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| MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN |
A los árbitros en el futbol suelen cargárseles
las culpas de las derrotas y, por supuesto, de los triunfos poco claros. Fue un
partido pésimamente arbitrado, suele decirse cuando el aficionado sale del
estadio con mal sabor de boca, insatisfecho del encuentro.
Lo mismo ocurre con el árbitro de la contienda
electoral, es decir, el cuerpo colegiado que integra al Consejo General del
Instituto Nacional Electoral y que, excepcionalmente es reconocido por el
arbitraje de un proceso comicial.
Y, sí, las elecciones que son, finalmente,
encuentros entre pares que buscan el mismo objetivo, el poder, concluyen con
diferencias mayores a las que hubo en el proceso.
Por eso la existencia del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, formalmente nacido como lo que hoy es el
INE a partir de la década de los 90, por necesidad política de quien había
llegado a la Presidencia de la República entre la sospecha de que, el entonces
árbitro de la contienda, encabezado por Manuel Bartlett Díaz, hizo trampa y le
dio el triunfo.
En el transitar de más de dos décadas, ambas
instancias han sido reformadas, cuando en el presunto ánimo democrático del
Poder Legislativo ha hecho enmiendas a las leyes electorales, que en realidad
han respondido a urgencia del momento.
La consecuencia de esos galimatías
legislativos, aprobados por mayoría en el Congreso de la Unión, es decir, con
el acuerdo de los actores políticos, las ha vivido la democracia que no acaba
de encontrar su ruta de vida formal y formativa ciudadana, porque responde una
y otra vez a necesidades de grupo, a intereses que van más allá de la voluntad
popular.
Por supuesto, el árbitro de la contienda
electoral corre con las responsabilidades y culpas de lo ocurrido en un
proceso, cuya conclusión, como en los partidos de futbol, siempre dejará a una
de las partes molesta e insatisfecha, amén de decidida a acudir a los
tribunales en busca de justicia. ¡Ajá!
Un ejemplo de ello es el caso Coahuila. En la
sesión de ayer miércoles, salpicada de críticas poco agradables, el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral (INE) acató la sentencia del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y redujo los gastos de
campaña de Miguel Ángel Riquelme, el priista que fue reconocido ganador de la
elección de gobernador y que, después de todo un proceso de ires y venires del
INE al TEPJ, dimes y diretes, resulta que no rebasó los topes legales de gastos
de campaña.
El consejero electoral Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE,
criticó que la Sala Superior del TEPJF haya confirmado la sanción impuesta por
el INE a Morena por 773 mil 260 pesos, porque fue extemporánea su respuesta
cuando se le requirió presentar sus formatos de comprobantes de representantes
de casilla, pero revocó al PRI algo similar, la entrega extemporánea de los
comprobantes.
Murayama
argumentó: “Creo que un principio de la impartición de justicia es tener la
misma vara para todos los actores y aquí yo veo una diferente. La verdad legal
la ha definido el Tribunal, los hechos que observó el INE prácticamente ahí
están y permanecen”. Y tiene razón.
El riesgo de abrir
la puerta a prácticas irregulares e impunes, lo planteó el INE en esta sesión con
este caso, toda vez que la modificación de las sanciones en diversos rubros concluyen
que el entonces candidato a gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme
Solís, postulado por la Coalición Por un Coahuila Seguro, se ajustó al tope de
gastos de campaña, cuando la evidencia demostraba lo contrario.
Vaya, incluso el consejero
Benito Nacif estimó preocupante la resolución del Tribunal porque, adujo, implica
bajar los estándares de comprobación y generar un proceso de simulación de los
partidos políticos que, con este criterio podrán no justificar gastos en el
pago a representantes de casilla que antes sí se declaraban.
Incluso, la
consejera Pamela San Martín llamó mala noticia que el TEPJF haya avalado que el
PRI comprobara el no pago a representantes de casilla con documentos
extemporáneos.
Lorenzo Córdova
Vianello, consejero presidente del INE, fue optimista y puntualizó que, pese a
este panorama el Instituto tiene todos los elementos y criterios
para enfrentar el desafío de la fiscalización de 2018. ¿Será?
Estimo que los criterios y la exigencia de formalidades
que el Tribunal Electoral ha planteado, “no
van a hacer de la próxima, una fiscalización menos robusta, sino todo lo
contrario”. Es posible, mas el caso Coahuila, tiene muchas aristas que generan
suspicacias. Los riesgos del árbitro que, al final de la contienda, deberá
cargar con yerros propios y ajenos e incluso imposiciones. Conste.
@msanchezlimon