No hay mucho que buscarle para entender el paro laboral de los administrativos de Bachilleres.
El fondo del asunto es
mantener una ilegalidad, y para eso el Suspeg presiona arriba para poder
negociar las bases que de acuerdo a información oficial, Fermín Alvarado
entregó a un grupo de conocidos suyos, en los años de pandemia.
87 es el número de
trabajadores que resultaron beneficiados durante el tiempo que el exdiputado
priista estuvo al frente de este importante y vilipendiado espacio educativo.
Justamente por esas
prácticas ilegales de algunos priistas es que el tricolor se encuentra en la
lona al darles la espalda quienes en las urnas castigan o premian.
Seguramente eso a muchos no
les importa porque igualmente ahora son los nuevos ricos del estado.
Resulta que al llegar el
nuevo gobierno y el actual director del Colegio de Bachilleres, pronto empezó a
brotar como aguas termales la cloaca que ahí se mantenía encerrada y al dar a
conocer ese cochinero, la Junta Directiva que encabeza el secretario de Educación,
Marcial Rodríguez Saldaña, decidieron dar de baja a esas 87 bases irregulares,
porque violan el Contrato Colectivo, carecen de techo presupuestal, y fueron
entregadas sin justificación alguna.
La decisión de la Junta es
lo que se juega en esta medición de fuerzas que hace el Suspeg contra el
gobierno del estado, al que pretenden poner de rodillas al convocar este
movimiento de protesta y bloqueo de las calles que afecta a terceros, y hasta
donde acudió para dar su respaldo la mera mera
Secretaria General.
Resulta inexplicable que
tanto la líder de la sección XXXI que encabeza Guillermina Rodríguez, y Adela
Hernández encabecen un movimiento que no tiene fundamento alguno y carece de
toda lógica.
No es entendible que ambas
dirigentes se lancen sin paracaídas a un movimiento sin pliego petitorio
visible, pues según información disponible, los derechos de los trabajadores
han sido respetados puntualmente por el director General Jesús Villanueva Vega,
así que defender un acto irregular –para algunos observadores– puede tener un
trasfondo político partidista –de algunos priistas– y de chantaje laboral en
contra de la gobernadora.
Al parecer el enojo de las
dirigentes, la seccional y la general, es mayor porque esas plazas ya no podrán
ser cobradas, por lo que es probable que este movimiento se radicalice,
poniendo en contradicción al sindicato del Suspeg, porque ahora defenderá las
ilegalidades de los funcionarios pasados.
Quizá eso explique el rumor
de que la dirigente estatal llegó gracias al apoyo de ciertos grupos del PRI.
¿Será acaso que ya les están
cobrando el favor?