Frente a la desgracia, la
respuesta social ha reaccionado como hace 32 años. Por supuesto, han cambiado
los mecanismos, hay una cultura de prevención, medios de comunicación que
alertan y enlazan. Pero la reacción social tiene el mismo fundamento arraigado
entre los mexicanos.
Y, mire usted, en esto de
ayudar al prójimo no caben medianías ni mezquindades, como se ha demostrado en
auxilio a la población afectada lo mismo por huracanes que sismos. No es, no ha
sido la excepción la forma en que la llamada sociedad civil, ésta que nació
como por generación espontánea en los sismos de 1985.
Tres décadas han corrido
en México para atender y meter en cintura a quienes, autoridades corruptas,
otorgaban licencias de construcción a empresas apadrinadas por políticos, altos
funcionarios entonces de las instancias públicas relacionadas con el
ordenamiento urbano.
No, no fueron a prisión
los peces gordos que avalaron construcciones erigidas con material de pésima
calidad, que se desplomaron en la mañana del 19 de septiembre de 1985.
¿Se aplicará la ley a esos
funcionarios y empresarios constructores que erigieron edificios de condominios
carísimos, pero que han demostrado la misma ausencia de honestidad en el uso
del material que presumieron de primera calidad?
Porque, mire usted, no se
cayeron viviendas de colonias proletarias. La inmensa mayoría de los inmuebles
abatidos por la fuerza de la naturaleza, se construyeron en colonias de clase
media y media alta, donde las rentas son altas y, ni qué decir, el costo de una
casa o un departamento en propiedad privada.
En efecto, hay excepciones
como el del multifamiliar de calzada de Tlalpan, obra que data de hace más de
60 años; y otros inmuebles que, pese al mantenimiento en zonas como la colonia
Roma Norte, no eran de reciente construcción.
Pero, vaya, más allá de
buscar culpables en el otorgamiento de licencias, en el aval de quién o quiénes
se hicieron de la vista gorda y permitieron que se ampliaran construcciones o
se hicieran nuevas con materiales de tercera, en este momento lo fundamental es
apoyar a quienes perdieron a algún familiar y al patrimonio.
Cuando ocurrió el primer
sismo, el del 7 de septiembre, que devastó comunidades de Oaxaca y Chiapas, el
secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, declaró
que hay en el Fondo Nacional de Desastres Naturales una bolsa de nueve mil
millones de pesos para atender tareas de sustento y reconstrucción.
Pero, el terremoto del 19
de septiembre amplió, con vastedad, los requerimientos y éstos se ampliaron a
la capital del país y los estados de Puebla, Morelos y Guerrero. ¿Hay
suficientes recursos para reconstruir y curar esa herida social? Tal vez.
Lo cierto es que se
requería de voluntad política para que, valga la redundancia, los políticos
asumieran el papel y la responsabilidad que les corresponde, especialmente a
los representantes populares.
El problema, empero, es
que hoy que han reaccionado con esa voluntad que incluso deberá obviar
impedimentos legales, la sociedad civil los cuestiona y la oposición azuza
contra el partido oficial porque se atrevió a dar el paso formal, fundamentado
y legalmente sustentado para aportar los dineros que han vuelto carísima a la
democracia.
Este lunes 25 de
septiembre, el PRI anunció que presentará una iniciativa de reformas
constitucionales para eliminar el financiamiento público a los partidos
políticos y eliminar los diputados y senadores plurinominales.
Y se fue a los hechos y
entregó al Instituto Nacional Electoral (INE) un oficio mediante el que
renuncia a las prerrogativas para lo que resta del 2017, que equivalen a 258
millones de pesos, para destinarlos al apoyo para los afectados por los sismos
del 7 y el 19 de septiembre.
En este tenor, en
conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, el presidente nacional del
PRI, Enrique Ochoa Reza, y los coordinadores parlamentarios en San Lázaro y el
Senado, César Camacho Quiroz y Emilio Gamboa Patrón, llamaron al resto de los
partidos a ser congruentes y renunciar a ese mismo dinero, para que de
inmediato se utilice en apoyo a los damnificados de los sismos del 7 y 19 de
septiembre pasados.
Infortunadamente, la
respuesta de la oposición lindó en el regateo y el protagonismo. El coordinador
de la diputación federal del PAN, Marko Cortés, asumió: “Hoy estamos viviendo
un triunfo más del Frente de Ciudadano por México, porque finalmente el
PRI-gobierno acepta la necesidad de ir a una reforma de fondo”.
De cómo la harán para
pagar la nómina de sus trabajadores, porque no contarán con las prerrogativas
en los tres meses restantes de este año y, la forma en que solventarán las
campañas, entre ellas la presidencial en 2018, cada partido encontrará sus
mecanismos.
Lo importante es que los
dineros que hoy requieren millones de mexicanos en desgracia, se destinen a su
ayuda, a reconstruir a esas comunidades y colonias devastadas por la fuerza de
la naturaleza. ¿Oportunismo? ¿Hágase justicia en los bueyes de mi compadre?
Bueno, esas interrogantes y otros etcéteras sobran cuando el imperativo es
tender la mano, sin regateos, a los mexicanos en desgracia. Digo.
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