Único y la eliminación del fuero
que propuso Ricardo Mejía Berdeja de Movimiento Ciudadano, y dejar de dormitar
y dedicarse a echar atrás iniciativas traicionando a la sociedad como lo ha
hecho el priísta verde ecologista Héctor Vicario Castrejón en el Congreso de
Guerrero.
Pero sobre todo, se debe
decidir no solamente el futuro de las llamadas policías comunitarias sino que
el Estado en sus tres niveles (incluidos los gobiernos municipales), ya asuma
sin ningún pretexto ni evasiva el control de la seguridad sin ninguna concesión
a los grupos criminales ni a las supuestas autodefensas que derivan de ello.
Cada pedazo de territorio
del que se apropia un bando de criminales o una organización de supuestos
comunitarios, es un pedazo menos de Estado, entendiendo que la principal razón
de su existencia y organización como tal, es garantizar la seguridad a cambio de
nuestros impuestos.
Federación y estado han
dado muestras de querer hacerlo al intervenir en Tierra Caliente, Tierra
Colorada y en Acapulco, pero los presidentes municipales deben hacer los suyo,
si sus policías no son confiables deben decirlo, asumirlo, y tomar acciones, no
nadar de a muertito esperando las próximas elecciones y encima salir con
declaraciones cínicas de que ha hecho maravillas, cuando es público y notorio
que no han hecho nada.
jalepezochoa@gmail.com