La controversia sobre la
validez de la elección presidencial que ha puesto sobre la mesa de debates el
Movimiento Progresista que encabeza Andrés Manuel López Obrador dará inicio (este
jueves) una vez que los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) tengan en su poder la documentación que le entreguen
para corroborar si es válido o no declarar como nula la votación emitida por
los mexicanos el pasado primero de julio para designar al que funja como
presidente de la República a partir del primero de Diciembre del año en curso
hasta el día 30 de Noviembre del 2018.
Todo lo que hemos escuchado
y leído a través de los medios masivos de comunicación sobre la inconformidad
que se tiene por parte de los representantes de los partidos: de la Revolución
Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y del Movimiento Ciudadano (MC), de que los
comicios estuvieron plagados de irregularidades graves y no graves, es en
cierta forma apuntalada por el Partido de Acción Nacional (PAN), quien también
ha exigido que las autoridades competentes realicen su trabajo de investigación
y sanción y actúen en consecuencia y a fondo.
Los procedimientos que
aplican en esta controversia electoral han sido escrupulosamente atendidos y
por lo tanto ahora, como se dice coloquialmente, la pelota está en la cancha
del tribunal electoral federal, quien debe analizar con toda transparencia e imparcialidad
y dentro de lo que marca la ley, las pruebas que se le entreguen y en base a
ello decidir en consecuencia.
Hoy los mexicanos estamos,
si no polarizados por el evento que tenemos en marcha, sí incómodos por el
hecho de que en este proceso electoral democrático los participantes no han
asumido una leal responsabilidad para atenerse a la decisión popular
mayoritaria expresada en las urnas.
No se debe desconocer que
todos los partidos políticos, unos más y otros menos, pero todo al igual, han
incurrido en prácticas ilegales para allegarse votantes y han tenido como
cómplices no solo a los detentadores del poder económico o de medios de
comunicación sino también han obtenido amplias participaciones de los que
detentan el poder público en todos los niveles de gobierno.
Por ello y desde un punto de
vista ético, no se puede aceptar que se acuse con parcialidad a un solo partido
político como el que ha logrado corromper la honestidad de millones de
mexicanos para verse favorecidos. Se habla de que solo el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) logró la compra de conciencias de poco más
de 5 millones de sufragantes, número suficiente para hacerse del triunfo.
La compra de votos en este
país ha sido una constante desde hace muchas décadas. Unas veces con mayor
descaro y cinismo y otras con mayor sofisticación hasta llegar a estos tiempos
en que se ha cambiado el dinero constante y sonante por la transacción con dinero
electrónico o entrega de tarjetas para la compra de comestibles. En esta nueva
forma de comprar votos están involucradas dos empresas financieras y
comerciales de todos conocidas. Sin embargo, se ha puntualizado por parte de
los impugnadores y denunciantes de estos hechos, que las empresas no son las
directamente culpables de la compra de votos sino que quienes son indiciados
son los miembros del partido tricolor quienes postularon como candidato
presidencial a Enrique Peña Nieto.
No sabemos--por ello tenemos
que espera—si las pruebas que presenten los impugnadores de la elección
presidencial de este 2012 son reales o suficientes para demostrar un fraude
electoral colosal o si serán desechadas por inconsistencia alguna.
Lo que no se debería pasar
por alto es que esta práctica de denunciar fraudes monumentales sin
comprobación alguna no tengan consecuencias jurídicas y legales, pues de
continuar así los mexicanos nunca podremos
construir una cultura democrática real ya que los personajes principales estarán
alejados de la verdadera vocación pluralista de quienes votan en forma masiva y
millonaria en cada justa electoral con estas características.
La voluntad popular
expresada en las urnas es la única válida para otorgarse el triunfo o la
derrota. No hay más. Ninguno de los que sufragaron el pasado primero de Julio
lo hizo acompañado de nadie. Solo él y su conciencia estuvieron frente a la
boleta electoral y solo él y su conciencia decidieron cruzar su voto a favor de
persona o logotipo estampada en las boletas. Ahí, en la urna, el ciudadano con
derecho a sufragar lo hizo sin ninguna presión y frente a nadie más que a él
mismo.
Esa es o ha sido la postura
que han asumido los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación y mientras no se demuestre lo contrario, las elecciones—y no solo la
presidencial—tienen su sustento de validez y serán otras instancias (en este
caso el Instituto Federal Electoral) las que realicen la fiscalización en
cuanto a los gastos de campaña e imponer las sanciones económicas a que den
lugar. No olvidemos que caso similar ocurrió durante la elección del presidente
Vicente Fox, a quien se le comprobó que a través de los llamados Amigos de Fox se triangularon recursos
que se utilizaron indebidamente en la campaña y se le aplicó un castigo
ejemplar que ascendió a mil millones de pesos. Caso similar ocurrió con el
PRI.
Si recordamos que esta
praxis ilegal se llevó a cabo en el año 2000, no entendemos los ciudadanos de a
pié los porqués durante las subsiguientes reformas políticas y de Estado no se
hicieron los ajustes necesarios para que no se permitiera de nuevo esta
practica ilegal. Ni en la reforma política del año 2007-2008 los partidos políticos—todos—no
tocaron el tema y no sabemos si fue por conveniencia o por temor, pero el hecho
es de que la compra de votos, la coacción y el uso de los recursos públicos a
favor de un candidato no son causales para la invalidez de los comicios.
¡Patético!
Y ahora resulta que los
mismos participantes que son los mismos partidos políticos que reformaron y
aprobaron la ley electoral en el 2007 se están inconformando y rasgando las
vestiduras porque se ha replicado una vez mas las prácticas ilegales que en el
pasado dejaron un mal sabor de boca para todos. Sin embargo, no hicieron nada al
respecto y ahora se quejan de esos hoyos
negros que existen en nuestro entramado legal electoral.
Lo malo en esta controversia
es que sale una vez mas a flote las prácticas ilegales en todos los partidos de
la compra de votos. Lo bueno es que después de esta experiencia replicada se
tendrá que modificar la ley y llegar al extremo de colocar como una causal de
nulidad de la elección la compra de votos pero plenamente comprobado y
corroborado para no repetir el evento de impugnación que estamos presenciando y
que da al traste con el ejemplar ejercicio democrático de los más de 50
millones de mexicanos que sufragaron libremente y fuera de cualquier escenario
de conflicto callejero, armado, de violencia o de estado de sitio.
Existe por ahí una especie
de reflexión popular de origen bíblico que dice: NO MIRES LA PAJA EN EL OJO AJENO,
SI NO LA VIGA EN EL TUYO PROPIO.
Esta reflexión la podemos traslapar a lo que ahora sucede con la compra
de votos por parte de los partidos políticos y lo que ha dado como resultado un
conflicto poselectoral de parte de un partido que también ha incurrido en estas
prácticas irregulares e ilegales.
Esperemos que el tribunal federal decida y que los mexicanos seamos
demócratas para no pretender que a través de la presión o la violencia se
cambie el sentido del voto popular expresado en las urnas el pasado primero de
Julio.
Periodista/Analista Político*
