Marcos
Nucamendi – Amnistía Internacional Puebla
“¿Por qué ustedes cuando encarcelan dicen está
detenido y no preso? [Porque] A los detenidos los incomunican, los golpean, los
torturan, a veces hasta los dejan muertos de tanto que los torturan. Los
familiares los buscan y nadie dice nada de ellos”.
Lucio Cabañas, en Guerra en el Paraíso de
Carlos Montemayor (2009).
¡Ni vivo ni muerto aparece Rosendo Radilla Pacheco!
-gritaba un vendedor de periódicos a un costado de la casa de la familia
Radilla aquel año de 1974. De esta forma, la madre de Rosendo se enteraría de
la desaparición forzada de su hijo a manos del Ejército mexicano, cuando éste
regresaba de Atoyac de Álvarez en el estado de Guerrero. El motivo de su
detención: componer corridos alusivos a Lucio Cabañas, aquel maestro normalista
que en los sesentas y setentas, encabezara uno de los movimientos armados más
importantes de la historia contemporánea de México.
Así, el caso Rosendo Radilla se ha convertido en un
hecho paradigmático que ha logrado exponer una política sistemática del Estado
mexicano para detener y desaparecer no sólo a los combatientes de los
movimientos armados sino a cualquier simpatizante o base social -léase
población civil-, durante los años de la así llamada “Guerra Sucia”. Tal es el
caso de Rosendo, destacado líder comunitario quien fuera incluso presidente
municipal de Atoyac; al que nunca se le comprobaría militancia alguna en la
guerrilla y que sin embargo, por el sólo hecho de componer corridos, se le
desaparecería sin dejar rastro.
La desaparición forzada, como práctica sistemática,
es considerada un crimen de lesa humanidad. En tanto no se sabe la suerte que
han corrido las víctimas, el delito se sigue cometiendo. No es entonces
responsabilidad de administraciones pasadas, sino del Estado mexicano en su
conjunto. A casi 40 años de haberse cometido el agravio y a 11 de que la
familia llevase el caso a instancias internacionales –una vez agotadas las
nacionales-, el Estado mexicano ha evadido su responsabilidad en lo que refiere
al reconocimiento de los agravios cometidos contra la víctima, así como a la
reparación de los daños hacia sus deudos. Como este caso, hay 1.200 que han
sido plenamente identificados a nivel nacional; tan sólo en el estado de
Guerrero se cuentan al menos 639, y en el municipio de Atoyac, 473.
En noviembre de 2007, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) emitió una serie de recomendaciones al Estado mexicano
respecto al caso Rosendo Radilla. Dos años más tarde, ante la respuesta poco
efectiva y una vez trasladando el caso a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CoIDH), esta emitió una sentencia en la que condena al Estado mexicano
por graves violaciones a los derechos fundamentales, señalando al Ejército como
responsable de la desaparición de Radilla Pacheco. Entre una de las
obligaciones inmediatas del Estado mexicano, se encontraba la de juzgar a los
militares en cortes civiles, y la conducción de un acto público de
reconocimiento de responsabilidad de parte de las autoridades mexicanas.
De ahí que en el inicios de 2011, impulsado por la
sentencia de la CoIDH, así como de los otros casos de agravios cometidos por el
Ejército mexicano desde 2000 (como los de Inés y Valentina**), la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (CSJN) restringió el fuero militar en los casos
en que se violen los derechos humanos de la población civil, a la vez que
resolvía que las sentencias de la CoIDH son de carácter obligatorio e
irrestricto. Un gran avance, si no se considera la brecha gigantesca que se
guarda en comparación con otros países del continente en materia de Derechos
Humanos. No ha habido pues, un intento por comenzar un proceso de memoria
histórica, juicio y castigo a los responsables, y reparación a los deudos de
las más de 1.200 víctimas de la desaparición forzada en México durante la
“Guerra Sucia” y de las decenas de miles de víctimas que también han sido
desaparecidas forzosamente durante la así llamada “Guerra contra el
Narcotráfico”.
Antes de la muerte del entonces Secretario de
Gobernación, Francisco Blake Mora, éste había cancelado (como lo hizo en la
develación del memorial por las mujeres asesinada en Ciudad Juárez días antes)
su presencia en la ceremonia oficial programa para el lunes 14 de noviembre en
Atoyac de Álvarez, donde el Estado mexicano reconocería su responsabilidad por
la desaparición forzada de Rosendo Radilla. Ante tal comunicado, la familia de
la víctima adelantó que no se presentaría toda vez que las autoridades cuya
presencia había sido acordada, no estarían presentes.
Posponiendo la ceremonia tras el luto de la
administración, ésta se llevó a cabo sin la presencia de las autoridades
competentes y sin la presencia de la familia Radilla. Este hecho fue
descalificado tanto por los deudos como por las organizaciones de derechos
humanos que acompañan el caso. Por su parte, Amnistía Internacional (AI) dijo
que “El Estado mexicano ha dejado pasar una oportunidad importante para
reconocer su responsabilidad en el caso Radilla así como para aliviar el dolor
de las víctimas y para recuperar frente a ellas la confianza institucional
necesaria para rectificar el rumbo en esta larga travesía que la familia
Radilla Pacheco ha tenido que recorrer para encontrar justicia”.
Ahora, la familia pide a la CoIDH desconocer el
acto de desagravio realizado el 17 de noviembre pasado. Juan Carlos Gutiérrez
Contreras, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos (CMDPDH), también abogado de la familia, señaló que no se
puede dar por cumplido ese punto de la sentencia de la CoIDH ya que debe
realizarse en presencia de la familia del agraviado. Por su parte, Tita Radilla
dijo que en el nuevo acto de desagravio, debería estar presente Felipe
Calderón, así como el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván
Galván.
El Estado mexicano, de querer por lo menos asegurar
su legitimidad ante los foros internacionales y regionales, debe cumplir con
las sentencias de los organismos a los cuales se ha subordinado, como la CoIDH.
Celebrable que la SCJN haya restringido el fuero militar, resuelto el carácter
obligatorio de las sentencias de la CoIDH y ordenado recientemente a la
Procuraduría General de la República -que se negaba a hacerlo- permitir el
acceso y entregar copias de la averiguación previa sobre la desaparición
forzada de Radilla Pacheco a la CMDPDH y los deudos. Sin embargo, ni los deudos
ni las organizaciones de derechos humanos pueden tener certeza de la voluntad
del Estado, cuando en el caso específico de Rosendo Radilla, el caso
paradigmático de la “Guerra Sucia”, ni el reconocimiento de la responsabilidad
del Estado mexicano, ni la reparación, se han llevado a cabo en su totalidad.
¿Ya no hay que reabrir la herida? – se pregunta
Tita Radilla, una de las hijas de Rosendo. ¿Cuál reabrir? La herida está
abierta, jamás ha sido cerrada- se contesta. En efecto, no se trata de
“enemistar” aún más al país, sino de abrir un proceso de verdad y justicia que
ha sido demorado más tiempo del “necesario”. La ilusoria Fiscalía Especial para
Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), extinta al inicio de la
presente administración, y el incumplimiento de las sentencias de la CoIDH, no
hacen sino profundizar aún más, las heridas jamás cerradas de nuestro pasado.
*Para fines de difusión y sensibilización hacia las
víctimas y sus deudos, la CMDPDH les trae este documental sobre el Caso Rosendo
Radilla
**Este 9 de diciembre, Amnistía Internacional
Puebla, en el Salón B-203 de la Ibero Puebla, les invita a que asistan al Foro
sobre los casos de Inés y Valentina, en compañía de miembros de la Organización
del Pueblo Indígena Mepha’a (OPIM) y del Centro de Derechos Humanos de la
Montaña Tlachinollan.
