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viernes, 9 de febrero de 2018

SE BUSCA MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD REPRODUCTIVA, COMO UN DERECHO PARA SALVAR VIDAS

 Chilpancingo, Gro., 9 de Febrero de 2018.- Garantizar acciones de orientación, información y servicios de planificación familiar y anticoncepción en el primer y segundo niveles de atención, promover consultorios de alto riesgo reproductivo en los hospitales generales, así como evaluar y dar seguimiento a dicho programa, fue una de los compromisos establecidos al concluir una reunión en la que participaron jefes jurisdiccionales y directores generales de las unidades hospitalarias en el estado.

En dicho encuentro celebrado en esta ciudad, especialistas del sector salud abordaron temas como el marco jurídico e implicaciones legales para la prestación de servicios de planificación familiar, y la importancia de ésta y de la anticoncepción para reducir la muerte materna, además de entregarse reconocimientos a quienes colaboraron en las acciones realizadas en el marco del Día Mundial de la Vasectomía, celebrado en días pasados.

Esta  primera Reunión Estatal de Planificación Familiar y Anticoncepción “La planificación familiar, un derecho que salva vidas, hacia la mejora de los servicios”, fue inaugurada, en representación del secretario de Salud Carlos de la Peña Pintos, por el subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades, Armando Bibiano García.

Se contó con la participación de la directora general adjunta del Centro Nacional de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), María Juana Díaz Jiménez, quien clausuró el evento, así como de la directora de Planificación Familiar y Anticoncepción de dicha unidad federal, Yolanda Varela Chávez.

En el mensaje a nombre del titular de Salud, se resaltó la importancia de fortalecer la coordinación entre los programas de salud reproductiva que llevan a cabo las diferentes jurisdicciones sanitarias, y evitar así muertes maternas a través de la reducción de embarazos no deseados.

Se dio a conocer que objetivo general de la reunión es implementar e impulsar de forma conjunta y coordinada las acciones de salud sexual y reproductiva, tanto en las unidades de primero como segundo niveles de atención, y realizar una estrategia de extensión de cobertura que permita garantizar el derecho constitucional a las personas de decidir cuándo  y cuántos hijos tener.