¿Quiénes
son los estrategas políticos del gobierno federal? ¿Quién planeó el elbazo en
burda imitación al quiñazo que terminó en amnistía concluido el sexenio
salinista?
Decía
en la pasada entrega de entresemana, respecto de lo que ocurre en el Partido
Nueva Alianza, a cuya secretaría General adelantó su renuncia la senadora
Mónica Arriola Gordillo, en previsión del linchamiento que se había preparado
en su contra para ejecutarse en Atlixco, Puebla, que este instituto político se
encamina, en consonancia con su denominación, a una nueva alianza con el
gobierno federal, de la mano del PRI.
Aunque
no debe soslayarse que en esta nueva alianza, el partido fundado por la maestra
Elba Esther Gordillo Morales se encauza rumbo a la elemental purga de todo lo
que se vincule con la ex poderosa lideresa nacional del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación. Vale la pena, en este tenor, el lugar común en
que se ha tornado eso de la forma es fondo.
También
vale reiterar que en política no hay coincidencias. Por eso la pregunta
respecto de la identidad de los estrategas políticos del gobierno federal,
vaya, pues, del presidente Enrique Peña Nieto, porque se han vuelto
excesivamente predecibles, es decir, anuncian cada movimiento antes de
ejecutarlo. De tanto hasta parecen novatos.
Por
eso, como igual cité en este espacio en semanas no lejanas, que el caso de la
maestra Gordillo tiene todos los elementos para ser considero como pelea
arreglada. Tongo le dicen en el ámbito del boxeo, sinónimo de trampa o engaño,
aunque en este caso lo que se pone en juego no es dinero, que de sobra hay,
sino el poder de verdad, de grupos políticos de presión que no se andan por las
ramas ni son damas de la caridad.
Mire
usted. Cuando Joaquín La Quina Hernández Galicia fue detenido, mediante un
operativo policiaco con niveles de barriada y burda fabricación, tanto que
hasta un muerto en proceso de descongelación fue plantado frente a la casa del
líder petrolero, en Ciudad Madero, Tamaulipas, junto con cajas de armas de
grueso calibre y de uso exclusivo del Ejército, se atisbó que el caso se iría
enfriando de tal forma que La Quina saldría libre en mucho menos tiempo del que
sentenciara el juez de la causa.
Y,
en efecto, La Quina, detenido en la mañana del 10 de enero de 1989, fue
liberado a las seis y media de la tarde del 16 de diciembre de 1997, cuando la
venganza de Ernesto Zedillo contra su antecesor, Carlos Salinas de Gortari, se
había consumado con la aprehensión y encarcelamiento de Raúl Salinas.
Sentenciado
a 35 años de prisión, La Quina apeló y le redujeron el confinamiento a 13 años,
pero finalmente estuvo encarcelado ocho años. Se adujo edad y salud
quebrantada. Luego, sin el poder, el gran poder que prácticamente lo hacía
dueño de Tamaulipas, retornó a su casa a rumiar los tiempos idos, a hablar
contra el gobierno que ya no le teme.
Ese
libreto de la película de los justicieros se repite en el caso de la maestra
Elba Esther Gordillo. Detenida el pasado 26 de febrero de este año junto con
gente de su absoluta confianza, merced a un operativo ejecutado sin
filtraciones por el actual procurador federal del Consumidor, Alfredo Castillo
Cervantes, entonces subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y
Amparo en la Procuraduría General de la República (PGR).
Cuando
la maestra pisaba la prisión, el procurador general de la República, Jesús
Murillo Karam, aludió a elementos que pesaron en la solicitud de la orden de
aprehensión, como los pagos a una tarjeta de crédito American Express con la
que se cubrieron gastos por alrededor de 4 millones de pesos en la famosa y
exclusiva tienda gringa Neiman Marcus.
Bueno,
como usted sabe, bajo la consideración de que la PGR integró deficientemente la
averiguación previa contra Gordillo Morales, por el cargo de lavado de dinero, el
Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo del Primer Circuito, resolvió “el juicio de amparo indirecto
354/2013-3 y sus acumulados 367/2013-5 y 368/2013-1, promovidos por José Manuel
Díaz Flores, Elba Esther Gordillo
Morales e Isaías Gallardo Chávez”, otorgándoles la protección constitucional,
es decir, el amparo.
Es
cierto, ello no implica libertad pero aporta elementos para determinar que el
asunto fue armado, vaya, que fue tongo, la pelea arreglada. Por supuesto, la
PGR impugnará la resolución del juez de amparo, a quien acusa de utilizar
argumentos endebles. ¿No lo fueron los expuestos por el MP en el pliego de
consignación para solicitar las órdenes de aprehensión?
Le
quitan el poder sindical, desmantelan la estructura de su poder en el Partido
Nueva Alianza y en la bancada en la Cámara de Diputados. Amagaron con una
sentencia de 35 años de prisión, pero finalmente se perfila una especie de
amnistía, como la que procedió con La Quina por cuestiones de edad y de salud.
¿Razones humanitarias? Los justicieros. Digo.
