Lo ocurrido la madrugada
de este jueves en Acapulco, es algo grave, pues no todos los días asesinan a 28
reos en un Centro de Reinserción Social (Cereso) en el país.
Es lamentable que la
Secretaría de Seguridad Pública estatal siga siendo omisa en la prevención de
delitos, la readaptación del delincuente y no brinde seguridad a la ciudadanía.
Y, peor aún, que su titular, el general Pedro
Almazán Cervantes, continúe al frente de la dependencia, a pesar de las
constantes denuncias y manifestaciones que elementos de la Fuerza Estatal han
realizado en su contra.
El general Almazán ha
violentado el artículo tercero de la Ley de Seguridad Pública del Estado de
Guerrero, número 443 que a la letra dice:
“La seguridad pública
tiene por objeto salvaguardar la integridad, garantías individuales y derechos
de las personas, preservar sus libertades, el orden y la paz pública, mediante
la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la
readaptación social del delincuente y del menor infractor”.
Mientras que el artículo
cuarto señala: “Las autoridades competentes y los auxiliares en seguridad
pública, deberán alcanzar sus objetivos con estricto apego a los principios
constitucionales de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez,
respetando invariablemente los derechos humanos”.
Diariamente hay ejecutados
en el estado de Guerrero, algo que no se puede ocultar y que no inició en esta
administración estatal, sino de tiempo atrás. Y no olvidemos que el funcionario de marras colaboró también
en el gobierno de Rogelio Ortega Martínez, por lo que es necesario que su caso
sea analizado.
El gobernador Héctor Astudillo Flores no está obligado
sostener en su gobierno a colaboradores que no den resultados.
Recordemos que en política y en asuntos de gobierno, nadie
es indispensable.
Ojalá la masacre en el
penal de Las Cruces no quede en la impunidad y se investigue a los funcionarios
que hayan tenido responsabilidad en los hechos.
Los 28 asesinados, a pesar
de purgar una condena por la comisión de diversos delitos, eran seres humanos y
no merecían morir de esa forma, mucho menos en un Cereso.
Independientemente de la
ineptitud de algunos funcionarios, tampoco se debe descartar que haya fuertes
intereses que quieran ver caer al gobierno de Héctor Astudillo. Ya ocurrió con
Rubén Figueroa Alcocer en 1996 y Ángel Aguirre Rivero en 2014. Ojo, mucho ojo.
El gobernador Astudillo
requiere urgentemente colaboradores eficientes a su alrededor y de confianza
para concretar y realizar un buen ejercicio de gobierno hasta el año 2021.
ENTRE
OTRAS COSAS… De 45 diputados locales en funciones (1
tiene licencia), solamente 10 o 12 suben constantemente a tribuna a proponer iniciativas
de ley y a debatir temas de gran interés social, mientras que el resto ni
siquiera sabe leer efemérides.
Es lamentable que haya
diputados improductivos y que solamente asistan a las sesiones a calentar sus
curules y levantar la mano sin saber que se discute o propone. Pero eso sí, son
buenos para repartir mandiles, juguetes, despensas y andar en fiestas.
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