AL IGUAL QUE EL GOBIERNO
DEL ESTADO, algunos ayuntamientos, por no decir que la mayoría, también
requieren de un rescate financiero, en primer término, para sanear sus
finanzas, y en segundo, para atender y resolver los pendientes que tienen. Es
indudable que los problemas que enfrentan los municipios, producto de la
escasez de recursos, de los recortes, de las deudas heredadas y los laudos que
enfrentan con los trabajadores, también son muy graves.
Hay que decirlo. Si el
colapso financiero que enfrenta el gobierno del estado es producto de la
irresponsabilidad de los anteriores gobernadores, a quienes es justo que se les
aplique la ley, la crisis económica que padecen los ayuntamientos, es culpa de
los presidentes municipales que han tenido, por lo que también se hace
necesario meterlos a la cárcel.
Y es que no es posible que
en Guerrero, a pesar del saqueo de los recursos públicos por parte de
gobernadores y alcaldes, no haya ninguno de éstos en la cárcel. Es cierto: son
corruptos, no pendejos, aunque hay que decir que es indiscutible que los
delincuentes se cubren, unos a otros, de ahí que ninguno de los que han gobernado
el estado, o algún municipio, esté al menos detenido.
Precisamente porque ningún
gobernante corrupto, ladrón y sinvergüenza está en la cárcel, es que éstos han
hecho de los recursos públicos un botín. Y precisamente porque no se les ha
aplicado la ley, es que se siguen cometiendo estos atracos al presupuesto.
En el caso del gobierno
del estado, ya lo decíamos, los responsables del colapso financiero tienen
nombre y apellido. Y sin embargo, allí andan, muy campantes, y alguno de ellos,
hasta en cargos públicos. Y lo mismo ocurre en el caso de los ayuntamientos,
quienes además de encabezar administraciones desastrosas, dejaron los gobiernos
en bancarrota. Y sin embargo, reitero, ninguno de esos presidentes municipales
está en la cárcel.
Tiene pues sustento el
señalamiento del alcalde porteño, Evodio Velázquez Aguirre, en el sentido de
que así como el gobierno del estado requiere de un rescate financiero, al de
Acapulco le urge, en razón de que los adeudos heredados por administraciones
anteriores. Y es necesario que se le considere de manera seria porque
precisamente Acapulco es el municipio que le genera al gobierno del estado la
mayor cantidad de ingresos propios.
En efecto. El mayor
porcentaje de ingresos propios que percibe el gobierno del estado provienen de
Acapulco, de ahí que las actuales autoridades estén muy pendientes de él, y de su actividad
principal, el turismo. Si se colapsa Acapulco, hay que decirlo, muchos de esos
recursos estarán en riesgo, de tal forma que al igual que otros ayuntamientos,
el gobierno federal tiene que rescatarlos en su parte financiera.
Y HABLANDO DE
AYUNTAMIENTOS y presidentes municipales, tiene razón la de Mártir de Cuilapan,
cuya cabecera es Apango. Es indudable que tanto el secretario General de
Gobierno, Florencio Salazar Adame, como el de la llamada Sagadegro, Juan José
Castro Justo, le juegan las contras al gobernador Héctor Astudillo Flores. El
primero, es decir, Florencio, se niega a darle cumplimiento a la resolución que
emitió un Tribunal Federal a favor de la alcaldesa Felícitas Muñiz Gómez,
respecto a la violencia de género de la que es objeto por parte del síndico y
dos regidores y el exalcalde Crisóforo Nava.
El segundo, es decir Juan
José Castro, no solo está haciendo mal uso del programa del fertilizante, sino
que lo está entregando con fines políticos en ese municipio. Y es que Castro
Justo ordenó, no hay otro que no fuera él, la entrega de un tráiler, repleto de
fertilizante, al síndico municipal de Apango, para que lo entregara entre sus
cuates del plantón que mantienen frente al Palacio Municipal, a pesar de no
estar inscritos en ningún padrón de los que autoriza precisamente la Sagadegro.
¿Con qué fin? Con el
único. Es decir, seguir manteniendo el
conflicto en Apango en contra de la presidenta de ese municipio, a pesar de la
instrucción del mandatario estatal de trabajar a favor de la gobernabilidad,
paz y tranquilidad de los pueblos. Es obvio, por supuesto, que tanto el
secretario general de Gobierno, como el titular de la Sagadegro no están en esa
sintonía, como tampoco el delegado estatal de la Sedatu, José Manuel Armenta
Tello, que trasladó un comedor comunitario a donde se encuentra el plantón en
contra de la edil, con el propósito de alimentar a quienes lo integran.
Y no solo es en Mártir de
Cuilapan. También hay otros ayuntamientos donde ciertos funcionarios de
gobierno, incluidos dos que tres delegados de gobierno, están en esa posición.
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