El asalto al Congreso por parte de los estudiantes de Ayotzinapa, aún
sigue generando controversia.
ROBERTO SANTOS SALVADOR
Con el argumento de exigir el esclarecimiento de la desaparición de sus
43 compañeros secuestrados en Iguala, los normalistas, el viernes pasado
causaron destrozos en la sede de la cámara de diputados.
Las preguntas que surgen, es que ¿acaso se trató de una pantomima para
mandar un mensaje de un estado desestabilizado social y políticamente?
De ser así, ¿quién se beneficia políticamente con este hecho, en
momentos en que ya estamos en la antesala electoral?
Todos saben que el gobierno federal está realizando el esfuerzo para
esclarecer el caso y ha entregado algunos resultados.
Quizá estos sean mínimos, pero derrumbar la “verdad histórica” con una
nueva narrativa que se escribe a partir de encontrar los restos de otro
estudiante, representa la luz para ubicar a los demás.
En las fracciones del Congreso hubo respuestas, y todas coincidieron en
que no había necesidad de vandalizar el recinto cuando el Congreso los ha
escuchado y atendido sus peticiones.
En este sentido fue la postura del diputado Héctor Apreza, quien
calificó este hecho como lamentable y reprobable.
Señaló que el Congreso se ha sumado a la exigencia de justicia mediante
pronunciamientos, ha abierto la tribuna al movimiento y creó una Comisión
especial para dar seguimiento a las investigaciones del caso.
Para el diputado coordinador de la fracción del PRI en el Congreso, los
estudiantes han realizado acciones inadecuadas, porque en este momento Guerrero
enfrenta una pandemia sanitaria por el Covid-19 que está cobrando cientos de
vidas en Guerrero y miles de vidas en el país, con enormes repercusiones económicas
Además, puntualizó que el Congreso del Estado no es responsable de
conducir investigaciones, ni de la parte ministerial, y “sí somos una
legislatura abierta al diálogo”.
Apreza Patrón hizo un llamado a los actores políticos y sociales, a los
estudiantes de Ayotzinapa, a quienes están cerca de ellos y de las familias
agraviadas, a conducirse con diálogo y no por la vía de confrontación y la
polarización.
Destacó que hay disposición al diálogo por parte del Congreso, del poder
Ejecutivo local y del gobierno federal, porque en días recientes el presidente
Andrés Manuel López Obrador se reunión con el movimiento de los 43.
Esto le genera dudas, porque “llama la atención que a escasos días de
haberse reunido con la autoridad política de mayor jerarquía de este país, y
hayan recibido el compromiso de esclarecer estos acontecimientos, se den este
tipo de acciones”, expresó.
La postura de Bernardo Ortega, coordinador de los diputados del PRD, no
fue distinta a la de Apreza.
Él calificó como reprobable la actitud de los normalistas que demandan
justicia violando la ley.
“¿Cómo piden que se aplique la ley, si ellos la están violando?, se me
hace una irracionalidad de los jóvenes”, expresó.
También puso en duda la legitimidad de esta acción normalista, al señalar
que no descarta que detrás de ellos haya alguien que los dirige y que los
comanda, porque no es la primera vez.
Recordó que en la legislatura 60, les tocó –junto a Apreza– “acciones
más fuertes, y en ese tiempo era entendible, pero hoy a seis años, no es
posible que sigan escudándose para hacer estos vandálicos, reprobables,
injustos e irracionales”.
El perredista insistió en que los normalistas no pueden pedir que se
aplique la ley cuando ellos la violan a cada rato, como quieren y a la hora que
quieren, y que en Guerrero y en el país no hay quién les diga nada, porque los
defienden organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la
ONU, las organizaciones sociales, las no gubernamentales.
Insistió en que “le queda claro
que hay intereses perversos atrás de esto, intereses de otra naturaleza y no es
propiamente el saber quién es el responsable o los responsables de aquel 26 de
septiembre del 2014.”
No podemos –dijo– estar con estos actos vandálicos, fuera de la ley, y
que quieran ellos llamar la atención de forma internacional y que fuera de
nuestro país y fuera de Guerrero, se vea que ellos son las víctimas”.
Las dudas de este asalto al Congreso por parte de los estudiantes,
seguirá generando interrogantes e inconformidad en actores sociales, como el
obispo de la diócesis Chilpancingo–Chilapa, Salvador Rangel, quien pide no
tolerar las manifestaciones violentas y anarquistas de los alumnos de
Ayotzinapa.
Pide aplicar la ley, pues los estudiantes deben ser más respetuosos de
las instituciones, como el Congreso.
Valdría la pena agregar que ya es hora de que se pongan a estudiar y
abandonen esas acciones irracionales y violentas, pues debido a eso varios de
ellos han fallecido en distintas circunstancias, cuando deberían estar en las
aulas aprendiendo a ser buenos maestros.
Ya es tiempo de que las autoridades le quiten el poder a esa nomenclatura política que vuelve rehenes de sus intereses a estos jóvenes estudiantes