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| MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN |
En mayo de 2006, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, el movimiento que nació en 2001 contra la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), trascendió de lo local al plano internacional por el enfrentamiento que devino en represión, a partir de un acto que pudo haber sido resuelto sin mayores problemas por autoridades locales.
Cierto es que Vicente Fox y su entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, conocido luego como El Pato Cerisola, junto con el equipo de inexpertos en operación política, procedieron al revés la negociación para comprar los terrenos en los que se pretendía construir la referida terminal aérea, que entró en puja con la propuesta fundamentada técnica y financieramente del gobierno del estado de Hidalgo, de erigir la obra en Tizayuca.
Ésa, la de Tizayuca, fue una propuesta que, incluso, hace cuatro años recordó Andrés Manuel López Obrador como viable, en respuesta al anuncio del presidente Enrique Peña Nieto, en septiembre de 2014, de que el Nuevo Aeropuerto Internacional de México se construiría en terrenos del ex vaso de Texcoco, próximo a la zona de los pueblos que en 2001 se movilizaron en contra de esa obra.
¿Por qué Andrés Manuel López Obrador no ha retomado esa opción de Tizayuca?
Porque, mire usted, esa opción fue promovida y defendida frente a la de Texcoco, por el entonces gobernador del estado de Hidalgo, Manuel Ángel Núñez Soto, quien casualmente fue designado director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, pero relevado un año después debido a severas diferencias con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.
En esos días del año 2001, la opción de Texcoco la promovió a todo vapor el entonces gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, y Vicente Fox como Cerisola, no ocultaban su simpatía por esa propuesta, tanto que el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes fue bautizado con el alias de El Pato Cerisola, porque tuvo la ocurrencia de informar, en conferencia de prensa, que prácticamente los patos que suelen migrar a esa región del oriente del Valle de México, estaban acordes con la que se avistaba nueva terminal aérea alterna a la de la capital del país, sobresaturada de suyo.
Bien. En octubre de 2001, Vicente Fox anunció que el NAICM se construiría en el cuadrante que abarcaba terrenos de cultivo de las poblaciones de San Salvador Atenco, Tocuila, Nexquipayac, Acuexcomac, San Felipe y Santa Cruz de Abajo, a quienes habían ofrecido montos de risa por sus terrenos, porque ése fue el principal factor: el dinero.
Por supuesto, los dueños de aquellos terrenos no se dejaron sorprender por los inexpertos operadores políticos que procedieron al revés en un tema delicado: anunciaron la obra antes de negociar con los dueños, en términos políticos y, sobre todo, económicos. Nunca hablaron de la prospectiva de una obra de esta magnitud ni de la consecuente derrama económica que implicaría la creación de empleos y negocios en paralelo de la terminal aérea.
En fin, el caso es que en esos días nació el Frente Democrático en Defensa de la Tierra –conocido popularmente como “los macheteros de Atenco”-- que se opuso radicalmente a la construcción de aquella terminal aérea que hoy tiene un avance superior a 20 por ciento, pero se ha convertido en el punto toral de una singular venganza política o ajuste de cuentas que tiene en el centro al Grupo Atlacomulco, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, y, en el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, a una pieza mayor que en días próximos comparecerá ante el pleno de la Cámara de Diputados, hoy bajo control de una mayoría legislativa, la de Morena, al servicio de Andrés Manuel López Obrador.
Y, por supuesto, en este esquema del ajuste de cuentas no se salva Arturo Montiel Rojas, a quien se culpa de la represión contra integrantes del Frente Democrático en Defensa de la Tierra, en julio de 2001, en el poblado de Santa Catarina, a la vera de la carretera Acolman-Pirámides.
Ese movimiento logró su objetivo y obligó a Vicente Fox a cancelar el proyecto del NAICM. Pero, el Frente estaba vivo, en abierta oposición contra el gobierno federal panista y el estatal priista, y en mayo de 2006, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, un conflicto sin mayor trascendencia, el desalojo de vendedores de flores, en San Salvador Atenco, devino en una zacapela en la que policías estatales y federales fueron vapuleados severamente, lo que provocó que la fuerza pública reprimiera a pobladores, integrantes y simpatizantes del Frente.
Peña Nieto, en campaña, en el acto celebrado en la Universidad Iberoamericana, declaró que había decidido emplear el uso de la fuerza para restablecer el orden y la plaza. “Fue una acción determinada personalmente y que asumo personalmente”, sostuvo el entonces candidato del PRI a la Presidencia de la República.
Así que, ¿usted cree que son cuestiones técnicas, ambientales y de presupuesto inflado las que han llevado a López Obrador a encabezar esa decisión de cerrar la construcción del NAIM en terrenos de Texcoco?
¿Por qué la insistencia, que linda en lo enfermizo, del propuesto secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, contra el proyecto que es considerado obra estrella de la administración de Enrique Peña Nieto?
¿Por qué hasta Josefa González Blanco, propuesta secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, secundó a Jiménez Espriú para amenazar a la apoderada legal de la empresa que explota una mina de extracción de basalto, tezontle y tepetate para uso de la obra del NAICM?
Son excesos, ánimos de venganza personal, que pretenden ocultar los nuevos dueños del poder público en México, con una dizque encuesta o consulta popular de mínima referencia, para echar abajo a la obra orgullo del sexenio de Peña Nieto.
No, no es necesario meter a chirona a un alto funcionario público para demostrar quién manda en México. No irán a prisión Rosario Robles Berlanga ni Gerardo Ruiz Esparza mucho menos el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, o cualquiera de estos funcionarios que amasaron fortunas en la administración que entrega las llaves de las oficinas el último día de noviembre entrante.
No, con golpear a este proyecto estrella, derrumbar el sueño de una obra que, aun cuando faraónica como se le ha calificado, es necesaria. ¿Santa Lucía? ¿Toluca? Por qué no Tizayuca.
En fin, por lo menos, la venganza política ha operado en sus niveles de amago y evidencia de la debilidad de un equipo carente de defensas, ni siquiera en condiciones de negar acusaciones de corrupción, porque es una obra que se puede defender, pero ¿dónde están los defensores a modo? Digo.
@msanchezlimon