Han pasado varios días de
que se celebraron las elecciones en México y al mismo tiempo que los mexicanos
conocimos en voz de la autoridad electoral quien de los cuatro aspirantes a la
presidencia de la República llevaba la delantera. Este solo hecho hubiese sido suficiente para que los demás contrincantes
aceptaran la ventaja. Esto, como debemos suponer, no sucedió así ya que uno de
los tres rezagados no asumió su derrota,
por el prurito de que hacerlo significaba la pérdida de su liderazgo nacional e
iba a dejar a sus seguidores, simpatizantes y gente radicalizada ‘’colgados de
la brocha’’, como popularmente se dice de quien actúa diferente.
Todos tenemos conocimiento
de que existe un conflicto poselectoral que está desarrollándose en el país
producto de la impugnación que hizo uno de los competidores sobre el número de
votos emitidos y que no le favorecieron para alzarse con el triunfo.
El proceso de revisión de las
boletas en los 300 distritos electorales federales del país no será suficiente
para que culmine en esta semana el conflicto. Es quizá una película similar a
la del 2006 pero modificada en algunas partes sustanciales, pues si
anteriormente se inició el conflicto en la plaza pública, ahora se está
haciendo dentro de los márgenes legales y las acciones se han encaminado por
los cauces institucionales.
Las alharacas callejeras se
han circunscrito a una serie de gritos e improperios de parte de jóvenes que se
identificaron con el nuevo movimiento YoSoy132
pero que no constituyen de ninguna manera un atentado a la paz pública, aunque
si han causado molestias no solo a quienes participan como autoridades
electorales sino a los ciudadanos común y corriente que tienen la penosa
necesidad de transitar por donde estos jóvenes deambulan.
Los mexicanos que vivimos la
experiencia en el año 2006 pueden recordar que las impugnaciones de ahora no se
pueden considerar fuera de una lógica elemental que es lo que haría cualquier
persona inconforme y que es la de solicitar la revisión de los documentos
emitidos y esperar que las pruebas que se entreguen a la máxima autoridad sean
aceptadas como válidas.
Para que esto suceda tendremos que esperar a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) sesione y dictamine. Será hasta entonces cuando sea el
principio del fin o el fin del principio.
Lo que si podemos augurar desde
ahora es que sea cual sea la actitud que asuma el perdedor, no habrá marcha
atrás y el ganador de la justa será ungido formal y legamente como Presidente electo
y posteriormente, el primero de Diciembre, tomará posesión del cargo en
situación muy diferente a lo acontecido hace seis años.
La verdad es que los
ciudadanos en este país y quienes sufragaron (cerca de 50 millones) dejaron
asentada su posición de a quien querían como presidente de la República. ¿Masoquismo
colectivo?
Lo cierto es que la mayoría se
decidió por un candidato y quien es el que enarbola la bandera de un partido
cuestionado por su desempeño en la administración pública nacional durante más
de setenta años y que dejó el poder doce años cuando la mayoría de los
electores prefirió votar por otra marca partidista.
Solo un estudio sociológico
podría darnos una pista del porqué los mexicanos prefirieron en este 2012
devolverle el poder a quien representa un pasado infame. Aún así, debemos aceptar que dentro de una competencia
democrática y con una legislación electoral mucho mas severa y restrictiva que
hace 6 años el resultado de la votación tiene que ser aceptado pues de otra
forma no entenderíamos cómo podríamos celebrar elecciones democráticas.
Existe mucho nerviosismo
entre la sociedad sobre lo que puede pasar si el quejoso no queda conforme con
el dictamen final de la máxima autoridad electoral. Unos dicen que México
podría enfrentar una situación de inestabilidad política y otros que podríamos
llegar a la ingobernabilidad, mientras que los más radicales construyen
escenarios mucho más pesimistas respecto a que con el regreso del partido del
autoritarismo podrían levantar en armas los grupos guerrilleros que todavía
actúan en varias entidades del país, pero que poca presencia han tenido
últimamente lo cual se puede medir por las acciones efectuadas.
Si consideramos que México
es un país con serios contrastes sociales donde la marginación y la pobreza se
ve y se siente, también debemos aceptar que aún y con todo eso se ha logrado
mejoras en relación a la defensa y protección de los derechos humanos y mayores
libertades individuales y de grupos que hace unas tres décadas era imposible
pensar en obtenerlas. Los cambios que se han logrado no han sido gratuitos y
algunos han tenido altos costos que se han pagado incluso con vidas humanas, lo
cual sigue siendo muy lamentable.
Pero insistimos: si los
mexicanos nos hemos dado una forma mucho mas detallada y sofisticada para
elegir a nuestros representantes populares en comparación con otros países
latinoamericanos—incluso aceptado por los observadores internacionales y los
representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA)—hoy no podemos
menos que presionar a los competidores para que acepten como reales demócratas
los resultado, así como aceptaron competir con las mismas reglas del juego.
Realmente que nos parece
patético que todavía estemos perdiendo el tiempo en estos eventos pos
electorales que en otras latitudes están superados.
Sin embargo, debemos aceptar
nuestra realidad y sobre todo nuestra legislación que convierte en tortuoso el
camino para que los candidatos perdedores acepten su estatus y que los ciudadanos
que votaron en un sentido u otro tengan en su código de ética que en una
competencia, como en cualquier otra, se gana o se pierde.
Periodista/Analista
político*
Han pasado varios días de
que se celebraron las elecciones en México y al mismo tiempo que los mexicanos
conocimos en voz de la autoridad electoral quien de los cuatro aspirantes a la
presidencia de la República llevaba la delantera. Este solo hecho hubiese sido suficiente para que los demás contrincantes
aceptaran la ventaja. Esto, como debemos suponer, no sucedió así ya que uno de
los tres rezagados no asumió su derrota,
por el prurito de que hacerlo significaba la pérdida de su liderazgo nacional e
iba a dejar a sus seguidores, simpatizantes y gente radicalizada ‘’colgados de
la brocha’’, como popularmente se dice de quien actúa diferente.
Todos tenemos conocimiento
de que existe un conflicto poselectoral que está desarrollándose en el país
producto de la impugnación que hizo uno de los competidores sobre el número de
votos emitidos y que no le favorecieron para alzarse con el triunfo.
El proceso de revisión de las
boletas en los 300 distritos electorales federales del país no será suficiente
para que culmine en esta semana el conflicto. Es quizá una película similar a
la del 2006 pero modificada en algunas partes sustanciales, pues si
anteriormente se inició el conflicto en la plaza pública, ahora se está
haciendo dentro de los márgenes legales y las acciones se han encaminado por
los cauces institucionales.
Las alharacas callejeras se
han circunscrito a una serie de gritos e improperios de parte de jóvenes que se
identificaron con el nuevo movimiento YoSoy132
pero que no constituyen de ninguna manera un atentado a la paz pública, aunque
si han causado molestias no solo a quienes participan como autoridades
electorales sino a los ciudadanos común y corriente que tienen la penosa
necesidad de transitar por donde estos jóvenes deambulan.
Los mexicanos que vivimos la
experiencia en el año 2006 pueden recordar que las impugnaciones de ahora no se
pueden considerar fuera de una lógica elemental que es lo que haría cualquier
persona inconforme y que es la de solicitar la revisión de los documentos
emitidos y esperar que las pruebas que se entreguen a la máxima autoridad sean
aceptadas como válidas.
Para que esto suceda tendremos que esperar a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) sesione y dictamine. Será hasta entonces cuando sea el
principio del fin o el fin del principio.
Lo que si podemos augurar desde
ahora es que sea cual sea la actitud que asuma el perdedor, no habrá marcha
atrás y el ganador de la justa será ungido formal y legamente como Presidente electo
y posteriormente, el primero de Diciembre, tomará posesión del cargo en
situación muy diferente a lo acontecido hace seis años.
La verdad es que los
ciudadanos en este país y quienes sufragaron (cerca de 50 millones) dejaron
asentada su posición de a quien querían como presidente de la República. ¿Masoquismo
colectivo?
Lo cierto es que la mayoría se
decidió por un candidato y quien es el que enarbola la bandera de un partido
cuestionado por su desempeño en la administración pública nacional durante más
de setenta años y que dejó el poder doce años cuando la mayoría de los
electores prefirió votar por otra marca partidista.
Solo un estudio sociológico
podría darnos una pista del porqué los mexicanos prefirieron en este 2012
devolverle el poder a quien representa un pasado infame. Aún así, debemos aceptar que dentro de una competencia
democrática y con una legislación electoral mucho mas severa y restrictiva que
hace 6 años el resultado de la votación tiene que ser aceptado pues de otra
forma no entenderíamos cómo podríamos celebrar elecciones democráticas.
Existe mucho nerviosismo
entre la sociedad sobre lo que puede pasar si el quejoso no queda conforme con
el dictamen final de la máxima autoridad electoral. Unos dicen que México
podría enfrentar una situación de inestabilidad política y otros que podríamos
llegar a la ingobernabilidad, mientras que los más radicales construyen
escenarios mucho más pesimistas respecto a que con el regreso del partido del
autoritarismo podrían levantar en armas los grupos guerrilleros que todavía
actúan en varias entidades del país, pero que poca presencia han tenido
últimamente lo cual se puede medir por las acciones efectuadas.
Si consideramos que México
es un país con serios contrastes sociales donde la marginación y la pobreza se
ve y se siente, también debemos aceptar que aún y con todo eso se ha logrado
mejoras en relación a la defensa y protección de los derechos humanos y mayores
libertades individuales y de grupos que hace unas tres décadas era imposible
pensar en obtenerlas. Los cambios que se han logrado no han sido gratuitos y
algunos han tenido altos costos que se han pagado incluso con vidas humanas, lo
cual sigue siendo muy lamentable.
Pero insistimos: si los
mexicanos nos hemos dado una forma mucho mas detallada y sofisticada para
elegir a nuestros representantes populares en comparación con otros países
latinoamericanos—incluso aceptado por los observadores internacionales y los
representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA)—hoy no podemos
menos que presionar a los competidores para que acepten como reales demócratas
los resultado, así como aceptaron competir con las mismas reglas del juego.
Realmente que nos parece
patético que todavía estemos perdiendo el tiempo en estos eventos pos
electorales que en otras latitudes están superados.
Sin embargo, debemos aceptar
nuestra realidad y sobre todo nuestra legislación que convierte en tortuoso el
camino para que los candidatos perdedores acepten su estatus y que los ciudadanos
que votaron en un sentido u otro tengan en su código de ética que en una
competencia, como en cualquier otra, se gana o se pierde.
Periodista/Analista
político*
