REFORMA
Ciudad de México (30 enero 2012).- El General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Manuel de Jesús Moreno Aviña cometió abusos de manera sistemática entre 2008 y 2009, cuando estuvo al frente de la guarnición militar de Ojinaga, Chihuahua, según sus propios subalternos.
En ese lapso, Moreno Aviña ordenó la ejecución de al menos siete civiles, de acuerdo con un expediente actualmente en manos de la Suprema Corte de Justicia.
De hecho, según declaraciones de oficiales y soldados, el mando militar lo mismo ordenaba ejecuciones que se quedaba ilegalmente con vehículos, recibía sobornos de narcotraficantes y hasta trabajaba con ex sicarios de La Línea como informantes.
También es señalado de permitir cateos sin orden judicial, sembrar armas a detenidos y decidir cuáles de éstos eran remitidos al Ministerio Público y a cuáles desaparecer.
Más de 50 declaraciones rendidas en la causa penal militar 1982/2009, del Juzgado de la Tercera Región Militar, en Mazatlán, detallan el modus operandi del General y sus asistentes cercanos: el teniente coronel José Julián Juárez y el mayor Alejandro Rodas Cobón.
En una carta enviada a REFORMA, la Sedena aseguró que 31 elementos implicados en los abusos de Ojinaga, incluido el General Moreno Aviña, siguen proceso en prisiones militares.
"La Sedena no tolera, de ninguna manera, no sólo actos contrarios a las leyes y reglamentos militares, sino especialmente las violaciones a los Derechos Humanos", se lee en el texto.
Siembran militares terror en Ojinaga
La llegada del General de Brigada Manuel de Jesús Moreno Aviña a la comandancia de la guarnición militar de la ciudad fronteriza en la primavera de 2008 implicó el inicio de un régimen en el que los uniformados actuaban como integrantes de bandas del crimen organizado.
Amarrado a un poste, con las manos esposadas, envuelto en una cobija corrugada blanca, empapado, José Heriberto Rojas Lemus, un joven de entre 20 y 25 años originario de Uruapan, Michoacán, murió la noche del 25 de julio de 2008, posiblemente de un paro cardiorrespiratorio, luego de ser torturado con descargas eléctricas en una palapa de las instalaciones militares de la Tercera Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE), en Ojinaga, Chihuahua.
Su cuerpo fue incinerado horas después con 60 litros de diesel por oficiales y soldados de la Tercera CINE en un rancho llamado "El Virulento", a unos 100 kilómetros de la carretera Ojinaga-Camargo, y sus cenizas esparcidas en un arroyo por los mismos oficiales y soldados.
La tortura y ejecución extrajudicial del Rojas Lemus es sólo un episodio más de una serie de crímenes, violaciones a los derechos humanos y abusos cometidos por elementos de la Tercera CINE, entre abril de 2008 y agosto de 2009, cuando estaban bajo las órdenes del General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Manuel de Jesús Moreno Aviña y del Teniente Coronel Diplomado de Estado Mayor José Julián Juárez Ramírez.
El General de Brigada Moreno Aviña estuvo presente en las instalaciones de la Tercera CINE en el momento en que se perpetró la tortura de Rojas Lemus y avaló la tortura de un número no determinado de civiles que eran detenidos arbitrariamente, de acuerdo con el testimonio de soldados y oficiales que declararon haber participado en hechos.
En su declaración ante el Ministerio Público Militar en la causa penal 1982/2009, registrada en la sentencia de amparo 151/2010 del Juzgado Décimo de Distrito de Mazatlán, Sinaloa, el Mayor de Infantería Alejandro Rodas Cobón, entonces segundo comandante de la Tercera CINE, asegura que el General de Brigada Moreno Aviña dio la orden de desparecer el cadáver del joven Rojas Lemus al Teniente de Infantería Jesús Omar Castillo.
La muerte del joven fue comprobada por el Capitán Primero Cirujano Dentista Luis Mario Victoria Ordaz y luego por el Capitán Primero Médico Cirujano Héctor Hernández Gutiérrez, quien escuchó su corazón, le tomó el pulso e intentó reanimarlo con masaje cardiaco.
Cuando informó al Mayor Rodas Cobón que había que trasladarlo a un hospital, éste, asegura el médico en su declaración, se negó y contestó: "Está bien doctor, ahí le hace un certificado y le pone que murió por sobredosis".
Testimonios de oficiales y soldados de la Tercera CINE asentados en la sentencia de amparo 151/2010 coinciden en señalar que la llegada en abril de 2008 del General de Brigada Moreno Aviña a la comandancia de la Guarnición militar de Ojinaga, y la del Teniente Coronel José Julián Juárez Ramírez a la jefatura de la Tercera CINE, fue el inicio de un régimen de terror, en el que se alentaron y cometieron detenciones y cateos ilegales, privaciones de la libertad, torturas, ejecuciones extrajudiciales, venta de droga, extorsiones, además de que regularmente se llevaban a cabo reuniones en las que se ingerían bebidas alcohólicas con presencia de prostitutas dentro de las mismas instalaciones militares.
Los uniformados implicados relatan también la tortura, ejecución e incineración de cadáveres de los civiles Esaú Samaniego Rey y Erick Valenzuela Campos.
Entre las víctimas de las ejecuciones ordenadas por el General Moreno Aviña y perpetradas por los sicarios identificados como "Sebos" y "Dany" estarían la secretaria de Ministerio Público federal en Ojinaga, Patricia Gardea González, asesinada el 23 de julio de 2009, además del policía ministerial José Escárcega Meléndez, que vendía droga para Marco Rentería, líder de La Línea, del Policía Municipal Jorge Luis Olivas Carrasco, y otros civiles.
Los testimonios de soldados y oficiales revelan también que los mandos militares traficaban con la droga, cocaína y mariguana, asegurada a integrantes del crimen organizado y robaban vehículos, objetos y dinero decomisado a los delincuentes.
Además, los uniformados no reportaban al Ministerio Público armas, vehículos y dinero asegurado durante operativos contra el narcotráfico, el cual se lo repartían entre el propio General Moreno Aviña, el Teniente Coronel Juárez Ramírez, el Mayor Alejandro Rodas Cobón, segundo comandante, y el Teniente de Infantería Arturo Huesca Isasi.
Así lo confiesan el propio Teniente Coronel Juárez Ramírez, el Mayor Rodas Cobón y el Teniente Huesca Isasi en sus declaraciones asentadas en la causa penal 1982/2009 y registradas en la sentencia de amparo 151/2010 de Juzgado Décimo de Distrito de Mazatlán, Sinaloa, promovido por 10 efectivos involucrados en los hechos, acusados del homicidio de tres civiles.
El expediente se encuentra actualmente en manos de la Suprema Corte de Justicia, que lo revisará para definir si el caso se resuelve en el fuero civil o castrense.
Oficiales implicados en los hechos delincuenciales y elementos de tropa adscritos a la Tercera CINE señalan que el General de Brigada Moreno Aviña ordenaba directamente el robo de los objetos asegurados llevados a cabo en cateos ilegales en Ojinaga, Chihuahua, en el marco de las labores de combate a la delincuencia organizada.
El Sargento Segundo Hojalatero Automotriz Andrés Becerra Vargas afirma en su declaración ministerial del 20 de agosto de 2009 que cobró en al menos cuatro ocasiones cuotas de 30 mil pesos a un narcotraficante apodado "El Chiquilín" para permitirle vender cocaína en la localidad fronteriza, por órdenes del Teniente Coronel Juárez Ramírez.
El Sargento Segundo Becerra asegura que el Teniente Coronel le ordenó trasladar costales de marihuana a un rancho propiedad de René Humberto Anaya, "El Chiquilín", a cambio de 19 mil dólares, y que él mismo entregó en las manos mil dólares al comandante como parte del pago por el estupefaciente.
También, señala en su declaración, el Teniente Coronel Juárez Ramírez vendió al presunto criminal 16 onzas de cocaína asegurada por el Ejército a un narcotraficante identificado como Sergio Aranda, "La Chiva Aranda", apenas cuatro días antes de que la Policía Militar interviniera en la Tercera CINE el 18 de agosto de 2009, a raíz de una denuncia anónima.
"Llegó 'El Chiquilín' en el vehículo tipo Tsuru y me preguntó: 'traes mi encargo, que mandó el patrón' y se lo entregué, entonces lo abrió y en la tapa de la cajuela del vehículo Tsuru, abrió el portafolio y empezó a contar dieciséis paquetes de cocaína confeccionados en plástico transparente diciéndome: 'efectivamente son las dieciséis onzas que me había comentado tu patrón', a lo que no le contesté nada y el civil me entregó dos rollos de dólares diciéndome: 'le entregas estos cuatro mil dólares a tu patrón, luego me comunico con él para darle el resto del dinero de esta venta de cocaína", declara el Sargento Segundo Becerra Vargas.
Los negocios con "El Chiquilín", tanto de venta de droga asegurada como para permitirle traficar en Ojinaga eran avalados por el General de Brigada Moreno Aviña, afirma en su declaración Becerra Vargas.
Decide Corte sobre militares
La Suprema Corte de Justicia ha recibido al menos nueve solicitudes de tribunales para definir en qué fuero deben ser juzgados militares por delitos contra civiles.
Uno de estos casos es el del General Manuel de Jesús Moreno Aviña, ex comandante de la guarnición militar de Ojinaga.
En relación con este caso, llegó a la Corte el proceso contra 10 soldados acusados de asesinar a tres civiles.
A raíz del criterio adoptado en el caso Radilla, víctima de desaparición forzada en 1974, es previsible que se ordene enviar el juicio al fuero civil.
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