Lo que ocurre en Chilapa
es producto de la indolencia y el abandono gubernamental, ya que durante varios
años algunos representantes populares permitieron que los criminales se
apoderaran de dicho municipio que conecta con la región de la Montaña.
De hecho, un ex mandatario
estatal generó polémica con una irresponsable declaración que hizo a los medios
de comunicación el 9 de agosto de 2005: “Ni quiero, ni puedo, ni tengo que
combatir el narcotráfico”.
En efecto, me refiero a Zeferino Torreblanca Galindo, el primer
gobernante de la alternancia en Guerrero.
Los alcaldes de aquella
época tampoco hicieron su tarea para prevenir delitos. Es más, la mayoría de
ellos han sido señalados de tener relación con la delincuencia organizada.
Antes del 2007, Chilapa
era una ciudad en donde se respiraba paz, progreso y bienestar. La gente tenía
vida social por las noches. Los restaurantes, salones de fiestas y bares
operaban sin ningún problema.
El transporte público trabajaba
normalmente. Y la actividad en el mercado municipal era de lo más tranquilo, ya
que los comerciantes no pagaban la famosa “cuota” a la maña. O, al menos, no lo
denunciaban como ahora.
Había una especie de arreglo
entre la autoridad y los criminales para no afectar la actividad económica.
El problema surgió cuando
el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa
(2006-2012) le declaró la guerra al narcotráfico, ocasionando que el Cártel de los Beltrán Leyva se
fragmentara con la muerte de Arturo Beltrán Leyva “El Jefe de Jefes” –su máximo
líder– y de su principal lugarteniente en Guerrero, Jesús Nava Romero “El
Rojo”, en Cuernavaca, Morelos, el 16 de diciembre de 2009.
A partir de entonces, los
habitantes de Chilapa viven con zozobra.
Las balaceras, los levantones, los homicidios, los
secuestros y las extorsiones se dispararon.
Ni
siquiera la clase política se ha salvado de la guerra que protagonizan los
criminales por el control de territorios para el trasiego y la venta de
enervantes. El 1 de mayo de 2015, por ejemplo, Ulises Fabián Quiroz, candidato del PRI-PVEM
a la Alcaldía, fue asesinado en la comunidad de Atzacoaloya.
El crimen fue atribuido al
grupo delictivo “Los Ardillos”, que durante cinco años mantuvo una feroz guerra
con “Los Rojos”.
Fabián Quiroz –de 34 años–
había encabezado un evento en Atzacoaloya junto con su equipo de campaña, y se dirigían
a Chilapa, pero en el trayecto un grupo armado interceptó la camioneta en que
viajaban –una Tacoma gris– y los obligó a descender y a sentarse en la cuneta
de la carretera.
“Luego, uno de los
sicarios se dirigió hasta donde se encontraba el candidato priista y le dijo
tú, vente para acá. Cuando Ulises le dio la espalda, el sujeto armado le
disparó directo a la cabeza. El aspirante a la alcaldía cayó al suelo y los
delincuentes lo remataron, según versiones de integrantes del equipo de
campaña”. (Proceso, 04-V-2015).
Semanas antes, el 11 de
marzo, la aspirante a la Alcaldía de Ahuacuotzingo por el PRD, Aidé Nava González, fue levantada cerca de Chilapa y
posteriormente su cadáver fue encontrado en un paraje de la comunidad de
Oxtotitlán, municipio de Ahuacuotzingo.
A Nava González la
decapitaron y junto a su cuerpo dejaron un narco mensaje firmado por “Los
Rojos”.
El 28 de junio de 2014, su
esposo (el ex alcalde Francisco Quiñones Ramírez) fue asesinado en una
emboscada en el punto conocido como Tierras Prietas, ubicado entre el crucero a
Teconoapa y un módulo de seguridad en Barranca Honda, del municipio de
Ahuacuotzingo.
El 20 de agosto de 2019,
elementos de la Policía del Estado detuvieron en un operativo en Chilapa a Zenén
Nava Sánchez (a) “El Chaparro”, uno de los líderes de Los Rojos en la entidad y señalado como uno de los generadores de
la violencia en Chilapa y sus alrededores.
Luego de su captura, Los Rojos se debilitaron, mientras que Los Ardillos se fortalecieron en
Chilapa.
Pero la violencia no
disminuyó en la zona. Por el contrario, Los
Ardillos han sostenido en los últimos meses enfrentamientos con integrantes
de la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) que tienen
presencia en algunas localidades del municipio de Chilapa.
Pero la gota que derramó
el vaso, fue el asesinato de 10 músicos en Mexcalzingo, ocurrido el pasado 17
de enero, motivo por el cual la CRAC-PF decidió adiestrar y armar a niños y
adolescentes en la localidad de Alcozacán.
Las imágenes de los
infantes armados dieron la vuelta al mundo.
Ante esa situación, el
gobernador Héctor Astudillo Flores se
ha esforzado en atender el problema y promover la paz entre los pueblos en
disputa.
El lunes 3 y ante cientos
de habitantes de Alcozacán –a quienes llevó diversos apoyos y programas
sociales–, dijo que no se le olvida el crimen de los 10 músicos, y que “se está
trabajando para encontrar y castigar a los responsables”.
“El gobernador ya no
quiere que se sigan dando enfrentamientos ni confrontaciones, los pueblos no
son enemigos, los enemigos son la pobreza y los que están fuera de la ley, esos
son los enemigos del pueblo, nosotros somos hermanos y hermanas, por eso mi
llamado es a todos y a todas por la paz y al respeto entre los pueblos”, indicó.
Desde luego que la
detención de los homicidas y generadores de la violencia corresponde a la Fiscalía
General del Estado (FGE).
¿Quiénes caerán? ¿Peces
gordos o charalitos?
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